El viernes la Plaza de Bolívar y varias otras plazas del país y del mundo estaban a reventar. Miles de personas salieron a expresar su apoyo a los líderes sociales, a darles las gracias por atreverse a pensar que Colombia puede ser un país más justo, más respetuoso con el medio ambiente y con el que piensa diferente; y, sobre todo, a agradecerles por atreverse a alzar su voz y a actuar, a costas de sus vidas.
Además de ser un acto simbólico, estas manifestaciones deberían tener un impacto sobre el Gobierno, deberían presionar a tomar medidas más efectivas para frenar esta ola de violencia. No he oído respuestas contundentes del saliente Presidente, ni del entrante. Duque ha “rechazado los actos”; pero esto no significa nada para los líderes que están siendo asesinados todos los días. Lo que sí significaría algo es que se reconozca que estos no son hechos aislados, sino que es una oleada sistemática de violencia focalizada que puede tener unas repercusiones nefastas para la construcción de paz territorial (más de la mitad de los asesinatos han ocurrido en zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo). Los asesinatos a líderes no solo aumentan la violencia y evidencian que el Estado no tiene control sobre estas regiones, sino que con cada líder asesinado se destruye tejido social, confianza y oportunidades de cambio. Según el Centro Nacional de Consultoría (CNC), 85% de las organizaciones e iniciativas que defendían los líderes se frenan tras su muerte, y renovar el liderazgo de un defensor del pueblo suele demorarse de 1 a 4 años.
También significaría algo que se esclarezca la autoría de los crímenes. Según el informe del CNC, en el 39% de los asesinatos no se ha logrado establecer si el autor es un grupo armado, y en el 47% se ha podido establecer que sí lo es, pero no se sabe cuál. Se ha identificado, además, que 3% de los autores han sido grupos “posdesmovilización” y 5% a la Fuerza Pública. Pero no basta con establecer quién es el actor material de los asesinatos; es necesario establecer cuáles son los intereses detrás de éstos, lo cual se refleja al analizar quiénes han sido los líderes asesinados: 117 líderes comunitarios, 80 líderes indígenas, campesinos o de comunidades negras, 13 líderes sindicales, 11 líderes sociales, 7 líderes LGTBI, 6 líderes de restitución de tierras, 2 líderes ambientalistas, y la cuenta sigue.
Para los asesinos, estos líderes han cometido el delito de alzar su voz y la de sus comunidades para exigir sus derechos. Exigir que se restituyan las tierras que les fueron arrebatadas por el latifundio y el narcotráfico. Exigir que se respete la autonomía de sus resguardos indígenas y reservas campesinas. Exigir que se respeten nuestros páramos, ríos y bosques. Exigir que la izquierda pueda participar en política. Exigir que la comunidad LGBTI no sea discriminada. Estas exigencias van en contra de los intereses de las Bandas Criminales, del microtráfico y de la minería ilegal; pero también van en contra de los intereses de los ganaderos y agroindustriales, de los gamonales políticos, de los grupos ultraconservadores. No se puede negar que varias de las causas que defienden los criminales con armas y terror, han sido defendidas por el Uribismo desde el Palacio de Nariño y el Congreso.
Así, tristemente no podemos esperar que la violencia contra los líderes sociales y la injusticia contra las comunidades vulnerables y las minorías acabe tan solo aumentando esquemas de seguridad para líderes, o los recursos de la Fiscalía. Hasta que no se visibilicen y se legitimen las demandas de estas comunidades, y hasta que el gobierno no atienda sus llamados y haga cumplir sus derechos, nos seguirán matando. El reto de Duque es atender estas demandas legítimas, y no las de algunas élites políticas y económicas que lo rodean.
