Cinco iglesias católicas han sido quemadas en Canadá como reacción ante el descubrimiento de que más de 150.00 niños indígenas canadienses fueron separados de su familia e internados durante los siglos XIX y XX —desde 1863 hasta 1998— sometidos a violaciones, malos tratos y aberrantes experimentos de nutrición y desnutrición— estos últimos entre 1942 y 1952— que terminaron con la vida de 6.000 de ellos.
Las indignaciones contra los católicos residen en que la Iglesia Católica gestionaba esas llamadas Escuelas Residenciales Indígenas, palabras bonitas para ocultar esos centros del horror santificado por Occidente. Por eso también dos estatuas, una de la reina Victoria de Inglaterra (1819-1901), y otra de la monarca actual Isabel II, fueron derribadas en las últimas horas en el país de lagos cristalinos y grandes montañas cuya extensa superficie alberga a 29 millones de habitantes.
No se trata de quemar iglesias, sino de asumir responsabilidades que competen a diferentes sectores de la vida institucional y religiosa canadiense. Obviamente, el primer paso en dirección a la verdad, la justicia, la memoria y el nunca más, corresponde al Estado de la Ciudad del Vaticano, ECV, creado en 1929 mediante los Pactos Lateranenses firmados el 11 de febrero de 1929 en la basílica de Letrán entre Benito Mussolini y Achille Damiano Ambrogio (Pío XI). Además del concordato allí registrado, existe un tratado por el cual el verdadero sujeto internacional es la denominada Santa Sede a la que se le garantizó la efectiva independencia a quien ejerza la actividad gubernamental, papel que le corresponde "al Romano Pontífice", según quedó establecido.
Y como tal, el ECV debe asumir sus responsabilidades y autorías intelectuales sobre los homicidios y violaciones a los derechos humanos cometidos contra la infancia sometida a los horrores que paulatinamente salen a luz. Es al Vaticano al que se le reconoce la capacidad jurídica de llevar adelante actos internacionales y quien hoy actúa en ese nivel bajo el nombre de Santa Sede es Jorge Bergoglio, el papa Francisco. La Santa Sede pertenece al sistema de Naciones Unidas, y por eso, participa con pleno derecho en las conferencias gubernamentales relativas a diversos asuntos como el respeto por los derechos humanos.
En 2013, el Vaticano se negó a dar datos solicitados por la ONU sobre abusos sexuales de niños por parte de clérigos, y argumentó que la competencia es de la justicia donde los delitos fueron cometidos. El documento de 24 páginas enviado por la Santa Sede en respuesta a un cuestionario sobre abuso sexual de menores fue enviado en diciembre de ese año al Comité sobre los Derechos del Niño, con sede en Ginebra, Suiza. Un año después, la ONU presentó un demoledor informe sobre como la Santa Sede había encubierto durante décadas la serie de miles de abusos sexuales cometidos contra niños por sacerdotes y obispos. En ese informe le solicitaba al Estado Vaticano que abriera los archivos eclesiásticos, que los sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores fueran separados del contacto con niños y que el ECV entregara a la justicia civil a los curas abusadores.
En febrero de 2019, cuando se realizó en el Vaticano la segunda cumbre sobre abuso sexual de clérigos a menores, nuevamente la ONU presentó un detallado informe acerca de los pasos adoptados por Naciones Unidas para proteger la integridad de la infancia. Bergoglio en esa oportunidad le agradeció a la ONU el envío exprés que llegó a cada uno de los 190 obispos, cardenales y provinciales de congregaciones religiosas reunidos para analizar los delitos contra la infancia.
Las asociaciones de víctimas han manifestado que "ya está bien de palabras" y piden acciones concretas para con quienes han abusado de la niñez y que se entreguen entregando los antecedentes a la justicia civil.
En junio 2021, Bergoglio modificó aspectos del derecho canónico que apuntan a agilitar el trámite de denuncias de las víctimas y modificar las y sanciones contra los abusadores, pero siempre dentro de la esfera eclesiástica que arrastra siglos de cultura del secretismo. Tanto las asociaciones de víctimas de abuso clerical, como los críticos desde el ámbito jurídico entienden que es un error de la Iglesia católica persistir en la actitud de resolver internamente delitos que deben ser juzgados por las autoridades civiles.
En el caso de los aborígenes del Canadá, así como en otras regiones catequizadas que han tenido como víctimas a miles y miles de niños en diferentes regiones de Occidente, le cabe a las organizaciones y activistas de derechos humanos actuar también en estos temas para ser coherentes con su génesis: defender los derechos humanos vulnerados donde quiera que ocurran los atropellos, y por quién sea que los perpetre. Acomodar el cuerpo por los intereses que sea, es contribuir a perpetuar abusos.
