"Mexicanización" es el término usado hoy en día que describe el empoderamiento del narcotráfico y la criminalidad y su penetración en las estructuras del Estado, junto a un notorio aumento de la violencia. Hoy México, como lo describe un reciente artículo del portal Scielo, es “un país lastrado por el narcotráfico y la violencia, con altos niveles de corrupción y con tasas de desempleo que van en aumento, igual que las desigualdades sociales, que en lugar de reducirse se van haciendo cada vez mayores.”
De acuerdo con un mapa trazado por las autoridades mexicanas, 16 organizaciones criminales conforman la geografía del narcotráfico en México. En este documento, el gobierno mexicano considera a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como los de mayor impacto. Sobre el primer grupo — del que se sabe, es el clan más antiguo establecido en México—, las autoridades identificaron una presencia clara e importante en las entidades de Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Durango y Coahuila.
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Parece ser que existe un convenio firmado por varios ministros, comprometiéndose a que no habrá consecuencias legales contra los miembros de la "Guardia Campesina del Caquetá"
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En Colombia es perfectamente conocido que sobre parte importante del país ejercen control los 49 grandes carteles de la droga y minería ilegal. En estos últimos días ha ocurrido un preocupante evento y es la aparición, aupadas y reconocidas por el gobierno actual, de las autollamadas "Guardias Campesinas". En esta administración dichas organizaciones tácitamente tienen derecho a realizar "retenciones de personas, de soldados y de policías". El Ministro del Interior Alfonso Prada asimila a las Guardias Campesinas con las también llamadas "Guardias Indígenas". Craso error, ya que esta últimas son autoridades étnicas y solo pueden actuar en los resguardos indígenas. Como comenta en reciente artículo Francisco Becerra, “En ninguna parte de la historia de nuestro largo proceso republicano se habían legalizado "Guardias Campesinas".” Darles facultades para "hacer cercos humanitarios” y, mucho menos, dar justificación para "retener" a ningún ciudadano, es inconcebible. Parece ser que existe un convenio firmado por varios ministros del actual gobierno, comprometiéndose a que no habrá consecuencias legales contra los miembros de la "Guardia Campesina del Caquetá".
Después de lo ocurrido en el Caquetá, existe hoy una percepción general entre los colombianos de que alianzas entre el crimen organizado, el narcotráfico y ciertas organizaciones campesinas e indígenas, se les han salido de control a las autoridades. El permitir, aunque sea solo de manera tácita, que estas organizaciones secuestren y asesinen con total impunidad es la palpable demostración que avanzamos muy rápidamente en la “mexicanización” del país. El empoderamiento del narcotráfico y la criminalidad y su penetración en las estructuras del Estado en Colombia es más que evidente.
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Apostilla: Según reciente informe del gobierno de EE. UU. al Congreso en relación con su lucha antinarcóticos, el régimen de Maduro depende cada vez más de las rentas del narcotráfico, junto con otras actividades ilícitas, para mantener su control ilegítimo del poder. “La falta de cooperación en el control internacional de las drogas del régimen, la usurpación del sistema judicial, militar y de los servicios de seguridad para fines ilícitos, la corrupción pública y la cooperación con actores armados no estatales y elementos criminales proporcionó las condiciones ideales para las operaciones de narcotráfico y la violencia asociada" caracterizan dicho régimen. En esta administración, sin embargo, la política externa es acercarnos cada día más a Venezuela y su gobierno de delincuentes y narcotraficantes.