El pasado 12 de abril se dio a conocer públicamente la aprobación de la licencia ambiental otorgada a la empresa HUPECOL Operating LLC Co. por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales --ANLA-- la cual permite realizar exploraciones de pozos petroleros en áreas próximas a los Parques Nacionales Sierra de La Macarena, Tinigua y Parque de Los Picachos. Desde julio del 2011, dicha empresa ha estado tramitando la licencia otorgada, ha realizado los procedimientos planteados en la ley y entregado, al parecer, los Estudios de Impacto Ambiental EIA, exigidos legalmente para que el proyecto fuese posible. La comunidad de los municipios en los cuales se realizaría la intervención exploratoria han manifestado fehacientemente su rechazo, pues esta representa una amenaza al ecosistema --protegido mediante los Parques Naturales-- a las cuencas hídricas presentes en el territorio, reconocidas por el río de los cinco colores: Caño Cristales y en suma por las posibles consecuencias socio-económicas que impactarían a las cabeceras municipales cercanas al lugar de exploración.
Según información entregada por el diario El Espectador, aunque la zona delimitada para exploración no está dentro de la zona protegida por Parques Nacionales, se encuentra muy cerca de los nacimientos de los ríos Guayabero, Duda y Lozada; cuestión que definitivamente afectaría el afluente hídrico que conduce a Caño Cristales. De igual forma, a partir del comunicado emitido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a través de un gráfico muestra la cercanía de dicha área a los Parques Nacionales inicialmente mencionados, además de mostrar su clara cercanía y relación con el Río Lozada. En este caso, para argumentar la lejanía del área otorgada y el afluente de Caño Cristales, se realiza una línea recta sobre el mapa, indicando la distancia de 68 km entre un punto y otro, cuestión que parece ilógica al sentido común, ya que, por una parte se omite que dicha región está llena de corredores hídricos, y que el área concedida está exactamente sobre el Rio Lozada, el cual, conecta casi de manera directa con el Río Guayabero, por ende con Caño Cristales.
Esta situación no es nueva. Dirigentes agrarios de la región de La Macarena, pobladores y pobladoras, organizadas en las asociaciones campesinas y ganaderas, así como intelectuales dedicados a observar de cerca la problemática de la tierra, han determinado que la locomotora minero-energética del gobierno de Juan Manuel Santos (además de la doctrina de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez) tienden a entrar en la región de manera arrasadora, literalmente, sobre los recursos naturales, las poblaciones y el territorio. Ya el reconocido sociólogo Alfredo Molano en el año 2012 escribió una crónica para el diario El Espectador, donde intenta ilustrar, a través de su relato cronista, la problemática de la región. En dicho escrito, el escritor llega a una conclusión de lo que observó en su momento: Las políticas de Rehabilitación y Consolidación Nacional, presentes en la zona desde hace ya varios gobiernos, han sido un rotundo fracaso, pues posiblemente tengan el objetivo de desplazar las y los colonos para facilitar la explotación petrolera y el sembrado de monocultivos para biocombustibles.
Las comunidades, principales contendientes a los intentos de entrada de grandes empresas minero-energéticas y turísticas en la región de La Macarena, se han pronunciado en diferentes ocasiones para rechazar de manera tajante el proyecto avalado ayer por la ANLA, el cual representa un intento más por desarraigar a los y las pobladoras, de sus territorios. Hace un año exactamente, posterior a la marcha del 9 de Abril, el Semanario VOZ logró entrevistar al dirigente ambiental y agrario Erley Monroy Fierro, quien en sus declaraciones afirmó que la entrada de las empresas petroleras en la región garantizaban de facto la desaparición del agua presente en el territorio. Así mismo, tanto los líderes regionales, como las mismas leyes constitucionales, obligan a las empresas e instituciones encargadas del trámite ambiental a consultar a la población antes de realizar cualquier intento de intervención sobre la tierra. De esta manera se han realizado, por iniciativa popular, cabildos abiertos y reuniones para informar a las y los pobladores de los impactos que este tipo de proyectos tendrían sobre el ambiente y la sociedad que allí confluyen.
Así mismo, en los escritos de prensa y comunicados publicados en estos días por la ANLA, se habla de la realización de Audiencias Públicas previas a la expedición de la licencia ambiental entregada el día 18 de Marzo de 2016. Según el documento mismo de la licencia-- que entre otras cosas contiene las coordenadas puntuales de la zona delimitada, así como los procedimientos a realizar, y que incluso, contiene errores de georreferenciación-- la audiencia pública fue solicitada el día 30 de Abril de 2015 (más no realizada, como se explicita en el comunicado publicado) y se realizó el día 4 de Julio del mismo año, con una reunión informativa previa realizada el día 13 de Junio del 2015. En dichas reuniones, la comunidad dejó claro que no respalda el proyecto presentado por HUPECOL Operating LLC Co. y se manifestó por medio de acciones directas populares, comunicados y entrevistas públicas en contra de este proyecto. Incluso, declaraciones de la misma gobernación del Meta, dan a entender que dicho proyecto no es de la simpatía de las autoridades gubernamentales, y que aunque no están en contra del sector de Hidrocarburos, se declararon en contra de la exploración en dicha área territorial:
Históricamente, se ha visto que la ANLA ha entregado licencias ambientales a empresas extractivistas en territorios protegidos legalmente, yendo incluso en contra de la Constitución Nacional. No ha habido en realidad un control serio por parte de esta institución a las empresas privadas en su accionar, además de una revisión de la rigurosidad en los Estudios de Impacto Ambiental, la cual ha quedado en serios cuestionamientos, ello derivado de, la muy reprochable, actuación por parte de empresas dedicadas a la extracción de riquezas naturales en todo el territorio nacional. Saltan a la vista las consecuencias ambientales que dichas actividades han generado, y que en varios escritos se han destacado como graves deterioros a los que deben aplicarse la ley rigurosamente. Igualmente, en investigaciones universitarias, se han demostrado las fallas en las que ha incurrido la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para el otorgamiento de las licencias, lo cual pone, de hecho, un sustento académico para la reconsideración de los proyectos avalados por esta autoridad.
En este sentido, debe quedar claro que lo manifestado por la población de la región no ha sido recogido en la entrega de dicha licencia ambiental. Se necesita que los estudios realizados sean revisados de manera rigurosa, e incluso, es el momento de reconsiderar la forma como las autoridades ambientales están entregando las licencias ambientales a las empresas interesadas en la extracción de Nuestros recursos. No es posible seguir tolerando deterioros como los que se han mostrado a simple vista en el departamento del Casanare con la muerte de especies propias de la región; o incluso, tolerar acciones como las que ha realizado la Drummond Ltd en el departamento del Magdalena, en donde los desechos de su actividad son tirados al mar. Podemos quedarnos enunciando proyectos que han atentado gravemente contra la nación Colombiana, sin embargo, ello no aportaría en absoluto a que este tipo de acciones se detengan.
En conclusión, para evitar un daño ambiental irreparable (pues es claro que, aunque se estipule en la Constitución Política en el Artículo 80, los daños ambientales son muy difíciles, incluso imposibles de reparar) es necesario que el conjunto de la sociedad Colombiana dé un vuelco definitivo a la política económica Nacional. No es posible seguir tolerando daños ambientales, sociales, económicos y políticos a costa del muy reducido enriquecimiento por regalías. Claramente este artículo se queda corto al nombrar las graves consecuencias que este proyecto traería a la región de La Macarena. Sin embargo, es un intento por llamar a la acción democrática y ciudadana, legítima y popular; ante las peligrosas pretensiones del Gobierno Nacional con su ‘locomotora extractivista’.
@Iskariote07
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