Apenas duró cinco meses, sin ningún resultado, el Plan Integral de Búsqueda de la Fiscalía que en el 2015 buscaba dar con los restos de al menos quince desaparecidos que se encuentran en el sitio conocido como La Escombrera. La búsqueda se emprendió debido a las promesas retrasadas de la administración de turno frente a la presión de las víctimas y ateniéndose a las declaraciones de Juan Carlos Villa Saldarriaga, quien fue uno de los fundadores del frente Cacique Nutibara, liderado por don Berna, y que ahora se encuentra retenido en la cárcel La Picota.
Al saber sobre las cientos de denuncias de las familias de los desaparecidos y testimonios de los excombatientes paramilitares, que señalaban este sitio ubicado entre la comuna 13 de Medellín y el corregimiento de San Cristóbal, es inevitable no preguntarse por las razones que han excusado a las diferentes alcaldías para no proceder debidamente clausurando el lugar, a fin de emprender una búsqueda de los más de 100 desaparecidos sin la dificultad de convivir con las toneladas de escombro que se depositan cada vez en el terreno.
Cuando hablamos de La Escombrera nos referimos quizá a la fosa común, ubicada en un sector urbano, más grande del mundo. Es el sitio delegado para el almacenamiento de los escombros que produce la ciudad, negocio que durante décadas ha generado altas y jugosas ganancias, y cuya administración está en manos de la alcaldía. Se sabe que los paramilitares la usaban en sus asesinatos selectivos durante el periodo conocido como la “Donbernalización”, con el fin de enterrar a sus víctimas y desaparecerlas.
Pero dejada atrás esta época recordada, entre muchos hechos, por la Operación Orión del 16 y 17 de octubre del 2002 —acción que correspondió a la primera maniobra militar expresidente Álvaro Uribe Vélez y en cabeza de su ministra de defensa, hoy vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez—, solo fue posible hasta el año 2013 que la sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín ordenara clausurar La Escombrera, a pesar de todos los recursos judiciales que por años interpusieron las diferentes organizaciones lideradas por las víctimas. Orden que se ha entrado por un oído y se ha salido por el otro.
Esto significa que por más de quince años, a sabiendas de que es un lugar donde se conservan los restos de más de cien desaparecidos, las diferentes administraciones no han hecho algo para que se deje de lanzar más escombros en el sitio, los cuales dificultan día a día la posibilidad de hallar los cuerpos de los desaparecidos; sepultando bajo más y más toneladas de piedra y polvo la posibilidad de estas personas de encontrar el paradero de sus seres queridos. De esta manera no solo hay impunidad sino que en aras de mantener funcionando un buen negocio para la alcaldía, con la omisión, las administraciones han actuado como cómplices de toda la violencia.
En un mismo sentido, con lo sucedido recientemente en la represa de Hidroituango, la atención nacional se ha volcado, medianamente y con censura, en una grave crisis que responde a la misma lógica perversa de anteponer los intereses económicos, obedientes a una visión del desarrollo particular, de los derechos del medio ambiente, los derechos humanos y del derecho de las víctimas y de la sociedad en general, de que se sepa la verdad.
Aproximadamente durante los ocho años que lleva de construcción de la represa, las personas de las comunidades aledañas se han quejado porque con el proyecto serán inundadas tierras en donde existen cientos de fosas comunes que fueron dejadas luego de años de guerra. Lo peor es que a pesar de que las familias conocen las zonas donde podrían estar enterrados los restos de sus seres queridos, las autoridades no han querido proceder en ayudar con la búsqueda.
También hay que mencionar que este año fueron asesinados misteriosamente Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres, que luchaban desde La Asociación de Víctimas y Afectados por Mega proyectos (ASVAM) y la Asociación de Pequeños Pesqueros y Mineros de Puerto Valdivia (AMPA), respectivamente, quienes se oponían a este mega proyecto debido al daño ecológico y al daño económico que estaba causando en las comunidades.
El caso de Hidroituango parece estar condenado, como la mayoría de este tipo de proyectos, a la impunidad y el blindaje de los responsables políticos. A pesar de que se conocía sobre las irregularidades de la licitación, además de que se habían recibido muchas advertencias de expertos nacionales e internacionales por el hecho de hacer un proyecto de estas envergaduras en una zona con falla geológica; y también se sospechaba que incluso los paramilitares pudieron haber beneficiado con desplazamientos la realización del proyecto, teniendo en cuenta la extraña constitución de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A, luego de que se hicieran desplazamientos en la zona por parte de los paramilitares —empresa promovida por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez—, finalmente el proyecto hizo caso omiso con los terribles resultados del presente, y ha tratado de amortiguar la atención pública en complicidad con muchos actores políticos e institucionales involucrados, incluso la EPM y algunos medios.
Juntos casos, La Escombrera y la represa Hidroituango, que además se ubican en uno de los territorios más golpeados por la violencia y que son estratégicos para los intereses económicos de legales e ilegales, parecen corresponder a una lógica macabra de anteponer la avaricia a la protección de la vida. Poner una visión de desarrollo que no tiene rostro humano por encima de la necesidad de verdad y justicia. Obedecen a una lógica de sepultar e inundar, en estos casos, con los escombros que produce la ciudad y con las aguas destinadas a la generación de energía, la memoria de cientos de desaparecidos.
Juntos son un ejemplo de en dónde quedan las verdaderas prioridades de nuestros queridos gobernantes.
