La ‘Ley de Financiamiento’ es una amnistía que no puede decir su nombre porque la jurisprudencia de la Corte ha repetido que no cumple el requisito de igualdad y que lo hace en forma negativa puesto que solo pueden beneficiarse quienes han incumplido sus obligaciones.
Se optó por inventar la figura de un impuesto; pero, como no había tiempo para pasarlo por un trámite de Acto Legislativo como se requería, se le atribuyó el carácter de complemento de la Ley de Presupuesto al darle ese nombre de ‘Ley de Financiamiento’, lo que lo convierte en el pretexto que permite crear recaudos adicionales imponiendo nuevos tributos.
De hecho esta ‘Ley’ para nada llenaba los propósitos de sus inventores: dos columnas tenía originalmente esta idea, el aumento del IVA a toda la canasta familiar y, mediante un binomio de garrote y zanahoria muy extremos, gravar los bienes no declarados. El primero desapareció, y con ello el equilibrio o compensación por la disminución de los correspondientes ingresos -en especial la rebaja al sector empresarial-; el resultado es que el intento de aumento del recaudo corre el riesgo de la reducción del mismo por el fracaso en la manipulación de las noticias y/o del lenguaje.
Entre el ‘fake lenguaje’ y la frustración del propósito, nada tiene de sorprendente que parezca inminente la declaratoria de inconstitucionalidad de tal ‘Ley’, pero después de recibir los recursos nacidos de la amnistía que no puede decir su nombre.
Pero ‘fake lenguaje’ también se ha usado en el tema de lo logrado con la desmovilización de la guerrilla al llamar ‘Acuerdo de Paz’ lo que es el instrumento para acabar un conflicto armado.
En sentido textual la Paz no se puede pactar puesto que según la Constitución ‘es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento’. Y en cuanto a la realidad, es claro que el abandono de las armas para aspirar a los mismos objetivos por la vía de la actividad política no significa que desparecen las expresiones de confrontación y de violencia que nacen del orden social y económico que tenemos.
La noticia y el título de ‘Acuerdo de Paz’ son engañosos. Un instrumento para acabar el conflicto armado es lo que se firmó. Pero entendamos su naturaleza. Dado que está fundamentado y reconocido como inspirado en el Artículo 3 común a los protocolos de Ginebra o sea al Derecho Internacional Humanitario estaríamos hablando de un cuasi tratado internacional, con mayor razón cuando éste fue depositado ante la ONU y ante el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja). Es exactamente lo contemplado en la regulación internacional cuando se trata de conflictos armados y de amnistías para acabarlos.
Pero el uso de ese ‘fake lenguaje’ despierta o permite tres clases de desviaciones.
Están los extremistas que no aceptan que se trata de un conflicto armado, pero no tienen que controvertir si corresponde a la definición del mismo, puesto que no aparece explícitamente. El falso nombre dado a lo pactado evita llegar a las precisiones que desarmarían ese tipo de oposición.
Están quienes pretenden descalificar su validez por las anormalidades (eventualmente barbaridades) con las cuales se tramitó, de un referendo innecesario, de una figura como el ‘fast track’, del absurdo de elevar el documento a formar parte de la Constitución, etc. Aquí también el juego con el lenguaje distrae del hecho de que una vez un convenio suscrito es entre dos partes, no son los eventuales cuestionamientos al procedimiento interno de una de ellas lo que exonera de las obligaciones derivadas ante la otra.
Por último, sobre lo que sí hay un cuasi consenso es que lo extenso y eventualmente ambicioso del documento lejos de simplificar su aplicación la complica. Y no solo por la cantidad de debates interpretativos a los cuales se presta, sino porque va más allá de un simple instrumento para acabar un conflicto armado y engaña con una retórica de ‘centrado en las victimas’, ‘reconciliación’, y sobre todo ‘Paz’, etc., que se venden más fácil de lo que se concretan.
