Ninguna organización ha sido tan atacada desde tan diversos flancos y de tantas maneras como las Farc-EP. Nadie en Colombia ha recibido más disparos mortales, ni sufrido tal número de bombardeos, ni contado entre sus integrantes a un número tan elevado en las prisiones. Contra nadie se desataron jamás tantas operaciones de exterminio.
Durante más de medio siglo la furia del Estado, de las clases dominantes, de los poderes establecidos y la gran prensa reaccionaria se desató sin piedad contra militantes y simpatizantes de nuestra organización. No hay crimen que no se nos haya imputado, ni injuria rastrera, ni calumnia escatimada en busca de nuestro desprestigio.
El primer argumento de los voceros del gobierno nacional en la Mesa de Conversaciones de La Habana consistió en afirmar ante los nuestros que en Colombia todo el mundo nos odiaba. Carecíamos de la menor simpatía, no teníamos ni siquiera la más mínima oportunidad en la política. En su parecer, debíamos rendirnos y aceptar de una vez la desmovilización y entrega.
Al igual que en el pasado frente a las aeronaves y metralla enemigas, ante las patrullas de hombres de acero que nos perseguían, o ante las manadas de asesinos paramilitares que sembraban el terror y desplazaban la gente humilde de las regiones donde operábamos, las Farc persistimos, convencidos de la justeza de nuestras razones y banderas.
Sabíamos que contábamos con la admiración y el apoyo de una franja considerable de colombianos, y que con seriedad y firmeza podríamos ampliarla. La prolongada confrontación armada terminó por resolverse en la mesa de diálogos, de manera pacífica, mediante la concertación y sin imposiciones. Se empezó por el reconocimiento de nuestra condición política.
Pensamos que la guerra debe hacer parte del pasado. El Acuerdo Final se firmó entre las Farc-EP y el Estado colombiano, representado por Juan Manuel Santos, presidente de la República y vocero por excelencia de los poderes dominantes. Desde una óptica de clase, el presidente Santos personifica de modo innegable la más rancia oligarquía colombiana.
Pero además el tratado se refrendó por el Congreso de la República y fue avalado por la Corte Constitucional. Los tres poderes fundamentales del Estado concurrieron en su legitimación. Allí se consagró expresamente nuestro derecho al ejercicio político con toda clase de garantías. Si antes hicimos política con tiros, en adelante lo haremos libre, legal y pacíficamente.
También nuestros contradictores tendrán que dejar los tiros. El Acuerdo Final consagró que la violencia no será nunca más instrumento de la política en Colombia. De ahí la necesidad inmediata de implementar el acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo. De demostrar en los hechos que nadie será perseguido jamás por sus convicciones.
Los odios debían dejarse de lado.
Quizás se requerirán años de educación,
de renovación de la cultura política para lograrlo
Los odios también debían dejarse de lado. Quizás se requerirán años de educación, de renovación de la cultura política para lograrlo. Pero mucho se habrá avanzado si al menos los rencores se quedaran en columnas de prensa y debates en plazas y corporaciones públicas, sin pasar a convertirse en crímenes, empezando por los de calumnia e injuria, tan frecuentes.
Pese a ello valdría la pena comenzar por esto último. Las Farc no tenemos problemas en reconocer la dignidad humana de cualquier persona y por tanto el respeto que se merecen nuestros adversarios. El adjetivo infamante, el apodo que denigra, la insinuación perversa, el estigma, la burla grosera, la insolencia del sabiondo y el descaro del ignorante están de más.
Creemos que quienes se encuentran del otro lado de nuestras posiciones deberían proceder del mismo modo. Lo cortés no quita la valiente, dice el conocido refrán, y valdría la pena esmerarse en obrar con altura en la construcción del país que deseamos todos. La resistencia enfermiza a vernos en la escena política del país resulta más que absurda a estas alturas.
No repetiré la lista de horrores que nos adjudican. Si de veras nuestros detractores creen que todo lo que afirman es cierto, contarán con la oportunidad de vernos sometidos a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, el aparato imparcial creado para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto.
Que tendrá las mismas funciones con relación a las imputaciones contra nuestros antagonistas en la guerra. Que la justicia decida es lo más civilizado, y no será la tan desacreditada justicia actual. Aceptamos desde ya sus fallos. Y esperamos que los acepten también nuestros contrarios en cuanto se refieran a ellos. La verdad saldrá a relucir públicamente.
Mientras, debían tomar otra actitud. Congresistas caen en franca bajeza en su oposición a actos legislativos y leyes que elevan los acuerdos a normas. El fiscal sugiere intenciones malignas en nosotros. Columnistas innombrables descargan sus vísceras contra las Farc. Debieran tranquilizarse, la gente no nos quiere y no nos va a seguir. ¿O es que temen que sí?
