El avance científico y su consecuente progreso en el transporte y las telecomunicaciones a escala global, permitieron que, para un sector de la población, se hiciera más fácil viajar a conocer otras culturas, y para la mayoría en América Latina tener acceso digital a ese estilo de vida. Así se explica por qué nadie se cree el cuento de que un Transmilenio hace lo mismo que el Metro de Londres, cuya primera línea fue inaugurada en 1863. Y por esta misma razón, millones de personas en el continente protestan contra las políticas que impiden el desarrollo económico y sobre todo social que otros sí han conseguido.
Las mediciones que realiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que América Latina es, como región, la más desigual del planeta y que Colombia es el cuarto país con la concentración de la riqueza más alta de la Tierra. Esto, en términos generales significa que el 1 % de la población concentra el 20 % de la riqueza. Es decir, 480.000 personas obtienen como ingreso promedio al año $ 230 millones, mientras 47,5 millones reciben $ 9.3 millones en promedio. Asimismo, el 10 % de las empresas concentra el 94,4 % del patrimonio bruto y solo pagan el 1,93 % de tarifa efectiva de impuestos sobre los ingresos brutos, como lo acaba de comprobar el estudio de Garay y Espitia (Desde Abajo, 2019).
Si algo ha quedado claro en estas últimas semanas, es que la situación anterior no ha sido un error académico ni una falla técnica de los modelos económicos que la tecnocracia se inventó hace setenta años, plagiados burdamente por unos seudointelectuales criollos, sino una decisión consciente para ultraconcentrar la riqueza. La estructura tributaria de Colombia es un ejemplo de lo anterior. Aparte de las tarifas efectivas tan bajas, las catorce reformas tributarias de los últimos treinta años crearon regalos tributarios a ese 10 % de las empresas, por lo cual el Estado deja de recaudar $ 17 billones cada año. No existe una sola evaluación del por qué se otorgan estos privilegios de los que no se obtiene ninguna compensación ni en inversión ni en empleos, pues no hay pruebas que bajar impuestos se traduce en crecimiento.
El 10 % de las empresas concentra el 94,4 % del patrimonio bruto
y solo pagan el 1,93 % de tarifa efectiva de impuestos sobre los ingresos brutos
No obstante, la semana pasada el presidente Duque y su ministro Carrasquilla radicaron una “Ley de Crecimiento Económico”, cuyo articulado corresponde por completo a una reforma al estatuto tributario. En ella se establece que para el año 2020 el Estado recaudará $ 1 billón de pesos en impuestos a gasesosas y cervezas, $ 800.000 millones en impuesto al patrimonio y $ 2 billones más en impuestos a los trabajadores. Para 2021, en cambio, se otorgarán $ 9,4 billones adicionales en exenciones a los megarricos, por ejemplo, descuentos para quien realice inversiones superiores a $ 1 billón en 5 años y genere 300 empleos, es decir, ¡1 empleo por cada $ 3.427 millones en inversión!
Semejante desconexión del establecimiento con la realidad de los reclamos se explica porque el plan no es corregir los errores. Lo que reclama la juventud latinoamericana y los movimientos sociales no son migajas asistencialistas, sino oportunidades de progreso y bienestar, solamente posibles de conseguir con una mayor y más efectiva intervención del Estado en la economía, buscando un relativo equilibrio entre la creación de riqueza y la forma como está distribuida.
