No conozco personalmente a la doctora Karen Abudinen pero resulta evidente la falta de rigor con que adjudicó uno de los contratos más importantes del gobierno.
Lo primero es que parece ser que la señora ministra no tiene mayor noción de lo que es la responsabilidad política. No es explicable que quien llega a ocupar un ministerio no entienda algo tan elemental como que con las responsabilidades misionales, administrativas y legales también llega aparejada la responsabilidad política.
Para entenderlo mejor, intentemos una aproximación a lo que significa la responsabilidad política: los ministros deberían tener claro que ellos, personalmente, son los responsables de cuanto ocurra en sus ministerios ante la opinión pública y ante el gobierno. Obviamente que también ante la justicia, pero esto se refiere más a la responsabilidad jurídica que a la política. Estos fundamentos de ética pública básica deberían conducir a que los ministros de este país comprendieran que tal como viven dispuestos a los halagos y los honores del cargo, así mismo deberían permanecer prestos a poner la cara por los descalabros, los errores o los delitos que se comentan bajo sus órbitas.
Lo que ha ocurrido es demasiado grave.
Para empezar, por la delicadísima naturaleza del contrato. Estamos hablando de que el contrato que se adjudicó era para algo tan fundamental como el acceso a internet de las niñas y los niños de nuestros campos. Quien no entienda esto no entiende nada. Permitir que se siniestrara este contrato es tan grave como condenar a nuestra población rural a quedarse por fuera de la educación y la comunicación con su mundo y con su época.
En segundo lugar, el monto del contrato es extraordinario: más de un billón de pesos. Nadie, absolutamente nadie, y menos un ministro, puede justificarse con decir que “delegó” esa decisión; y si, en efecto, la “delegó”, debe relevársele de su cargo por ineptitud insuperable.
Hay cosas de este lamentable episodio que no van a tener explicación
¿Cómo fue que le adjudicaron un contrato de más de un billón de pesos, para que les llevaran internet a las niñas y los niños del campo, a unas empresas que no tenían experiencia válida en esas lides? ¿Con qué grado de descriterio llegaron a descalificar a empresas tan reconocidas como la ETB mientras sí fueron capaces de escoger a una gente cuyos perfiles les dieron hasta para falsificar documentos? ¿No entendieron esos funcionarios que empresas como la ETB, que son públicas y por lo tanto de todos, deberían tener un tratamiento por lo menos igualitario frente a las privadas?
¿A quién se le pudo ocurrir girar un anticipo de $ 70.000 millones de pesos con dineros públicos a un paraíso fiscal? ¿No tuvieron presente que un paraíso fiscal es también una gran lavandería de dineros de la corrupción del mundo entero?
Repito que no conozco personalmente a la doctora Abudinen, pero me da impresión de que también es posible que le convenga cultivar el sentido de la delicadeza humana en la amistad.
¿Cómo es posible que no haya sido ella la primera en tomar la iniciativa de renunciar? ¿No ha debido ser ella la primera en entender que debía hacer hasta lo imposible por liberar a su amigo, el presidente Duque, y a sus compañeros de gobierno, de pagar pagar por sus errores?
Yo no estoy diciendo que la ministra se haya robado un peso. Por el contrario, aspiro a que las personas que la conocen y habla bien de su honorabilidad, tengan la razón.
Pero debe quedar claro que de eso no se trata.
Lo que sí estoy diciendo es que se adjudicó mal adjudicado un contrato enorme y esencial, lo cual trae unos perjuicios sociales y financieros descomunales, y que era la ministra la responsable directa de que eso no ocurriera.
Y ocurrió. Ocurrió lo que no podía ocurrir.
Fue por no entender esto que el presidente Duque también incurrió en un grave error, al haber salido a respaldar a la ministra. Da la impresión de que el presidente no ha entendido del todo que el gobierno no es un juego de amigos sino el ejercicio de la mayor responsabilidad política posible. Muy por encima de su amistad y su confianza en la persona de la señora Abudinen, el presidente ha debido tener en cuenta que alguien tiene que pagar el costo político de esta impresentable decisión.
Así mismo, esta actitud del presidente Duque manifiesta que a él también le convendría cultivar su sentido de la delicadeza humana en la relación con sus aliados políticos y con su nación.
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Todo parece indicar que el presidente no ha aprendido la lección principal que dejaron el manejo autista de su reforma tributaria y la indignación nacional que ella desató
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Todo parece indicar que el presidente no ha aprendido la lección principal que dejaron el manejo autista de su reforma tributaria y la indignación nacional que ella desató. En Colombia se pueden cometer muchos errores pero hay uno que no: nunca ofenda a un colombiano. No cometa el error de ofender a un colombiano porque se corre el riesgo de no saber en qué pueda terminar la cosa.
Y da la impresión de que el país está recibiendo el desastre de este contrato y el manejo un tanto folclórico, como una nueva ofensa. El tema se encona todos los días más y crece la rabia.
Me explico mejor: inexorablemente, alguien tendrá que pagar políticamente esos platos rotos.
¿Si el presidente decide que no sea la ministra quien lo haga, será, entonces, que está pensando que sean su partido y sus aliados políticos quienes la paguen?
En plata blanca, ¿por qué habrían de ser sus compañeros de partido y sus partidos aliados quienes deban pagar los platos rotos de una fiesta en la que jamás participaron? ¿No resultaría ello tremendamente injusto?
Pero bueno, una cosa es que el presidente quiera compartir esa cuenta por pagar con su partido y sus aliados y otra muy distinta es que ellos lo acepten.
Me pongo a pensar, por ejemplo, en una persona como Óscar Iván Zuluaga, quien jamás ha tenido problemas con dineros públicos y sin embargo le armaron la tramoya judicial contra su familia y su campaña a fin de hacerle el peor daño posible y que al mismo tiempo fue él quien tomó la decisión ejemplar de dar un paso al costado y de mantenerse totalmente alejado de la actividad pública hasta tanto la justicia no lo exonerara por completo. ¿A cuento de qué tendría él, ahora, que pagar costos políticos por el hecho de que una funcionaria del gobierno no asume la responsabilidad política que le corresponde?
Es de suponer que cuando este tema se debata en el Congreso los partidos aliados del gobierno como Cambio Radical o la U o los conservadores no van a ser tan incautos como para dejarse salpicar por la situación.
Hay que entender que no existe un solo argumento legítimo para justificar lo qué pasó.
Hay que entender que no existe un solo argumento legítimo para justificar que la ministra no renuncie.
Hay que entender que no existe un solo argumento legítimo para justificar que el presidente no le haya pedido la renuncia.
Hay que entender que no existe un solo argumento legítimo para pedirles a los partidos aliados del gobierno que paguen los platos rotos de este descalabro.
Estando las cosas así y no habiendo hecho la ministra ni el presidente lo que han debido hacer, lo más probable es que le corresponda, en estas circunstancias, al partido de gobierno, al Centro Democrático, la responsabilidad de intentar poner las cosas en orden y aclararle al país que ellos se encuentran lejos de ese Triángulo de las Bermudas.
Puede resultar que sea el Centro Democrático a quien le corresponda pedir la renuncia de la ministra y solicitarles al fiscal General y al contralor General la mayor celeridad en las investigaciones. Es un deber de lealtad con el país, con sus electores, con sus aliados y con sus dirigentes.
Tan importante como dejar bien claro ante el país que en la política aún puede existir el límite que separa las aguas de la solidaridad de las aguas de la complicidad.
Por lo demás, no me sorprendería que haya quienes ya estén calculando hacer coincidir la nueva convocatoria del paro con el debate en el Congreso, moción de censura incluida, y con la bandera de la renuncia de la ministra. Si se dieran las cosas así, podríamos comenzar a sumarle al desastre social y financiero del contrato el desastre político de estar entregándole la próxima renuncia de la ministra como una nueva victoria política a las Primeras Líneas.
