El conflicto armado del que fuimos parte por más de 50 años, además de dejar a su paso miles de muertos, exiliados y prisioneros, también deja una larga lista de personas desaparecidas.
En el congreso constitutivo de las Farc asumí la responsabilidad de organizar un equipo multidisciplinar que avance en el proceso de búsqueda de personas que con ocasión del conflicto hayan desaparecido, porque para nosotros la verdad es un aporte a la paz que garantiza no repetición.
¿Dónde están? Es la pregunta que a diario se hacen cientos de familias colombianas sobre la suerte de alguno de sus familiares desaparecidos, esos que un día se llevaron para no volver, esos que aún siguen buscando y exigen los devuelvan, vivos o muertos, pero que los devuelvan, porque es necesario hacer el duelo, calmar el dolor y la incertidumbre que causa el no conocer su paradero y las condiciones en que se encuentren.
La desaparición forzada puede catalogarse como la práctica represiva más atroz, expresada con sistematicidad en un país con constantes y diversos conflictos como Colombia. Es el hecho victimizante que nunca termina, una tragedia donde el ciclo no cierra.
Su fin más allá del asesinato es el de castigar, ocultar y aterrorizar a toda una población, de ahí que se catalogue como un crimen de lesa humanidad al ser sistemático, generalizado y contra civiles.
El Estado ha sido el mayor responsable de las desapariciones forzadas, a través de sus agentes o grupos paramilitares que han actuado con su autorización y apoyo. La indolencia del Estado ante los reclamos de las víctimas se expresa en su obstinada pretensión de negar y ocultar su responsabilidad en los crímenes cometidos.
Colombia, a pesar del subregistro que se presenta en este hecho, ocupa uno de los primeros lugares en el continente con personas desaparecidas. El último informe del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado “Hasta Encontrarlos” maneja una cifra que comparten algunas organizaciones sociales, la de 60.630 personas desaparecidas entre 1970 y el 2015. Aquí cabe resaltar que el delito de desaparición forzada fue tipificado hasta el año 2000, lo que revictimizó a cientos de familias que acudían al sistema judicial para encontrar ayuda, permitiendo también el señalamiento de compañeros pertenecientes al movimiento social como miembros de la insurgencia y que en ultimas justificaba su desaparición en un escenario como el nuestro en el que se aplica la teoría del enemigo interno.
La búsqueda de personas dadas por desaparecidas es urgente e inaplazable. Los acuerdos de paz de La Habana abren una gran puerta a ello con el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y Garantías de No Repetición, implementarlo es apostarle a una real paz. La labor debe ser también en lo territorial, en la creación de los Planes Integrales de Búsqueda que las alcaldías, personerías y Unidad de Víctimas debe construir de la mano de las víctimas y de las organizaciones sociales y de derechos humanos que históricamente les han acompañado. No se puede seguir pretendiendo que esta búsqueda se limite a las exhumaciones en los cementerios, debe escucharse a las víctimas, contar con su relato y realizar excavaciones en otras zonas de las ciudades donde se conoce que hay cuerpos, como lo es el caso de la escombrera en Medellín y el Cañón del río Cauca.
La verdad desde las víctimas debe trazar la hoja de ruta de este plan debúsqueda. De la misma forma todos quienes estuvieron involucrados en el conflicto armado colombiano debemos contribuir con la verdad. Como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, estamos dispuestos a esclarecer todos los casos en los que hemos estado involucrados, contar qué pasó con nuestros compañeros muertos en combate y ayudar a sanar las heridas de las familias que tenían algún miembro en nuestras filas.
La creación de la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una oportunidad para las víctimas, pero también una responsabilidad, debe ser un mecanismo nuevo en el que no se repitan los errores cometidos por la Comisión Nacional de Búsqueda, quien con tantos años de funcionamiento, no pudo lograr establecer una política pública de búsqueda de desaparecidos, pero además tampoco mostró resultados en las gestiones para encontrarlos con vida, ni tampoco nunca impulsó investigaciones.
El camino por recorrer es largo, pero estamos dispuestos a caminar hacia ello, porque al igual que las víctimas no los olvidamos, estamos seguros que nuestra lucha también es por cerrar este ciclo de dolor y hacer memoria en su nombre para que este tipo de cosas no vuelvan a repetirse, para que en las familias colombianas las futuras generaciones no sigan diciendo que “Aquí falta alguien”, sabemos que nuestra lucha es ¡Hasta encontrarlos!
Hemos llegado hasta aquí, convencidos que la paz es el camino, dispuestos a sentar las bases de la nueva Colombia en las calles, con los trabajadores, con ustedes los estudiantes, debatiendo y fortaleciendo nuestro proyecto político, porque haber dejado las armas no significa renunciar a la lucha, al contrario, elevamos nuestra voz y empeñamos nuestra fuerza con vehemencia porque tal como vino a decir el papa Francisco, no vamos a dejar que nos roben la esperanza. ¡Qué viva Colombia!
