La filial de Argos en Estados Unidos, Argos USA LLC, ha tenido que firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se compromete a pagar USD 20 millones por realizar de forma irregular junto con otras compañías de concreto una conspiración para suprimir y eliminar la competencia fijando precios, dividiendo el mercado en la costa de Georgia y coordinando la emisión de cartas de aumento de tarifas y el cobro de recargos por combustible.
“La fijación de precios, la asignación de mercado y la manipulación de licitaciones no solo son poco éticas, sino ilegales”, dijo el Fiscal General de la División Antimonopolio de Justicia Auxiliar Makan Delrahim, en un comunicado. La conspiración acusada comenzó en 2010 y continuó hasta aproximadamente julio de 2016.
Bajo el acuerdo DPA (Deferred Prosecution Agreement), Argos también se comprometió a mantener un programa de ética y cumplimiento diseñado para prevenir y detectar violaciones antimonopolio y que cumpla con ciertos elementos especificados en la DPA, y realizar revisiones periódicas y presentar informes anuales a la división con respecto a la remediación e implementación de su programa de cumplimiento.
Los responsables de la infracción según la empresa son dos exempleados en la sede de Pooler, en el estado de Georgia, James Clayton Pedrick y Gregory Hall, que se unieron a la compañía cuando adquirió los activos de un proveedor de concreto premezclado en el Distrito Sur de Georgia y permanecieron hasta julio de 2016. Gregory Melton fue el gerente de división de ventas de concreto premezclado para la oficina de ventas local de Argos en Pooler y Pedrick era un vendedor de cemento y vendía cemento a proveedores de concreto premezclado.
Argos USA LLC que está acusada de violar la Ley Sherman para limitar los monopolios que existe desde 1890, indicó que “no participó ni aprobó la conducta, que se llevó a cabo en contravención de las políticas de la empresa”. Aunque reconoció que según la ley federal de Estados Unidos es responsable de los actos de sus funcionarios, directores y empleados, aclaró que “Nada en este acuerdo debe interpretarse en el sentido de que las entidades matrices fueron partícipes de la conducta imputada”.
Las inversiones del Grupo Argos trascienden el negocio del cemento y concreto, posee el 58.1 % de Cementos Argos, el 52.9 % de Celsia, el 99.9 % de Odinsa, el 27.7 % del Grupo Suramericana y el 9.8 % del Grupo Nutresa. Argos con más de 80 años en el mercado, bajo la dirección de Juan Esteban Calle, es la cementera y concretera número uno en Colombia, la segunda compañía de concreto y la cuarta de cemento en Estados Unidos, país de donde obtiene el 58 % de sus ingresos (Colombia, representa el 25 % de sus ingresos, el otro 19 % proviene del mercado Centroamericano y del Caribe).
No es la primera vez, que Cementos Argos tiene que lidiar con cargos por violación de leyes de competencia. En Colombia, fue multada por la Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 51694 del 4 de diciembre de 2008, por haber integrado junto con Holcim y Cemex, un cartel empresarial en la modalidad paralelismo consciente para fijar artificialmente los precios del cemento entre junio y diciembre de 2005 y repartirse el mercado de cemento en Colombia.
La sanción de $ 923 millones (unos USD 315.000) y otros $ 138 millones (unos USD 47.000) al represente legal de la compañía en ese momento, José Alberto Vélez Cadavid, fue confirmada en agosto 9 de 2018, por el Consejo de Estado. Encontró acreditada la conducta anticompetitiva al evidenciar el intercambio de información (correos electrónicos y otros documentos) y reuniones que llevaban a cabo tanto los representantes legales como los responsables del área comercial para acordar los precios, lo cual propició la colusión o cartelización entre las tres cementeras.
Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio confirmó sanción en abril de 2018
Adicionalmente, el 6 de abril de 2018, el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, confirmó a través de la resolución 23157, una multa interpuesta en diciembre de 2017 por una fijación de los precios del cemento gris Portland Tipo1 entre enero de 2010 y diciembre de 2012, a las mismas tres cementeras Argos, Holcim y Cemex, y a 6 altos directivos de estas compañías. La acusación por cartelización empresarial de precios en la modalidad de paralelismo consciente indicó: “mantuvieron un ambiente colaborativo, no competitivo, de colegaje o de amiguismo empresarial extraño a un mercado en competencia, que deja en evidencia que se abstuvieron, de manera consciente y coordinada, de competir efectivamente, tal y como se advierte en diferentes documentos, correos electrónicos, comunicaciones internas, entre otras evidencias materiales probatorias”
Las tres cementeras Argos, Cemex y Holcim, que representaban el 96 % del mercado colombiano, recibieron por este nuevo caso, multas por un valor global superior a los $ 200.000 millones, de los cuales Cementos Argos, aunque pagó una multa de $ 73.711 millones, presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que busca la anulación de la sanción impuesta.
La Superintendencia ha realizado desde 1997 cinco investigaciones contra empresas del sector cementero, con cargos de fijación ilegal de precios, conocidos como cartelización empresarial. Algo, que lamentablemente es común en el mundo, donde es reconocida la rica historia en cartelización legal e ilegal, con múltiples investigaciones en más de 30 países o jurisdicciones contra empresas cementeras por colusión como en la España, India, Polonia, Alemania, Brasil, Argentina, Australia, Reino Unido, Bélgica, entre otros.
