Yo soy un firme partidario de mantener un dialogo fluido con Washington. Estados Unidos pesa demasiado en la política y la economía del mundo, y sobre todo en la del continente americano, como para que podamos permitirnos el lujo de negarnos a dialogar con sus representantes políticos y con los lideres de sus todopoderosas multinacionales, en busca de acuerdos mutuamente beneficiosos. Pero una cosa es aceptar este hecho y otra cosa muy distinta entablar y mantener este diálogo sin tener meridianamente claro que una cosa son sus intereses otros los nuestros. Diferencias que no son debidas a alguna distorsión ideológica o a la mala voluntad de ningún dirigente político, sino que están dictadas por las enormes diferencias existentes entre su realidad y la nuestra. Ellos son una superpotencia y nosotros un país de mediano tamaño, todavía empantanado en el subdesarrollo, que pretende eso sí y con justa razón superarlo. Queremos transformarnos en un país plenamente desarrollado, independiente y soberano, que sea además referencia mundial de la paz y la defensa del medio ambiente.
Es a la luz de esta posición estratégica que examino la más reciente edición del Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y los Estados Unidos, celebrado hace poco en Bogotá, con la participación de una nutrida representación de ambos países y la del propio presidente Gustavo Petro. El temario del mismo incluía puntos que son iguales o muy semejantes a los que forman parte del programa político del actual gobierno. Me refiero a la “transformación rural”, “medio ambiente y cambio climático”, “energía, minería e infraestructuras”, “salud y TICS”. Ignoro lo que se acordó en detalle en cada uno de estos puntos, pero aun así doy por hecho de que pocas diferencias habrán podido observarse en el conceptual. Las diferencias, si las hubo, se habrán producido en el modo de abordar la solución de dichos problemas.
Los Estados Unidos, desde que adoptaron como suya, en los años 80 del siglo pasado, la consigna del presidente Ronald Reagan de que “el Gobierno es el problema y no la solución”, proponen siempre que la empresa privada sea la que se encargue de resolver los problemas. Ese es su dogma y todavía se sienten muy satisfechos con los resultados de la aplicación del mismo. Nosotros, en cambio, no podemos suscribirlo. Y no solo por razones doctrinales sino sobre todo por razones dictadas por la amarga experiencia de que las más importantes inversiones de capital nacional y extranjero realizadas en el país en las cuatro últimas décadas se han orientado a los sectores de la economía nacional en las que el Estado y las empresas públicas cumplían un papel decisivo. Piensen en el Banco de la República, en Ecopetrol o en la salud pública. Antes públicas y hoy privatizadas del todo o en gran parte.
En suma, fueron inversiones que prefirieron obtener beneficios en sectores previamente generados por las inversiones públicas, antes que hacerlo en nuevos sectores, más productivos e innovadores. Por lo que Colombia, si quiere finalmente romper el círculo vicioso del subdesarrollo debe confiar en la capacidad del Estado de transformar la economía del país, incorporando a la misma nuevos y mas dinámicos sectores. Y protegiendo de la competencia desleal que actualmente padecen los sectores que más empleo generan: la economía campesina y la pequeña y mediana empresa.
La sola presencia de una militar de tan alto rango en el evento demostraba que la posición de Washington seguía siendo la misma en el terreno de la producción y consumo de cocaína y marihuana
Los otros desacuerdos importantes los cifro en la intervención en el diálogo de alto nivel al que me estoy refiriendo de la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, el comando encargado de asegurar manu militari los intereses de su país en Sur América y el Caribe. La sola presencia de una militar de tan alto rango en el evento demostraba que la posición de Washington seguía siendo la misma en el terreno de la producción y consumo de la cocaína y la marihuana y otras sustancias sicotrópicas: perpetuación de la “guerra contra el narcotráfico”. La guerra que no se puede ganar y que lo único que ha producido hasta la fecha es el empoderamiento de las mafias y la multiplicación de su capacidad para ejercer la violencia y corromper la moral pública. Colombia no se puede dar el lujo de prolongarla un día más. Se impone conceder a las adicciones el carácter de problema de salud pública, como se impone igualmente la legalización de la cocaína y de la marihuana.
La presencia de la comandante Richardson subrayó el sesgo con el que la administración Biden aborda el asunto de la llamada defensa del hemisferio occidental. Ella misma declaró públicamente su interés en “hablar sobre la alianza de defensa entre Estados Unidos y Colombia y la seguridad regional”. El problema es que tanto el terreno de la “defensa del hemisferio occidental” como en el de “la seguridad regional” los intereses de Estados Unidos y los nuestros son diferentes y hasta opuestos. Ellos adelantan una política de hostigamiento a China, que amenaza con convertirse en guerra abierta, a nosotros no nos interesa apoyar. Por el contrario, lo que nos interesa es mantener relaciones amistosas e intercambios económicos y comerciales con Beijing de mutuo beneficio. Igual nos sucede con la hermana república de Venezuela. Para Washington es una amenaza, para nosotros no.
