Las víctimas de las Farc, que se lograron agrupar en el Foro ‘’Colombia Abraza a las víctimas de las Farc’’ y que en los últimos meses han estado discutiendo sus escenarios y posibilidades de participación en el proceso de paz, en el que valoran que se haya reconocido a las víctimas, pero alegan que las de las Farc no han sido tenidas en cuenta. En el citado foro se realizó una consulta nacional para que, bajo unas exigencias mínimas que se han construido en consenso, su representación en La Habana sea efectiva y sus voces se tengan en cuenta en las negociaciones de paz.
Estos son los 33 puntos:
1) El hecho de que, en las negociaciones en La Habana, haya presencia de algunas víctimas, que pueden hablar solamente en nombre de sí mismas, no hace que la presencia de las víctimas de las Farc en el proceso constituya una vocería unificada, coordinada y que goce de legitimidad.
2) Decidimos, por tanto, crear la Federación Nacional de Víctimas de las Farc que agrupe a todas las asociaciones y entidades defensoras de las víctimas de las Farc existentes en el país.
3) Es preciso garantizarles a las víctimas de las Farc el derecho a la libertad de expresión, para que no sean estigmatizadas, satanizadas o revictimizadas, así estén o no de acuerdo con el proceso de paz.
4) No han de ser nuestros victimarios quienes nos califiquen o descalifiquen como víctimas. Víctimas somos cuantos hemos sufrido en nuestra persona, en nuestra familia o en nuestros bienes, la agresión de los actores armados, máxime cuando tales agresiones están contempladas como delitos de lesa humanidad.
5) El listado de víctimas debe incluir a los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación que hayan sido víctimas de delitos por fuera del Derecho de la Guerra.
6) Todas las víctimas deben tener los mismos derechos, independientemente de la proveniencia de sus victimarios. El dolor y el daño a la dignidad humana de todos los lesionados es exactamente el mismo y, por ende, el reconocimiento y la garantía de sus derechos también deben serlo. Por ello, estamos pidiendo los mismos mínimos de justicia que han tenido las víctimas de los grupos de autodefensas y las del Estado.
7) Las Farc no han cometido errores ni actos de defensa, sino crímenes de la mayor gravedad. Y tienen que reconocerlo. Es inaceptable que las Farc se sigan presentando como un ejército a la defensa de los derechos humanos.
8) Es necesario que el Gobierno y las Farc desarrollen los mayores esfuerzos por que la verdad del conflicto se esclarezca, por respeto a las víctimas y en aras de la adecuada construcción del registro de la historia de Colombia.
9) Reclamamos que, en pos de la verdad y la reparación a las víctimas, las Farc develen toda la información relacionada con las cuentas y recursos financieros que han recaudado, a lo largo de decenios, mediante actividades delictivas, como la extorsión, el secuestro y el narcotráfico. Y solicitamos que estos recursos se destinen a la realización del resarcimiento moral y económico que merecemos las víctimas de las Farc, por nuestro sufrimientos y nuestras pérdidas materiales. Por la lógica de la razón, por justicia, por humanitarismo y por ley, los causantes, los victimarios, han sido siempre, en cualquier país y en toda época de la historia, los que retribuyan por los daños causados.
10) Pedimos la inclusión en todos los museos y centros de memoria histórica de documentación sobre los actos criminales perpetrados por las Farc, teniendo en cuenta el porcentaje de victimas por región en el país.
11) Proponemos la creación de una comisión civil de la verdad reglamentada por el Congreso de la República.
12) Asimismo, en pos de la verdad, indispensable en este proceso, demandamos que las Farc aclaren la ubicación de las fosas donde yacen nuestros muertos, que hagan entrega de los mapas del desminado (el cual, una vez entregadas las armas, deberán iniciar ellos mismos), de los mapas relacionados con su accionar en el narcotráfico y que reconozcan la autoría de las múltiples masacres, violaciones, asesinatos selectivos, masivas destrucciones por medio de bombas y explosiones, delitos contra el medioambiente y demás actos terroristas que han cometido y que han sumergido a la patria en inmenso caos gubernamental y económico, desde hace medio siglo.
13) Las autoridades judiciales deberán mantener el registro de estos crímenes y hacer las investigaciones necesarias para acopiar la información más completa posible al respecto, para que, en caso de que algunos de los responsables de estos hechos penales, una vez firmada la paz, continuaren delinquiendo, sean excluidos de todos los beneficios que de esta negociación se derivaren y sean juzgados por la suma de los delitos que les sean imputados.
14) Las Farc deben comprometerse a no reincidir en el crimen y este compromiso debe aplicarse desde el momento de la lectura de la presente declaración. Los delitos que se cometieren a partir de este momento deben estar ser excluidos de cualquier beneficio. En vista de que, en repetidas ocasiones, las Farc han violado compromisos de tregua o de cese al fuego, se debe establecer, en esta ocasión, una metodología que busque que las cláusulas de arrepentimiento y de enmienda que se pacten en las negociaciones ejerzan una obligación ineludible de cumplir con los propósitos de paz.
15) Pedimos, por tanto, favorecer la implementación de veedurías para hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
16) Exigimos que las Farc liberen a las personas que aún tienen secuestradas y a los niños y jóvenes reclutados de manera forzosa.
17) Creemos que las Farc no sólo deben comprometerse a dejar las armas, sino también a realizar una entrega total de sus armamentos.
18) Los crímenes de lesa humanidad no son ni pueden ser indultables por las instancias judiciales o gubernamentales.
19) Para garantizar la aplicación de justicia en el proceso, sugerimos implementar una veeduría permanente por parte de la Corte Penal Internacional.
20) Los victimarios deberán someterse a un acto de contricción pública, en el cual nos pidan perdón a sus víctimas.
21) Nos oponemos a la concesión de curules en el Parlamento a miembros de las Farc y, en caso de que a estos se les otorgue la gracia de poder ser elegidos, será preciso que, si llegan al poder, sea como cualquier colombiano: por la vía democrática. Este beneficio excluiría, por supuesto, la representación de los responsables de delitos de lesa humanidad.
22) Pedimos que haya representación permanente de las víctimas de las Farc en los Diálogos en La Habana, con participación de comisiones por regiones.
23) Considerando que Colombia ya ha pagado un precio demasiado alto por la guerra, pedimos que el servicio militar no sea obligatorio sino voluntario y que, en caso de que esta reforma no se logre, los miembros de las familias victimizadas en el conflicto estén exentos de prestar tal servicio.
24) Clamamos por que el Gobierno desarrolle programas en pos de mejorar y ampliar la información sobre los derechos de las víctimas de las Farc.
25) Así mismo, exhortamos al Gobierno a fomentar programas de noviolencia en todos los ciclos de la educación.
26) Consideramos la necesidad de que el Estado cree un programa especial de resocialización para los niños y adolescentes que hayan sido reclutados por los actores armados.
27) Como parte de la compensación que merecemos las víctimas de las Farc, creemos en la necesidad de que el Gobierno nos beneficie con incentivos para la inserción laboral y créditos educativos, en no menores montos y proporciones que los que sean concedidos a los victimarios reinsertados.
28) Del mismo modo, creemos que, de los recursos financieros para el postconflicto, debe crearse un fondo para costear las prótesis y todos los elementos necesarios para facilitar al máximo la movilidad de quienes han sido amputados a causa de las minas antipersona sembradas por las Farc.
29) A muchas de las víctimas, se nos obstaculiza el reconocimiento oficial de nuestros derechos. Rogamos que se agilicen los trámites concernientes a los derechos de las víctimas de las Farc y que se cierre toda posibilidad de politizar los trámites y ayudas humanitarias en procesos de reparación.
30) Hacemos énfasis en que se requiere cualificar personal encargado del trabajo con víctimas en el enfoque diferencial.
31) La paz deberá conseguirse de mano de la inclusión protagónica de la mujer víctima en los procesos de postconflicto.
32) Consideramos necesaria la creación de una agencia nacional de víctimas en el posconflicto y el fortalecimiento del rol de las instituciones públicas que tienen a su cargo la reparación.
33) En este caso, más que nunca, es indispensable garantizar la continuidad en las políticas de reparación, aunque cambien los responsables
Las víctimas de las Farc, además de lo anterior, levantamos nuestro espíritu con la esperanza de que, finalmente, tanto la buena voluntad como la necesidad de todas las partes, logren que las negociaciones tengan éxito y que el país alcance la paz, tan necesaria.
