No, no soy corrupto ni mucho menos apoyo la corrupción. Promover la abstención a una consulta populista no me hace cómplice de estos actos reprochables. Como todos los colombianos rechazo la corrupción, en todas las formas, que desangra día a día a nuestro país. Como todos los colombianos quiero ponerle fin a este flagelo, pero la consulta no es, ni de cerca, la solución al problema.
El próximo 26 de agosto se llevará a cabo la consulta anticorrupción promovida por el Partido Verde, y liderada por Claudia López. A través de 7 puntos, se le preguntará a los ciudadanos si apoyan bajarle el sueldo a los congresistas, limitar sus períodos legislativos, una mayor transparencia en la contratación, sanciones drásticas a los corruptos, etc. Por encima todo parece perfecto. ¿Qué colombiano diría que no a estas preguntas? ¡Ninguno!
Lo que no dicen los promotores de la consulta es que de los 7 puntos 2 no pueden ser reformados mediante una consulta popular, pues hacen referencia a cambios constitucionales. Y son precisamente los puntos más llamativos de la iniciativa: bajar el sueldo de los congresistas y limitar su permanencia a máximo 3 periodos legislativos. Estos artículos son el 187 referente al sueldo, que está sujeto al aumento de los salarios de otros altos funcionarios del Estado y el 179 referente a las inhabilidades de los parlamentarios, pues en la Constitución no se prohíbe su reelección.
Solo hay tres formas de cambiar la Constitución: a través de un acto legislativo en el Congreso, un Referendo o una Asamblea Nacional Constituyente. El mandato de la consulta será que se tramite en el Congreso, en el término de un año, una ley que incluya los 7 puntos de la iniciativa. Y ahí precisamente está el problema: una ley no puede modificar la Constitución.
Entonces ya no son 7, sino 5, los puntos que realmente pueden ser tramitados en el Congreso sin que la Corte Constitucional los declare inexequibles. Pero, lo que no dicen los promotores de la consulta es que esos 5 puntos ya están en la legislación colombiana.
Si como sabemos, en muchos casos estas leyes no se cumplen, ¿qué nos hace pensar que la promulgación de otra ley, producto de la consulta y además redundante en la legislación, si se cumplirá?
Además la dichosa consulta no soluciona el problema de fondo de la corrupción. Se centra en los congresistas como si la corrupción fuera exclusiva de la rama legislativa. No, este mal afecta a todas las ramas del poder público. ¿Qué decir del escándalo de corrupción en la rama Judicial conocido como el Cartel de la Toga? ¿O del reciente escándalo en la rama Ejecutiva con el dinero del posconflicto, conocido como el Cartel de la Paz? De eso nada soluciona la iniciativa de Claudia López.
La consulta anticorrupción le cuesta al Estado, o sea a los colombianos, alrededor de $300.000 millones de pesos. Es una irresponsabilidad hacer gastar semejante cantidad de dinero en una consulta que no soluciona de raíz el problema y que ni siquiera puede ser considerado pañitos de agua tibia. Claudia López lo sabe y aun así, a punta de tachar de corruptos a quienes no la apoyan, orilló a los colombianos a semejante derroche.
El país necesita soluciones reales, no populismo. Saber que la consulta no solucionará nada y aun así hacer gastar tal cantidad de dinero se llama derroche y este también es corrupción. Mentirles a los colombianos haciéndoles creer que la iniciativa es la solución de todos los males también es corrupción. Utilizar la bandera anticorrupción con fines electorales también es corrupción.
Mi conciencia está tranquila y a costa de ser graduado de corrupto, el 26 de agosto no salgo a votar la consulta. No voy a legitimar con mi voto los caprichos de Claudia López. Sobre ella debe caer la responsabilidad política de semejante derroche que no tendrá ninguna consecuencia más allá del beneficio personal de apalancar su candidatura a la alcaldía de Bogotá. Conmigo no cuenta, ¿y con usted?