Hoy amanecimos con la noticia del asesinato de un hombre, Javier Ordóñez, a manos de dos policías, ante la mirada cómplice de otros uniformados que se empeñaban en impedir que los testigos del hecho grabaran la situación, antes que en frenar el evidente exceso de fuerza que cometían sus compañeros.
En distintos videos se observa de manera cruda cómo dos policías tienen reducido al ciudadano en el piso y, aun así, continúan pegándole descargas eléctricas de manera reiterada con un taser o arma eléctrica “no letal”. La versión de la policía dice que el ciudadano fue conducido a un CAI, que allí presentó una complicación de salud y, por ello, fue llevado a una clínica donde falleció. Queda la duda de si el ciudadano falleció por las agresiones registradas en el video o si en el CAI, como ya ha sucedido antes, lejos de las miradas curiosas fue sometido a agresiones adicionales que le ocasionaron la muerte.
Adicionalmente, uno de los testigos que grababa la situación con su celular fue esposado y conducido también a un CAI para ser judicializado por una supuesta agresión a servidor público; todo parece indicar que con la intención de impedir la existencia de pruebas que incriminen a los policías, ya que su celular fue destruido por los agentes, según se denuncia. No es conducta infrecuente en los policías de Colombia que, además de agredir a ciudadanos, desplieguen una conducta orientada a borrar las pruebas que los testigos hayan recolectado. El caso del grafitero Diego Felipe Becerra es emblemático, no solo los agentes implicados alteraron las pruebas, sino que en ello contaron con la participación de sus superiores.
El primer paso necesario para superar un problema es el reconocimiento de su existencia. Se supone que la policía es una institución que está para brindar seguridad a los ciudadanos, para proteger sus derechos, y para evitar que los delincuentes atenten contra las personas o sus bienes. Definitivamente, en Colombia eso no tiene nada que ver con la realidad. Muchísimas veces el policía —igual sucede con el militar, recuérdese el caso de Dimar Torres, asesinado a sangre fría por soldados en el Catatumbo, al parecer por órdenes de un coronel—, antes que agente protector, es agente delincuencial.
La policía, así como las demás instituciones estatales en Colombia, se encuentra profundamente corrompida. A diario se ve en las noticias que policías son capturados mientras cometen todo tipo de delitos, desde ser proteger jíbaros en los barrios hasta asesinatos, pasando por secuestros y extorsiones, sin olvidar su participación en la actividad del narcotráfico. Incluso en los crímenes de resonancia es frecuente la participación de uniformados: el asesinato de Luis Carlos Galán, el genocidio contra la UP y el Partido Comunista, sus relaciones con el paramilitarismo, en fin, no hay delito, leve o grave, que no haya sido cometido por policías. Esa es "nuestra policía", esos son "nuestros héroes".
De manera que urge una reforma a la policía, así como al resto del aparato estatal, profundamente corrupto; es una necesidad apremiante. Urge la depuración de la policía, la expulsión de sus integrantes con cuestionamientos en su conducta frente a la población civil o con investigaciones por conductas delincuenciales.
Se requiere una profunda modificación de su doctrina. Los policías colombianos, como en general quienes tienen algo de poder en razón de ocupar alguna investidura oficial o uniforme, asumen que, en lugar de servidores públicos, servidores de la sociedad, son los poderosos de la cuadra o del barrio, que pueden imponer su voluntad. Hace pocos días circuló un video que mostraba a un policía en Barranquilla que les decía a varios ciudadanos que, si se sentía agredido, la ley lo facultaba para dispararles o matarlos. Se ha llegado a una situación en donde portar un uniforme coloca al policía por encima de los ciudadanos, pudiendo incluso asesinarlos.
Otra medida que se hace necesaria es la prohibición absoluta para que se capture a un testigo que está grabando un procedimiento policial. Una conducta reiterada de los policías cuando cometen atropellos es capturar a quien graba con su teléfono o impedir tal cosa mediante la treta de pedirle el teléfono para verificar si el teléfono no es robado. Así se impide el registro del atropello, resultando más difícil su prueba judicial.
En suma, Colombia sufre la desgracia de poseer un aparato estatal profundamente corrompido en todos sus niveles, que ha escalado al nivel de que se actúa ilegalmente de manera abierta, constituyéndose de hecho en una amenaza para la vida de cualquier colombiano. Tomar conciencia de ello es el primer paso para corregir tal situación. Por ahora las voces de protesta se alzan en las redes, es necesario hacerlo en las calles.
Adenda. Resulta insultante la campaña sostenida por la Revista Semana y Vicky Dávila para tomar partido a favor del procesado Álvaro Uribe. Van semanas en las que el público es atiborrado de columnas de opinión, entrevistas y programas diarios orientados a mostrarlo como un perseguido por la justicia y sus enemigos.
