El asesinato de líderes sociales en Colombia: ¿qué papel juega el gobierno de Canadá?
Ottawa, 14 de junio de 2019
Señores(as) parlamentarios(as), estamos aquí presentes, nosotros(as), colombianos(as), defensores(as) de derechos humanos para gritar que en Colombia ¡Nos están asesinando! Nos están asesinando a nuestros líderes, defensores de derechos humanos, de la vida, de las comunidades, del agua, del territorio.
566 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados entre el 1º de enero de 2016 y el 10 de enero de 2019. En los primeros 100 días del gobierno de Iván Duque han sido asesinados 120 líderes sociales. Cada tres días asesinan a un líder social en Colombia. Más de cuatro mil líderes se encuentran amparados bajo la Unidad Nacional de Protección (UNP), es decir, están en riesgo de ser asesinados. Isabel Cristina Zuleta es una de ellas y ya olvidó cuántas veces ha sido amenazada (Entrevista con Isabel Cristina Zuleta, Daniela García Castaño. Mayo 8 de 2019).
Hoy aquí, ante el Parlamento de Canadá, deseamos presentarles, entre tantos, tres casos que vinculan a Canadá y a empresas canadienses con esta dramática situación en Colombia: la incansable lucha de Isabel Zuleta contra el nefasto megaproyecto Hidroituango, que cuenta con importantes capitales de la Caja de Depósito y Colocación de Quebec (La Caisse de dépôt et placement du Québec, CDPQ); la lucha de Francia Márquez, destacada líder de la comunidad afro, Premio Goldman Ambiental en 2018, en cuyo reciente atentado se encontraba presente la profesora canadiense Sheila Gruner; y el caso de la minera Tobie Mining, que recurre a la perversa cláusula de inversión concebida por del TLC Canadá Colombia para extraer la colosal suma de US $ 16.500 millones de dólares en detrimento del fisco nacional.
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Permítannos preguntarles, señoras y señores, ¿alguien en este recinto estaría dispuesto(a) a arriesgar su vida por defender el agua? ¿Alguien en este recinto estaría dispuesto(a) a arriesgar su vida por defender su territorio? ¿Alguien en este recinto estaría dispuesto(a) a arriesgar su vida por defender los derechos de su comunidad?
Todos los días de su vida, Isabel Cristina Zuleta —lideresa de Ríos Vivos— arriesga su vida por defender el agua, el territorio, los derechos de su comunidad. Ella lucha contra Hidrotituango, un megaproyecto hidroeléctrico que cuenta con una importante financiación canadiense.
Según la revista de negocios Portafolio de Colombia, Roberta Brzezinski, administradora principal de Mercados Emergentes de la Caja de Depósito y Colocación de Quebec (CDPQ), afirma que esta entidad quebequense tiene una línea de crédito por US$1.000 millones para Hidroituango (Llegarán recursos canadienses al proyecto Hidroituango, Portafolio, 11 de enero de 2018).
El megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango fue impuesto con una gran violencia en Colombia. Se buscaba despejar el territorio y bajar los costos de producción asociado a las indemnizaciones, desplazando así con violencia a las poblaciones establecidas en el río Cauca, el segundo río más importante de Colombia del que dependen cerca de 10 millones de personas. Según algunas fuentes, en los 12 municipios afectados por Hidroituango, los paramilitares perpetraron 62 masacres (Contagio Radio, martes 23 de enero de 2018). Otras fuentes hablan “de 100 masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas” (La muerte de Hugo y Luis, dos líderes que se enfrentaban a Hidroituango, Semana, 14 de mayo de 2018). Con la inundación del cañón del río Cauca las Empresas Públicas de Medellín (EPM) buscan enterrar la verdad: “se cree que hay entre 300 y 600 víctimas enterradas de 62 masacres cometidas por paramilitares” (Prensa Rural, martes 23 de enero de 2018).
La última ordenanza que firmó Álvaro Uribe Vélez —expresidente y actual Senador de Colombia— como gobernador de Antioquia en 1997, fue la creación de la Sociedad Promotora Hidroeléctrica Ituango. Ese mismo año ocurrió la masacre del Aro (Luis Montenegro, Colectivo de abogados José Alvear Restrepo). Según William de Jesús Gutiérrez, activista de Ríos Vivos Antioquia “Álvaro Uribe coordinó una serie de asesinatos y masacres en el bajo Cauca antioqueño para imponer el proyecto Hidroituango” (Véase video).
El 15 de mayo de 2019 —10 años después de que este Parlamento ratificara el TLC Canadá-Colombia, firmado por Uribe y Harper—, el exfiscal general Eduardo Montealegre alertó al país acerca de las investigaciones nacionales e internacionales que cursan en contra del expresidente Uribe, a quien se le atribuyen crímenes de guerra y de lesa humanidad durante su “tenebrosa administración”, y aseguró que en los próximos días entregará una exhaustiva investigación que demostrará la responsabilidad del senador Álvaro Uribe Vélez en las masacres del aro y la granja (Humana Radio, 15 de mayo de 2019).
Isabel Zuleta resume así la actual crisis de las comunidades afectadas por este nefasto megaproyecto hidroeléctrico: “a pesar de que sufrimos la aterradora manera en la que EPM y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) han despreciado todo lo bello del territorio, han destruido la cultura, la comunidad, la pesca, el barequeo, la tranquilidad, el bosque, los animales... Nunca nos imaginamos que fueran a llegar hasta el punto de suspender la vida, de sembrar la zozobra con el martillo del sin futuro. Más de un año sin saber qué pasará con un territorio enorme, como si Colombia se hubiese olvidado de nosotros o simplemente no fuéramos de Colombia” (Colombia carece de consenso social sobre lo inadmisible, Semana Sostenible, 19.05.24).
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El 4 de mayo de 2019, Francia Márquez, destacada líder de la comunidad afro, Premio Goldman Ambiental en 2018, junto con un grupo de 15 personas más, sobrevivió a un atentado contra su vida el día en la región del Cauca, Colombia (Semana, Contagio Radio, El Tiempo, El Espectador, France24). Es presumible que este atentado esté asociado a los recientes y graves señalamientos del ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez por medio de los cuales induce a masacrar a los miembros de la minga, según denunció Luis Fernando Arias, consejero mayor de las ONIC (Luis Fernando Arias, consejero mayor de las ONIC).
“Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre, es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”, había declarado el senador Uribe en un tuit el 7 de abril de 2019, aproximadamente un mes antes de este atentado.
En este atentado estuvo presente Sheila Gruner, profesora Asociada de la Universidad de Algoma (Ontario, Canadá) y profesora Visitante de la Universidad Javeriana (Bogotá). La profesora Gruner narra su experiencia en este grave atentado:
“El atentado —con granadas y tiroteo— iba dirigido contra algunos de los líderes sociales más destacados del movimiento negro y étnico-territorial en Colombia. Francia Márquez representa la Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales. Carlos Rosero, es miembro del Proceso de Comunidades Negras (PCN), jugó un papel fundamental en la elaboración de la Ley 70 de 1991, y es un líder de alto reconocimiento al interior y exterior del
movimiento negro. Allí también se encontraban reunidas importantes mujeres y hombres pertenecientes a organizaciones reconocidas a nivel regional, nacional e internacional, incluyendo a Víctor Hugo Moreno Mina, Consejero Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (ACONC) y Clemencia Carabalí de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM) y del Movimiento Nacional Social y Político de Mujeres Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales en sus identidades diversas, entre otros. Tres de los líderes ya tenían esquemas de seguridad (carros blindados y escoltas) porque ya habían recibido amenazas contra sus vidas por el trabajo en derechos humanos, étnicos y territoriales que vienen desarrollando en el país. Gracias a la reacción de sus escoltas, lograron evitar una masacre. Tres menores estaban presentes, incluyendo una niña de tres años. Todos los lideres(as) presentes hacen parte del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiana (CONPA), que jugó un papel clave como red integrante de la Comisión Étnica para la Paz y los Derechos Territoriales, en el desarrollo e inserción del Capítulo Étnico del Acuerdo final de Paz. Esta agresión armada es considerada un atentado contra la paz, contra el capítulo étnico y un intento por borrar los importantes avances del movimiento negro en cuanto a los derechos políticos y territoriales logrados durante las últimas 2 décadas”.
“El Norte del Cauca es una zona donde existe minería ilegal e inconstitucional (sin consulta previa libre e informada de las comunidades), así como donde se ha incrementado la producción de coca de uso ilícito. Es una región marcada igualmente por megaproyectos y parques industriales. Los líderes(as) y sus organizaciones representadas aquél día vienen luchando durante años para acabar con las economías ilícitas y dañinas en sus territorios y comunidades. También hacían parte de la Minga −una importante movilización para exigir al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos logrados en 2016. Precisamente el 4 de mayo se encontraban reunidos preparando una negociación con el gobierno colombiano que tendría lugar pocos días después, con el fin de exigir el cumplimiento de los acuerdos logrados previamente. La reacción del gobierno nacional frente el atentado del 4 de mayo fue ofrecer el aumento en los esquemas de seguridad, pero ha faltado el compromiso real de abordar los determinantes de la violencia en esa zona del país. Ha faltado reglamentar la Ley 70, cumplir con las órdenes del auto 005 e implementar el capítulo étnico”.
Muy poco después de este atentado, uno de los voceros recibió una amenaza de exterminio: “es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes” (Semana, 6 de mayo de 2019).
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La perversa cláusula de inversión, concebida en el TLC Canadá-Colombia, permite a las mineras canadienses presentar demandas leoninas contra el Estado colombiano. La canadiense Cosigo Resources (Tobie Mining) demandó a Colombia por la colosal suma de US$16.000 millones de dólares estadounidenses, equivalente a unos 50 billones de pesos, o la quinta parte del presupuesto nacional en 2017. Después de que esta minera hubiese ‘invertido’ escasos US$ 20.000 dólares, alega una supuesta “expropiación” de un título minero que quedó sin efecto, puesto que había sido concedido en el parque nacional Yaigoje-Apaporis y pocos días después fue retirado por la autoridad ambiental colombiana. Según cálculos de la transnacional, sus perjuicios económicos serían equivalentes a la fabulosa suma mencionada (La minera que pide 16.500 millones de dólares de indemnización a Colombia. Semana, 6 de noviembre de 2017). La Tobie Mining no se llevará el oro que planeaba extraer durante 20 años, pero busca llevarse esta fabulosa suma de dinero que representa 20 años de extracción de oro.
Según Francia Márquez, “hasta el año 2016 en el departamento del Cauca habían 236 títulos mineros, que abarcan el 40 % del territorio, localizado en gran parte en el Macizo Colombiano, en tierras indígenas y afrodescendientes. Las empresas extractivas nos están sacando de nuestros territorios. Cuando las comunidades ganan litigios amparadas, por ejemplo, en la Consulta previa, (como es el caso de la Toma, municipio de Suárez, Sentencia T1045A de 2010, donde la Corte revocó la licencia de la AngloGold Ashanti), empezamos a recibir amenazas de muerte que me obligaron a salir forzosamente del territorio. Cuando la justicia falla a favor de la comunidad aumentan entonces los asesinatos, los desplazamientos forzados, la estigmatización de los líderes(as) por parte de los actores armados, aumenta la persecución judicial por parte del mismo Estado, que pretende garantizar más bien los intereses de las empresas. Esas empresas mineras, no solamente nos expulsan de nuestro territorio, no solamente destruyen nuestras vidas, sino que tenemos además que pagarles por esa destrucción. Con los 50 billones que se utilizarían para ‘compensar’ a la Tobie Minning se podría reparar a todas las víctimas de la región del Pacífico del conflicto armado en Colombia (Francia Márquez, 27 de mayo de 2019).
¡Una jugada perversa del TLC Canadá-Colombia! ¿Cuánta desolación y muerte produce este colosal despojo financiero de las arcas del Estado Colombiano?
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El asesinato en curso de los líderes sociales en Colombia puede calificarse de genocidio, peor al ocurrido contra la Unión Patriótica en la década de los 80 y 90, que cobró la vida a más de 1.500 miembros de este movimiento político en todo el país. El ex presidente Juan Manuel Santos, ex Ministro de Defensa de Uribe, reconoció la responsabilidad del Estado en esta persecución, muerte y desaparición de cientos de sus miembros y simpatizantes:
“Quiero hoy expresar en este acto público, como Presidente de la República y como Jefe de Estado, que el exterminio y desaparición de la Unión Patriótica jamás debió haber ocurrido; y reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha” (Exterminio de la UP fue un genocidio. Verdad Abierta, 15 de septiembre de 2016).
Colombia no es una democracia. ¡No! En Colombia vivimos la dictadura más sangrienta llamada Álvaro Uribe Vélez, expresidente y actual Senador de Colombia “aferrado al poder para que el poder lo ampare”:
“masacres como la de El Salado, la de El Aro, los falsos positivos, Barrancabermeja, Tierralta, Chengue, los Montes de María, Tame, Saravena, Soacha, Ituango, la Operación Orión; la de millones de muertos en vida en hospitales; la de cientos de líderes y campesinos que caen a manos de las balas y debido a la fumigación indiscriminada de glifosato o por pertenecer a los partidos de oposición; la de campos arrasados para que entre el ganado y salgan millones de desplazados a morir en las ciudades y pueblos; la de más de 2.000 mujeres asesinadas en lo que va del año” (La dictadura más sangrienta. Beatriz Vanegas Athías, profesora de la Universidad Javeriana. El Espectador, 2 de marzo de 2019).
Cada tres días asesinan a un líder social en Colombia. Desde la firma del Acuerdo de Paz —1° de enero de 2016— han asesinado a 508 líderes sociales en Colombia. Son defensores de DDHH, de la vida, del territorio, de la sustitución de cultivos ilícitos, reclamantes de tierras. Luego de la firma del Acuerdo de Paz, constatamos el aumento de las acciones violentas y asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia. Según el Informe anual de 2018, del Programa Somos Defensores, en el 2013 se presentaron 366 acciones violentas, 626 en 2014, 682 en 2015, 481 en 2016 y 560 en 2017. En el 2018 se habrían presentado 805 acciones violentas. Según esta misma fuente, en 2018 hubo 155 asesinatos, lo que representaría un aumento del 43,75% en relación al 2017.
La comunidad internacional, los organismos de DD. HH., las organizaciones civiles y los gobiernos democráticos vemos con gran preocupación la escalada de la guerra de baja intensidad a la que está siendo sometida nuevamente la población civil en Colombia, tal como se vivió durante los dos periodos del nefasto gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010.
Según Erika Rojas, relatora de Amnistía Internacional para las Américas, “el asesinato de quienes defienden los derechos humanos está destruyendo el tejido social de las comunidades que históricamente han enfrentado cruelmente las consecuencias del conflicto armado, y ahora se encuentran en mayor riesgo por la reorganización de grupos paramilitares que se reciclan y reemergen con fuerza, reviviendo el sufrimiento causado en el país”. Amnistía Internacional, la ONU y las Cruz Roja Internacional han llamado la atención, acerca de la frágil situación de los(as) líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos.
El presidente Iván Duque, con menos de un año en el poder, ha promovido una estrategia esencialmente de militarización del territorio colombiano dentro de la llamada “Paz con legalidad”. A pesar de la militarización, los grupos paramilitares accionan casi con toda libertad, amenazando no solo a líderes sociales sino también a opositores políticos, como ha sido el caso de los integrantes del movimiento político de oposición “Colombia Humana” y muchos(as) campesinos(as) que defienden el territorio, que piden el cumplimiento del acuerdo de paz, o que lideran procesos comunitarios en defensa de sus comunidades.
Como lo señala el informe de derechos humanos en el marco del Tratado de libre comercio Canadá- Colombia (TLC-CC), la impunidad es de las más altas en el mundo, ocupando el puesto 9º dentro del conjunto de naciones. Los entes judiciales no ejercen su labor de investigación y enjuiciamiento de los actores intelectuales, hecho que acrecienta su capacidad del accionar criminal contra los(as) líderes(as).
El partido de gobierno ataca sistemáticamente a los(as) defensores(as) de derechos humanos y líderes(as) sociales, estigmatiza sus protestas y obstaculiza el desarrollo de las instituciones pactadas para alcanzar la paz. Como ustedes igualmente lo señalan en su reporte acerca del TLC-CC, sus acciones generan fuertes problemas de seguridad para la gente que desde las regiones sigue respaldando el proceso de paz.
En un reciente artículo, el New York Times presenta la represión del Ejército colombiano a un nivel semejante a la desatada en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, que produjo el asesinato de miles de jóvenes inocentes por parte del ejército colombiano y luego presentados como guerrilleros dados de baja (Colombian Army’s Kill orders put civilians at risk, Officers say. New York Times, mayo 18 de 2019 ).
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A lo largo del proceso de aprobación —por parte del Parlamento canadiense— del Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia (TLC-CC), SOS-Colombia, una coalición de diferentes movimientos y organizaciones sociales y sindicales de Quebec y del resto de Canadá, junto a grupos de oposición política, principalmente el Nuevo Partido Demócrata (NPD) y el Bloque quebequense, lideró una firme oposición al TLC-CC.
“Ratificar un acuerdo comercial con el régimen de Uribe no es la mejor manera de dar prioridad a los derechos humanos y a la democracia en las Américas: es negar los valores y los principios que defendemos profundamente”, afirmaron entonces representantes de SOS-Colombia. (Protestas en Montreal y Ottawa contra la visita de Uribe y contra El TLC Canadá-Colombia, 13 de junio de 2009).
A la semana siguiente a la ratificación del TLC Canadá-Colombia, asesinaron a José Reinel Restrepo, cura párroco de Marmato. El sacerdote “lideraba un movimiento cívico en Marmato (junto con pequeños mineros) que rechazaba la explotación de oro a cielo abierto. Fue él mismo, junto con el comité prodefensa de Marmato, quien instó a las comunidades a organizarse para oponerse a los propósitos de los grandes mineros. Su asesinato está en la impunidad. La minera canadiense Colombia GoldFields Ltd, estaba detrás de la explotación de oro en Marmato. Según sus cálculos, esperaban sacar de allí 20.000 millones de dólares (Canadian mining in Colombia, Documental CBC, 31 de marzo de 2008).
¿Coincidencia?
El diputado Peter Julien (NPD) denunció entonces ante el Parlamento canadiense el hecho de que el gobierno de Harper, con el apoyo de los liberales, estaba tendiendo el tapete rojo al régimen de Álvaro Uribe, a quien calificó de tener el peor récord del hemisferio en materia de violación de los derechos humanos y a quien, según “un informe publicado por la Agencia de inteligencia de EE. UU., describe como un político que se dedicó a colaborar con el cartel de Medellín a altos niveles del gobierno, y quien era amigo personal de Pablo Escobar” (U.S. Intelligence Listed Colombian President Uribe Among Important Colombian Narco-Traffickers in 1991).
Los procesos extractivos en Colombia —de oro, carbón, madera, etc.— profundizados a raíz de la firma del TLC Canadá-Colombia, han exacerbado la violencia contra los líderes y las comunidades que se oponen a tales procesos. Tal como fue concebido, el TLC Canadá-Colombia está contribuyendo al saqueo de los recursos de nuestro país, al empobrecimiento de las comunidades, a la destrucción del medio ambiente y la exacerbación de la violencia.
¿No debería el gobierno de Canadá preocuparse seriamente por sus inversiones en Colombia? ¿No debería proteger no solo sus intereses económicos sino contribuir a proteger la vida y los derechos humanos de los colombianos?
Cuando los negocios son limpios, sostenibles, cuando se realizan con contrapartes honestas para el beneficio mutuo, en búsqueda del bien común, es posible jugar un rol positivo en el desarrollo —más allá de las empresas— de la sociedad en general. Cuando se hacen negocios con contrapartes oscuras, involucradas en graves crímenes de lesa humanidad, en la violencia, en el saqueo de recursos, en el desplazamiento y destrucción de comunidades, ¡cabe preguntarnos si se es más bien cómplice!
¿Qué papel desean jugar los líderes políticos de este Parlamento ante este genocidio? ¿De qué lado de la historia quiere estar el gobierno de Canadá?
Exigimos al Parlamento y al gobierno canadiense actuar ya con toda la eficacia posible para garantizar la protección y la vida y los DDHH de los líderes sociales en Colombia expuestos a la violencia subyacente a los procesos extractivos y a cualquier proceso comercial bilateral que se desarrolle entre nuestros países.
¡La vida y los derechos humanos están por encima de los negocios!
Por todo lo anterior, las organizaciones de colombianos aquí firmantes, solicitamos al Honorable Parlamento de Canadá et de las Américas:
- Se realice una sesión de urgencia sobre los derechos humanos en Colombia.
- Que se nombre una Comisión de verificación de los compromisos adquiridos por Colombia en materia de derechos humanos con la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, consignados en los informes anuales de derechos humanos, posteriores a la firma del TLC, el 21 de noviembre del 2008 y de su entrada en vigor el 15 de agosto del 2011.
- Solicitamos la reapertura del programa de refugio para líderes colombianos que se encuentran amenazados y en peligro de muerte en Colombia.
- El seguimiento, control y vigilancia a los daños económicos, sociales y medioambientales que las empresas y mineras canadienses están produciendo en ciertas regiones de Colombia, y que son objeto de denuncia por parte de los defensores de derechos humanos, por lo que ponen en peligro su vida, hecho que no debe ser indiferente para el gobierno de Canadá, por medio de la puesta efectiva del Ombudsman sobre las compañías mineras en el extranjero.
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Organizaciones firmantes
- Ríos Vivos Colombia
- Asociación de Barequeros del Bajo Cauca ABC
- Asociación de pequeños mineros y pescadores de Puerto Valdivia AMPA
- Asociación de Pescadores Unidos del Barrio la Esperanza Caucasia ASOPESCA
- Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM)
- Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos de las veredas Orejón, Chiri y Buena Vista de
- Briceño (ASVAM ORCHIBU)
- ASOMIAVAL Asociación de pequeños mineros artesanales de ValdiviaASOMINSAB Asociación de barequeros, pescadores y agricultores de Sabanalarga
- ASVAM Briceño
- ASVAM El Aro
- ASVAM Ituango
- ASVAM Puerto Valdivia
- ASVAM San Andrés
- ASVAM Toledo
- Bocachicos Asociación de pescadores, Barequeros y agricultores del K14 y k15 de Valdivia
- Arnold August, periodista y escritor, especialista en América Latina, Montreal
- Asociación de Víctimas del Conflicto Colombiano – Canadá (ASOVICA)
- Cabildo indígena Káamash Hu de Barranquilla
- Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales - Colectivo CASA (Bolivia)
- Colombia Conciente
- Colombia Humana New Jersey
- Colombia Humana New York
- Colombian Action Solidarity Alliance – CASA
- Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
- Comité international pour la VIE et les droits humains en Colombie (CIVDH)
- Foro Internacional de Víctimas - Capítulo Canadá
- Juventud Ecologista en Acción - JEA 2.0
- Nordik Institute, Algoma University
- Proceso de Comunidades Negras
- Projet accompagnement solidarité Colombie (PASC)
- Red Alas Bolivia
- Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – RENAMAT
- Somos Uno Solo / Arraigo
- Víctor Daniel Beltrán Escobar, Líder Social, Miembro de ACONC (Asociación de Concejos Comunitarios del Norte del Cauca)
