Era inevitable la reventada del programa pactado con las Farc para adelantar una estrategia de sustitución voluntaria de los cultivos de coca, ejecutado a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), con algunos avances en Tumaco, Guaviare y Cauca, no obstante la nauseabunda corrupción en el Fondo Liberal de Colombia en Paz que regentan los señores Pardo y Díaz Uribe, donde parecen repartirse a dedo convenios para proyectos productivos fantasmas, mediante una triangulación que al día de hoy ha feriado la media bobada de 700 mil millones de pesos sin productos ni resultados concretos y sin mayores impactos en las economías comunitarias.
Con la aspersión de glifosato utilizando drones y otros vehículos pesados, la línea de la erradicación forzada, mediante el dispositivo policial y militar, regresa con toda su fuerza y sus secuelas de violencia, corrupción y judicialización de los campesinos.
La guerra contra las drogas pasa a primer plano y los recursos de la cooperación internacional y las apropiaciones del presupuesto público serán capturados por el sector policial y militar.
Cabe anotar que la guerra contra las drogas es una tenebrosa fase de la dominación imperial, pues quien presiona y exige su despliegue son los centros de poder del gobierno norteamericano del señor Trump. Me refiero al Pentágono, a la Dea y al Comando sur de Estados Unidos. Al final, la guerra contra las drogas es el viejo rostro del fascismo criollo que regresa de nuevo a los comandos centrales del Estado y de la política.
Para saber lo que se nos viene encima basta con mirar la historia reciente de México y Centroamérica: auge de los grupos paramilitares financiados por las mafias de la droga en complicidad con los aparatos militares; masacres de grupos vulnerables de la sociedad como la de los normalistas de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero; feminicidios a granel; desapariciones; descuartizamientos y otras barbaridades que son el pan diario del México del siglo XXI. También corrupción y captura a profundidad del Estado por los Carteles, como ya sucede acá con el secuestro de Asambleas departamentales (caso de Bolívar, Sucre, Córdoba, Quindío, Valle, Cundinamarca), alcaldías y entidades del orden nacional.
El llamado posconflicto pasa a segundo plano y prevalecerá la nueva guerra de la parapolítica del uribismo para justificar las aberrantes versiones de la seguridad y justicia del nuevo presidente que significará redes de informantes, controles policiales, chuzadas telefónicas, extradiciones, hacinamiento carcelario, falso positivos y masacres en las periferias de la económica coquera: Tumaco, Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, Caquetá, Putumayo y Cauca.
La guerra contra la drogas es por lo demás una necesidad en los procesos de reproducción de la dominación imperial en la región que tiene en el capítulo de Venezuela un ingrediente crucial.
