Abril lleva recorrido medio mes y sinceramente parece un mes eterno, no solo por una nueva reforma tributaria, que muy al estilo del creador de Los Simpson lo único que tiene de novedosa e innovadora es su nombre para camuflarla ante muchos, sino que además el gobierno ha decidido burlarse ya no solo de nuestros bolsillos, sino del verdadero logro de nuestra constitución política.
Y es que desde que se tiene memoria, hay pocas cosas de las que, como colombianos podemos sentirnos orgullosos o sacar pecho y vivir ese sentimiento de patriotismo y de unidad nacional ante un logro como el de la Acción de Tutela, una acción constitucional surgida gracias al constituyente del 91, un logro que ha acercado al ciudadano de a pie ante las autoridades jurisdiccionales para la defensa férrea de sus derechos fundamentales; si, precisamente para defenderse de lo que en la teoría de un estado soberano cumplidor del contrato social, no debería ocurrir, que ese leviatán devore los derechos fundamentales con los que cuente cualquier persona por el solo hecho de ser un ser humano.
Y es que si en algo se han caracterizado las instituciones del Estado, los funcionarios, las entidades descentralizadas y los particulares que administran funciones públicas es en violar permanentemente los derechos fundamentales de los más vulnerables, y no me refiero solo a los de primera generación. Por ello se volvió habitual que el ciudadano deba recurrir a esta acción constitucional para que se proteja su salud, la educación, los derechos pensionales, el libre desarrollo de la personalidad y hasta la vida misma y la vida en condiciones de dignidad.
La tutela es de lejos, aunque en la práctica llena de errores comunes, la acción constitucional dorada de nuestra carta magna, y es por esto mismo, por lo que no solo este, sino en términos generales, los últimos gobiernos quienes la han querido limitar y destruir. Pero pocos se han atrevido a tanto como el actual gobierno que a través del nefasto Decreto 333 del 6 de abril, pretende so pretexto de definir unas supuestas reglas de reparto, que para nada lo son, porque está regulando competencia, secuestrar nuestra acción constitucional más preciada.
Y no me quedo corto al definirla como tal porque en cualquier cafetería, restaurante, parque o mejor dicho, en cualquier parte del país independientemente del nivel educativo de los interlocutores, podemos verificar que en esencia la mayoría no solo saben qué es la acción de tutela, sino que pueden también dar testimonio de sí mismos o de familiares o conocidos que han podido hacer valer sus derechos fundamentales a través de ella, así sea por incidente de desacato o de posterior orden de medida de aseguramiento.
Una acción que imaginó el constituyente del 91 como el gran referente del pluralismo de nuestros imaginarios sociales, colectivos y jurídicos, tan plural que convirtió a todo juez en un juez constitucional que conoce de todos los derechos fundamentales consagrados en la parte dogmática de nuestra constitución, y allí es donde comienzan los errores del mencionado decreto promulgado hace tan solo una semana.
Un decreto que pese a la defensa del propio ministro de Justicia se encuentra regulando una acción consagrada en la constitución, es decir, empezamos con un problema de forma, porque el presidente está asumiendo funciones que no le corresponden y que se encuentran reservadas constitucionalmente al legislador en la expedición de leyes y no de cualquier ley, sino de una estatutaria, según está expresamente referenciado en el artículo 152 de la constitución. Ahora, el presidente supone que simplemente con la expedición de un acto administrativo podrá entonces reglamentar una acción constitucional que protege los derechos fundamentales de casi cincuenta millones de colombianos.
Pero es que el problema no es solo de forma, lo verdaderamente aterrador es el fondo que quieren imponer en contra de las garantías mínimas de los seres humanos en este territorio colombiano. Reducir a un grupo determinado y reducido de jueces problemáticas tan complejas como las pensiones, la salud o los problemas referentes a la restitución de tierras, no solo viola el Decreto 2591 de 1991, cuando otorga competencia a prevención a todos los jueces, sino que, además, secuestra el pluralismo de pensamiento que ha permitido a la Corte Constitucional avanzar y lograr cambios profundos en la protección de los derechos de todos, especialmente de los grupos minoritarios.
Que un grupo de jueces reducido conozca de una sola temática permite en medio de la incertidumbre de formar un solo planteamiento y posición filosófica que desnaturaliza el sentido de la acción de tutela y que se convertirá entonces en un instrumento de conveniencia en favor de los intereses del poder de unos pocos.
Cualquiera que haya leído el precedente de las altas cortes podrá verificar lo plurales que somos y es esa alteridad y esa otredad la que ha permitido precisamente avanzar jurisprudencialmente en la protección de los derechos, labor que en teoría correspondería al Congreso, un Congreso que ni lo ha hecho ni lo hará porque los derechos fundamentales no dan votos, los quitan, porque el camino fácil es solo ser sumisos y obedientes al poder aplastando todo lo que sea contrario.
Finalmente, el decreto es una fiel copia de lo que en días pasados hizo un expresidente y exsenador para huir a la justicia, eligió a su juez natural, al que, en su concepción, le convenía. Eso mismo hace este presidente, si es que así debería llamársele, este señor que ahora elige a su juez natural para que decida sobre las acciones de tutela respecto de sus propias decisiones. ¿Conveniencia?, ¿abuso?
Es mucho lo que se puede decir, analizar y profundizar sobre este decreto, a mi modo de ver plenamente inconstitucional y del que con la esperanza más plena, espero su pronta sepultura, pero lo cierto es que para quienes nos gobiernan actualmente, nuestros derechos fundamentales como seres humanos importan nada o poco, porque un gobierno que quiera limitar las garantías constitucionales para defender los derechos humanos, simplemente es de lo más cercano al autoritarismo y al totalitarismo que hemos estado. Y vendrán cosas peores.
