Con fecha de reparto del 12 de octubre de 2020, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó una denuncia contra Álvaro Uribe Vélez, por incitación a la violencia hacia los pueblos indígenas del Cauca y la juventud del país [1]. Esta surgió a raíz de una manifestación de la ciudadanía colombiana ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra-Suiza, el 29 de agosto de 2020, convocada por Colombia Humana.
Inspirado en las consignas y carteles que acompañaron la manifestación, un derecho de petición fue dirigido al fiscal general de la nación, quien respondió con la remisión de la denuncia mencionada ante la alta corte. De esta manera, la última denuncia se suma a aquella realizada por el exfiscal Montealegre contra el exsenador Uribe el 4 de agosto, por su presunta complicidad en las masacres de la Granja y el Aro.
¿Cuál será el destino de la nueva acusación? ¿La corte se declarará impedida, una vez más? ¿Es esta diligencia judicial una muestra de la fortaleza adquirida por el pueblo colombiano en el exilio? Hecho notable, la Fiscalía guardó silencio a propósito de la compulsa de copias de las evidencias que vinculan a la campaña de Iván Duque con el narcotráfico, el último tema abordado por el derecho de petición.
A continuación, el lector o lectora encuentra el texto original dirigido al fiscal Francisco Barbosa:
Ginebra, 29 de agosto de 2020
Fiscalía General de la Nación
Bogotá, D.C. Avenida Calle 24 No. 52 – 01
Asunto: Derecho de petición, artículo 23 de la Constitución, Ley 1755 de 2015.
Respetado Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado
Colombianos residentes en Europa se reunieron frente a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra este 29 de agosto de 2020, para protestar contra las masacres acontecidas en el país durante las últimas semanas. Así mismo, se escucharon consignas y se vieron carteles que enunciaban profunda frustración por las evidencias de dineros del narcotráfico en la campaña electoral del actual presidente Iván Duque, las cuales permiten decir a algunos que Colombia es un “narco-estado”. En parte con el ánimo de transmitirle al Estado el sentimiento de sus ciudadanos en el exterior, me dirijo a usted para realizarle dos preguntas.
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Colombia, vigente desde el 23 de marzo de 1976, prevalece sobre el orden interno, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitucional Nacional, y en tanto parte del bloque de constitucionalidad es una norma situada en el nivel constitucional, de acuerdo con la Sentencia C-067/03 de la Corte Constitucional. En su artículo 20, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos demanda al Estado prohibir por ley la propaganda en favor de la guerra, la apología del odio nacional y racial que incite a la discriminación, la hostilidad o la violencia. En nuestro ordenamiento interno, el código penal en su artículo 348 establece penas de prisión y multa para quien pública y directamente incite a la comisión de genocidio u homicidio.
La primera pregunta se relaciona con la incitación a la violencia. A partir del corpus que usted puede encontrar en anexo, quisiera conocer su opinión como jurista y funcionario público, sobre si el hecho de realizar una metáfora para presentar a la juventud colombiana opositora a la política del actual partido de gobierno como simpatizante de una guerrilla extinta, relacionada con crímenes de guerra y de lesa humanidad, que despierta odios profundos en el corazón de millones de colombianos, consiste en una incitación pública a la violencia. Esto habida cuenta de que en el país existen agentes de extrema derecha dispuestos a asesinar a representantes del grupo de población señalado por el autor de dicha metáfora, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como parte de esta pregunta sobre incitación a la violencia y a partir del anexo ya citado, quisiera conocer su opinión sobre si el hecho de justificar una eventual masacre contra los pueblos indígenas del Cauca, es una incitación a la comisión del delito de genocidio.
La segunda pregunta se refiere a las evidencias que vinculan a la campaña presidencial de Iván Duque con dinero del narcotráfico. Quisiera saber a cuáles autoridades pertinentes, cuándo y con qué fines, usted compulsó copias de estas evidencias.
Le agradezco la atención,
Leonardo Rodríguez Pérez, representante de la sociedad civil colombiana ante la ONU.
Anexo:
Trinos del Álvaro Uribe Vélez del 14 de agosto de 2020 y 7 de abril de 2019.
“Gracias a Dios superé coronavirus, gracias estimados médicos, gracias Sura, espero superar rezago de debilidad física. Gran virus de magistrados Barceló y Reyes, juventud Farc, combatiéndolo con antibiótico de la verdad. En aras de la libertad de Colombia hasta la cárcel". Álvaro Uribe Vélez, 14 de agosto de 2020.
Nota bene: Después de este trino se desataron una serie de acciones contra los jóvenes del país que la presidencia calificó de “homicidios colectivos” y que en derecho se conocen como masacres, un delito de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible.
“Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. Álvaro Uribe Vélez, 7 de abril de 2019.
Nota bene. Este trino se dio en el contexto de protestas de los pueblos indígenas en el departamento del Cauca.
[1] Reparto de denuncias Fiscalía delegada ante la Corte suprema de justicia. No. de Noticia Criminal 110016000102202000318. Investigado y/o Indiciado: Álvaro Uribe Vélez - Exsenador de la República. Denunciante: Leonardo Rodríguez Pérez. Fecha de Reparto: 12 de octubre 2020.
