Saca el gobierno colombiano un nuevo decreto de emergencia económica el 6 de mayo (Decreto 637 de 2020), en el que prolonga el estado de emergencia económica, social y ecológica por treinta días más, y por tanto decide adoptar medidas generales para conjurar la crisis y evitar su extensión. En el largo considerando del decreto, se hace una descripción detallada de las proyecciones de crecimiento económico, de las medidas tomadas por otros países para aminorar los impactos económicos y sociales, y de las graves consecuencias que tendrá la crisis en el sector productivo del país y en el 56% del total de trabajadores y trabajadoras que no son asalariados.
Por la dimensión de la crisis, la manera como se enuncian y describen sus posibles causas y efectos es crucial para poder imaginar salidas creativas y justas, especialmente en condiciones de desigualdad extrema como las de este país. En las narrativas estatales de la pandemia, y que se evidencian en decretos como el mencionado, no se habla de sus posibles causas, ni de su relación con la gran crisis socio-ecológica de la que la pandemia es su manifestación más reciente y extrema. Las relaciones utilitaristas de la sociedad contemporánea con la naturaleza, ha creado condiciones de degradación ecosistémica que se evidencian en la proliferación de enfermedades zoonóticas y en el cambio climático, ambos fenómenos de incidencia global. El miedo que despiertan las pandemias y la falta de precedentes históricos del cambio climático, producen esta clausura cognitiva, en la que un Estado ─además neoliberal─ no quiere ver ni comprometerse con acciones que no sólo le permitan enfrentar la crisis, sino contribuir a revertir las causas.
El nuevo decreto de emergencia hace entonces una descripción de las consecuencias de la crisis (sin abordar sus causas socioecológicas) en la economía, especialmente en el sector del turismo y la aviación comercial (con reducciones del 100% en su actividad), en el del transporte (reducción del 60%), industrial y comercial, destacando su incapacidad de pagar las nóminas más allá de un mes. Y describe la forma en la que la caída de los precios del petróleo y los minerales por la reducción global en el consumo hará que se reduzcan en un 10% los ingresos corrientes del gobierno nacional y en una cuantía no especificada un deterioro de la situación fiscal y económica de las regiones a causa de la reducción en las regalías estimadas para el período 2019-2020.
En esta enunciación de las manifestaciones de la crisis no se hace una reflexión sobre la producción esencial para la vida y la salud de la población que es la producción y distribución de alimentos, y el cuidado y la equitativa distribución del agua y el espacio, para garantizar condiciones de higiene y distanciamiento con el fin de reducir la expansión del virus. En cambio, el decreto trae a colación sectores económicos que han sido tratados con amplios y prolongados privilegios tributarios (como el sector minero-energético) y que causan graves e irreparables daños a los territorios donde se reproducen la vida, el agua y la comida.
Una vez puesta en la mesa la descripción del crítico panorama económico, el decreto pasa a enunciar los planes para conjurar la crisis. La primera medida que llama la atención es la de “contemplar mecanismos para enajenar la propiedad accionaria estatal garantizando la democratización de la propiedad”. Curiosa manera de interpretar la democratización, sin preguntarle a la sociedad si es una buena medida vender los activos de sectores estratégicos que pueden, bajo criterios de transición socioecológica, liderar cambios tanto de la matriz energética, como del relacionamiento social con la energía.
Más curiosa aún una segunda medida descrita de forma difusa, como “hacer más eficientes y sostenibles los mecanismos, costos y tarifas asociados a la prestación de los servicios públicos y a las actividades del sector minero-energético, así como establecer mecanismos de priorización, reducción, reestructuración y racionalización en trámites, procedimientos y procesos que permitan mitigar los impactos de la emergencia en relación con los servicios y proyectos asociados a dicho sector”. De esto se deduce la intención de reducir los costos en los que deben incurrir las empresas para estudiar los impactos ambientales, socializarlos y consultar a las comunidades que habitan los territorios sobre la conveniencia de las actividades del sector. De esta manera podrán llegar directamente a seguir extrayendo minerales y petróleo las empresas que, por las exenciones tributarias, son efectivamente subsidiadas por los y las contribuyentes, que dejan daños a perpetuidad en los ecosistemas, y que despojan y desplazan a comunidades étnicas y campesinas.
Debería quedar muy claro que la emergencia ecológica que no describe el decreto es la que se está generando al perpetuar un modelo de desarrollo desdemocratizado que se impone sobre los territorios, ahora más que nunca, donde se conserva el agua y se produce la comida.
