No hay duda que es un paso importante el llegar al desarme de las Farc. Incluso se puede considerar que el acuerdo logrado no solo es un éxito sino que aporta elementos adicionales para acercarnos a un mejor futuro.
Pero al rompecabezas de la paz le faltan piezas para quedar armado.
Lo que aparece como constante nuestra es una sociedad enferma que pareciera adicta a la violencia; una sociedad que no es capaz o no busca cambiar; una sociedad que no entiende o no cree que ser el país con una de las mayores desigualdades del mundo genera inevitablemente regímenes represivos, oposiciones violentas y delincuencia generalizada. (Ver Más allá del terror de Luis Carlos Restrepo)
La directriz del país la dan los medios; son un poder ante el cual no es posible despertar el análisis crítico; no existe la opción u oportunidad de compensar su influencia.
Y como es natural funcionan de acuerdo a sus intereses: el económico como empresas, y la promoción personal como individuos. Su éxito y su nivel de aceptación o penetración dependen del manejo del escándalo y la ‘chiva’.
Son jueces –porque se pronuncian y sentencian sobre los temas que tratan- pero sin un marco jurídico que los regule. Suponen o sostienen que operan en un contexto de neutralidad; pero su verdadera naturaleza es que nada escandaliza; son eminentemente pragmáticos en ejercicio de su profesión; tienen todos los derechos y todo se vale.
Si nos guiamos por los antecedentes, el entusiasmo con el cual los medios en distintas épocas han recibido y proclamado los ‘acuerdos de paz’ no han mostrado los resultados esperados en su desarrollo.
La amnistía de Rojas pasó por la muerte de los líderes rebeldes Aljure y Guadalupe Salcedo, y llevó a otro ‘Pacto de Paz’ que fue el Frente Nacional.
De este nacieron los grupos guerrilleros, justificando su existencia en la imposibilidad de expresarse políticamente por vía diferente a la de las armas. Hoy se atribuye centenares de miles de muertes a esa insurgencia.
La toma del Palacio de Justicia y el holocausto producido por la acción de las Fuerzas Armadas tuvieron por causa o pretexto el incumplimiento del Gobierno a lo acordado con el M-19 dentro de lo adelantado en los diálogos de paz de entonces.
Las conversaciones y acuerdos con las Farc y el pacto de la Uribe que debía propiciar la reinserción de ese grupo se frustró por el ya reconocido genocidio de la Unión Patriótica cuando iba a hacer su inserción a la política.
Cuando Gaviria, una ‘Constituyente de la Paz’, proclamada bombardeando al Secretariado de las Farc por no haber aceptado participar en ella, derivó en reasumir el conflicto con ese grupo armado, y el paramilitarismo que acabó siendo un mal bastante peor que el que alegaba combatir.
Ese paramilitarismo acabó tomando su verdadera identidad con el ascenso de Álvaro Uribe que lo desmanteló para reconocerlo como política oficial del Estado en el que ‘todo se vale’.
Hoy nos sostienen que sí es válido ese ‘todo se vale’ cuando no se aplica para la guerra sino para lo que aseguran es la Paz.
Visto como una continuidad histórica, no es un Nobel de Paz lo que garantiza el resultado deseado (la ausencia de Timochenko en Oslo, aún si fue de común acuerdo, no es un buen precedente; ni lo es la explicación de su ausencia ‘para no polarizar más al país; ni los informes y las denuncias sobre amenazas y muertes de los activistas ‘sociales’).
Si algo falta no es el deseo de paz
sino los mecanismos para lograrla
Si algo falta no es el deseo de paz sino los mecanismos para lograrla. A comenzar no solo por el control a los medios sino por una real Administración de Justicia. La nuestra en la práctica ni siquiera existe: en ella no creen los buenos, ni a ella le temen los malos.
Sin que sea un escándalo, tardamos 22 años en comenzar a enterarnos de que la acción de las Fuerzas Armadas en el caso del Palacio Justicia violó todos los principios más elementales de la humanidad: homicidios fuera de combate, desapariciones forzadas, torturas de toda clase, desaparición de cadáveres en ácido sulfúrico, muertos ocultos en fosas comunes...
Todo esto cometido bajo órdenes de generales, coroneles, y ejecutado por personal que va desde suboficiales hasta soldados rasos. Es algo real e inaceptable. (Ver El Palacio sin Máscara de Germán Castro Caycedo).
Hoy pueden ser directores de un partido político o ministros de un gobierno individuos sentenciados por las autoridades del país por Violación a la Moralidad Administrativa (caso de Fernando Londoño y Rafael Pardo). Es algo más que un tema formal. (Ver fallos de la Procuraduría declarando la inhabilidad del primero y la Sentencia del Consejo de Estado, Marzo 05 2015, Ponente Stella Conto Díaz del Castillo).
Pero, siendo todo esto conocido, el país no se escandaliza porque la prensa no considera explotarlo por no beneficiar sus intereses. Un Estado y una sociedad están enfermos cuando pueden convivir con estas situaciones.
La presión sobre la Corte Constitucional para que desistiera de sus funciones en el caso del fast track la sometió como es usual a la presión mediática (la ‘opinión pública’ es la que ellos forman) y nunca se divulgó una sola voz que dijera que lo urgente es que se pronunciaran de acuerdo con lo que dice la Constitución; solo se insistió en que lo urgente de la Paz no permitía contemplar debidamente ese tema.
No hacemos sino repetir los caminos que nos han llevado a lo que estamos: así nació la Constituyente del 91, cuando la Corte Suprema dijo que renunciaba a su función de control constitucional porque los hechos políticos –un supuesto respaldo a una inexistente séptima papeleta- la obligaban a ello. (ver La cara oculta de la Constitución del 91 de Óscar Alarcón)
No se necesita ser Einstein para repetir “nada más tonto que esperar que con las mismas acciones se den resultados diferentes”.
