* serie de tres artículos de análisis acerca de la situación de Buenaventura.
Mentiras veraderas
"En Buenaventura los terroristas del frente 30 de las FARC se campeaban por años por sus vínculos con el narcotráfico. En los últimos años la Fuerza Pública ha empezado a retomar el control en la región. Se expulsó a los terroristas de las FARC del casco urbano" aseguró el Ministro de Guerra Pinzón en su intervención ante la plenaria del Senado convocada por algunos parlamentarios vallecaucanos este martes 22 de abril para debatir la crisis humanitaria del primer puerto sobre el pacífico.
Lo que olvidó decir el ministrico –tal vez por el afán de salir del recinto para no soportar el chaparrón de contraargumentos y denuncias- es que el control que dice haber retomado la Fuerza Pública, no sería posible sin la participación directa de estructuras paramilitares financiadas por empresarios y comerciantes de la región, muchos de ellos en el negocio portuario. Olvidó el ministrico que muchos efectivos de la Fuerza Pública -algunos de alto rango- se han visto envueltos en problemas judiciales que van desde abuso de la fuerza, negligencia y participación a actos criminales, hasta corrupción administrativa y de contratación ahí mismo en Buenaventura.
Se expulsó a los“terroristas de las Farc”, si quiere le aplaudo ministrico por una tarea que usted no hizo, pero no soslaye que se inoculó el paramilitarismo, el cual no tuvo suficiente con el narcotráfico,sino que amplió su portafolio de servicios a punto que hoy en Buenaventura nadie debería sufrir ni de una gripa, pues todo el mundo es vacunado. Tal vez se expulsó a “los terroristas de las Farc”,como él los llama, pero se brindó aposento, con los recursos y “las armas de la patria” a otros terroristas, quienes hoy narcotrafican, extorsionan, asesinan,descuartizan y se lucran de los contratos de la salud, educación, servicios públicos y uno que otro contrato privado –principalmente para servicios de“limpieza”- en el negocio portuario.
Tardíamente salió también al micrófono su enemigo en el camino, el General Palomino quien descaradamente se vanagloria de éxitos en las capturas que su fuerza, en tareas conjuntas con ejército y armada han logrado de los llamados jefes de las bacrim, lo que no dice el General es que esas capturas son un hecho mediático que sólo en aproximadamente el 10% de los casos se vuelve un hecho jurídico, pues los capturados rápidamente recobran la libertad, y uno se pregunta ¿de verdad eran jefes?, ¿o eran tan jefes como los de los bloques cacique nutibara y cacique pipintá que falsamente se desmovilizaron en 2005?, ¿estamos ante una nueva oleada de falsos positivos en capturas?
Y aprovecha el General para plantear su preocupación acerca del estrés y los riesgos que tienen que vivir los “héroes de la patria”,efectivos policiales y militares que son destacados en misión o en permanencia en los llamados sitios de orden público, como es Buenaventura, solicita un incremento de la prima de orden público, mientras soslaya la responsabilidad que tiene el gobierno en la protección y garantías de los derechos fundamentales de cientos de líderes de víctimas y defensores de derechos humanos, que según reciente informe de la Defensoría del Pueblo, han visto incrementadas las amenazas en su contra; para ellos la fórmula es una partida inferior a los 200 millones de pesos destinados a protección.
Pero mientras ministrico y general sin sonrojo salen a presentar sus positivos al Senado, esa misma noche –según informaciones locales- “picaban” a una mujer embarazada, y a inicios de la misma semana habían aparecido nuevos cadáveres desmembrados en medio del despliegue militar y mediático más grande del que tenga memoria Buenaventura.
El fondo del problema
Pero lo verdaderamente lamentable del debate en el Senado es que quedó en evidencia que ni el Gobierno, ni el Senado en pleno –con muy contadas excepciones de algunos parlamentarios- tienen el más mínimo interés de afrontar las responsabilidades concretas frente a Buenaventura. La fórmula del Gobierno nacional sigue siendo militarista y la de los parlamentarios una ridícula ecuación de profundización del libre mercado,obviar la corrupción administrativa público-privada, democratizar las responsabilidades y privatizar el lucro, todo esto en una base discursiva de resiliencia colectiva aprovechándose del carácter luchador de la gente negra.
Pero ¿quién cuestiona a quienes se han lucrado legal e ilegalmente del negocio portuario,cimentado en la miseria del pueblo bonaverense?
Hace veinte año sel expresidente Gaviria en su política de apertura y privatizaciones, de la mano del Ministro de Comercio Exterior –el hoy Presidente Santos- privatizó el sector portuario y entregó a los apetitos privados el manejo de más de la mitad del comercio internacional del país; desde entonces grandes empresarios nacionales y extranjeros han visto crecer sus activos y facturación por cuenta del negocio portuario, mientras que las comunidades rurales y urbana de Buenaventura han visto crecer las desigualdades, la exclusión, la negación de derechos y las estructuras criminales que curiosamente llegaron casi al mismo tiempo que los empresarios del puerto. En este período ¿algún miembro del gobierno nacional ha pedido cuentas a los emporios empresariales o dirigentes como Grupo Portuario S.A,Sociedad Portuaria de Buenaventura, Grupo Harinera del Valle, grupo Ciamsa (los ingenios azucareros), Grupo Parody (de la familia de la directora del SENA), Edison Delgado (Senador reelegido), Óscar Isaza (emprendedor bonaversense que fue investigado por vínculos con narcotráfico y quien sólo ve mediocridad en el puerto) o a Carlos Holguín Sardi y Fernando Garcés (dirigentes conservadores) por la retribución al pueblo de Buenaventura?; en este período ¿algún alcalde de Buenaventura o gobernador del Valle ha rendido cuentas del manejo de la participación accionaria pública en el negocio portuario o de cómo este negocio ha beneficiado o perjudicado a la población bonaverense?; ¿algún político o parlamentario local o regional ha dado cuentas del impacto social y de desarrollo del negocio portuario en la misma Buenaventura?
Las respuestas son conocidas, la misma fórmula de competitividad, fortalecimiento de ventaja comparativa y seguridades física y jurídica; esto es brindar al negocio privadotodas las garantías de explotación, con recursos públicos y a coste de la negación de los derechos laborales y de las garantías mínimas de retribución alas comunidades. Y cuando se cuestiona el atraso en garantías de derechos y servicios sociales, las respuestas van desde rasgarse las vestiduras y asegurar inversión social con recursos ya asignados –nada nuevo-, hasta asegurar que los culpables son los mismos bonaverenses por “perezosos”.
La cura…más mala que la enfermedad
En clave de estas respuestas la fórmula mágica ahora presentada es la cacareada Alianza del Pacífico, acuerdo multilateral que se ocupa exclusivamente de la creación de una gran zona franca entre países -con los cuales Colombia presenta en la mayoría de los casos una balanza comercial negativa- de la cuenca americana del pacífico, cuyo articulado menciona escuetamente de la necesidad de garantías de derechos para su aplicación, sin embargo ni el texto del acuerdo marco ni el dela ley presentan fórmulas para el cómo se van a salvaguardar esas garantías,simplemente en la exposición de motivos se menciona que con este tratado “se puede impulsar el empleo”, pero no se establece cómo se hará, supongamos que se deja esta facultad a la mano invisible del mercado o tal vez a la “mano negra” que alguna vez Santos fingió acusar.
Lo más chistoso de este asunto es que a alguien en el Congreso o en el Gobierno se le olvidó pasar las fotocopias completas del proyecto de ley 1628 de 2013 a la Corte Constitucional, como a Simón el bobito se les olvidó revisar bien y ahora seles atrasa la aplicación de la ley, lo cual nos da tiempo para revisarla de fondo y contrastarla con la realidad.
Como los demás tratados de liberalización comercial, la Alianza del pacífico implica garantías jurídicas para el comercio y la inversión, los cuales regularmente son verificados por la OMC e implican la renuncia de los estados a las garantías delos derechos sociales y laborales; pero también implica adecuación de infraestructura para el comercio y la inversión, de ahí la declaratoria de Buenaventura como zona de expansión portuaria que ya exige la inversión de más de 500 millones de dólares, ¿para salud, educación o saneamiento básico? por supuesto que no, son para TC Buen, Aguadulce, el malecón y la zona franca,seguramente algunos de estos millones de dólares pagarán el trabajo sucio de eliminar y desplazar a las familias que le estorban al desarrollo económico en barrios como Santa Fe o San José.
Buenaventura no necesita que le den una mano, necesita que los explotadores legales e ilegales le quiten la mano de encima.
Ñapa: Arranca el paro con los mismos elementos: quiebra del sector agropecuario a manos de llibre comercio y el contrabando, compromisos incumplidos, acusaciones por parte el ministrico de guerra de infiltración o participación de las Farc; el orden de los factores no altera el producto (interno bruto).
