En Colombia existen 100.000 iglesias, denominaciones, cultos y ministerios religiosos, distintos todos ellos a la iglesia católica, que tienen presencia en cerca de 700 de los 1.600 municipios. Si todos ellos pagaran impuestos derivados de sus ingresos podrían convertirse en una nueva fuente de recaudo, en momentos en que el gobierno y el Congreso buscan garantizar la meta fijada en la reforma tributaria.
Sin embargo, el enorme poder de cabildeo de sus obispos y pastores consiguió que el Congreso desistiera de grabarlos con mayores tributos y despejara así el camino para la aprobación de la reforma.
El dato sobre el número de congregaciones no católicas reposa en un registro actualizado a cargo del Ministerio del Interior. Amelia Rocío Cotes, directora de Asuntos Religiosos de ese despacho, explica que la cantidad de sedes de esas iglesias y confesiones es en realidad mucho mayor, ya que cada una de ellas tiene filiales y sucursales que no están obligadas registrarse por separado.
Los cálculos sobre su potencial tributario lo hacían en vísperas del último debate legislativo expertos del Ministerio de Hacienda y de la DIAN. Según ellos, en 2020 –último año del que hay información consolidada- esas organizaciones declararon ingresos y patrimonios por cerca de $10 billones. Sin embargo, sobre ellos pagaron apenas $500 millones. Esa desproporción es la que hubieran querido corregir los partidarios de subirles los impuestos. Pero fallaron de nuevo en el intento.
El equilibrio podría alcanzarse algún día si las tasas tributarias crecieran en proporción al número de confesiones, que siguen proliferando. De acuerdo con la funcionaria del Ministerio del Interior, las que están registradas corresponden a expresiones de fe tales como cristianas evangélicas y protestantes; del islam, judíos, budistas, hinduistas, y algunas que se apartaron de la iglesia católica hace varios años, como los anglicanos, los ortodoxos, los episcopales y veterocatólicos o viejos católicos.
Desde la época en que estaba vigente el Concordato (tratado entre el Vaticano y el Estado colombiano), la iglesia católica ha gozado de exención de impuestos que podrían llamarse de carácter financiero. Los demás credos invocan el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución para gozar de las mismas gabelas.
Aunque nadie desconoce que algunas iglesias realizan importantes obras sociales, los expertos en materia fiscal consideran que no siempre hay claridad sobre sus ingresos y sobre el destino de ellos. Sin embargo, el enorme poder de cabildeo de sacerdotes y pastores y su influencia política hacen que el Congreso lo piense dos veces antes de subirles los impuestos.
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