En Colombia existe una crisis social de grandes dimensiones que los gobiernos maquillan y ocultan a su conveniencia. Según cifras del Dane, más específicamente del informe del mercado laboral, aproximadamente 3.216.000 colombianos se encuentran desempleados, 5.7 millones de connacionales logran obtener el ingreso para su subsistencia de la actividad informal y actualmente más de 16 millones de compatriotas se encuentran en medio de las nefastas y deplorables situaciones que genera la pobreza.
Bajo este panorama desolador se presenta una gran amenaza, el COVID-19, una pandemia que amenaza la salud pública, además de la integridad y subsistencia de las personas; por lo que el gobierno nacional se ha visto en la necesidad de implementar medidas de choque contundentes para prevenir su contagio y propagación. Por eso decretó la cuarentana obligatoria en todo el territorio nacional, agravando con ello la difícil situación económica y social de millones de colombianos que ante las medidas se le imposibilita aún más ganarse su sustento y el de sus familias.
Ante esta realidad se decreta el estado de emergencia y se promulgan otros decretos que garantizan a las personas vulnerables contar con subsidios y ayudas que le aseguren mitigar su precaria situación. Alcaldes y gobernadores proceden en la misma línea y muchos optan por decretar la urgencia manifiesta para tener elementos, facilidades y agilidad en la contratación, para así salvaguardar las vidas y coadyuvar en el sustento de las familias vulnerables, permitiendo con ello el cumplimiento del aislamiento.
Gobiernos territoriales contratan la adquisición de elementos de bioseguridad y mercados para la población vulnerable con el fin de apaciguar su difícil situación. Esto genera la eterna crítica y discusión de siempre, donde se acusa a muchos gobernantes de no entregar las ayudas a las personas que realmente las necesitan, de favorecer solamente a sus aliados políticos y al personal que contribuyó con su elección. Sin embargo, lo más grave y preocupante son las denuncias por sobrecosto en el valor de los contratos, lo que desata una conmoción y especulaciones a nivel general.
No obstante, lo que muchos olvidan, desconocen u omiten son los gastos derivados del contrato que deben cubrir los contratistas, como lo son el pago de estampillas, parafiscales, retefuente, impuestos, póliza de garantías y demás, que deben incluirse en el costo que la entidad debe pagar para que al contratista le sea rentable y no incurra en pérdidas.
Debemos ser objetivos al momento de criticar y denunciar. No podemos pretender que se contrate a precio de mercado, obviando que existe el deber legal de los contratistas de cumplir unas obligaciones. Por ejemplo, en un contrato de $100.000.000 debe asumir en algunos municipios el pago de estampillas del 4% proanciano, 2% prodeportes, 2% procultura, 3% prodesarrollo, 0.5% pro-UPC y 1.5% departamental, lo que representaría un equivalente al 13%, es decir, $13 millones de pesos, sin incluir el pago de seguridad social y parafiscales, gastos de logística, demás tributos y deberes legales.
Que existe corrupción, sí. Que en algunos casos hay sobrecostos, también. Que gobernantes y contratistas aprovechan la crisis para hacer su agosto, es una realidad, pero también es cierto que muchos actúan de manera transparente, honesta y responsable con su comunidad. Por eso debemos estar atentos y vigilantes, así podremos denunciar y realizar criticas bajo un análisis y estudio minucioso de la realidad financiera y legal de la contratación.
