Se habla mucho sobre los líderes sociales amenazados, pero no se les ha permitido pronunciarse hasta el momento. La delicada situación de los líderes sociales amenazados en Colombia ha sido usada como paladín por parte de diversos actores políticos para ganar simpatías, menoscabar al oponente o evitar las críticas de la oposición. Sin embargo, nadie ha dado hasta ahora muestras reales de preocupación por la situación de los líderes sociales amenazados en el país. Se ha procurado un pacto en favor de estos, pero todo a la luz de la siguiente entrevista carece de eficacia real y responde más a un deber con la opinión pública que a un sentimiento legítimo de humanidad.
Como advertencia previa: el líder social que respondió al llamado de esta entrevista no es activista de izquierda ni de derecha. Andrés Ucrós afirma “no milito ni militaré en ningún partido político porque me consta que ninguna campaña política se paga con sueldos. De lo único que he sido partidario es de que se prohíba de manera taxativa la intervención de la empresa privada en las campañas políticas y de que el Estado las financie en su totalidad para acabar con la corrupción (…) El no haber sido amenazado por un grupo armado específico me hace descreer de la afirmación de que los asesinatos en Colombia son de carácter sistemático y selectivo. "Selectivos" creo que fueron los perpetrados contra la UP; la comunidad de paz de San José de Apartadó; el Naya, etc. Pero muchos casos creo que se salen de ese marco, como hoy sucede con el mío”.
¿Cuál fue su situación de riesgo?
Andrés Ucrós: El 27 de mayo del año en curso recibí una carta por parte de la UNP determinando que me hallaba en una situación de riesgo extraordinario. Esto, tras poner en conocimiento de la comisaría de familia de Inzá y de la justicia indígena de Yaquivá, unos reportes que recibí en mi oficina sobre abuso sexual y maltrato infantil contra niños de entre 5 y 15 años de edad. Me dijeron en la plaza del pueblo, cara a cara: “costeño hijueputa, lo vamos a matar”. No se hicieron esperar poco después unas llamadas amenazantes, extorsivas, las cuales me informaron eran comunes en ese lugar a las que resté importancia hasta que supe el caso de un compañero de trabajo; me informaron que el psicólogo anterior también había sido amenazado, y que la psicóloga de Tierradentro también recibió un ataque con arma blanca tras llevar seis casos de abuso sexual ante la justicia ordinaria... Durante los últimos 9 meses organicé dos Comités de Género para la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños; creé un Manual para Docentes Oritadores y un comité de víctimas para realizar demandas de reparación por vía administrativa contra el Estado en favor de los campesinos. Todo esto ha sido muy difícil pero un aprendizaje muy importante sobre el país que tenemos. Un país al que no llega la modernidad, los derechos humanos, ni facilita tampoco que estos lleguen.
¿Cuál fue la ruta seguida?
A.U.: Reporté las amenazas a la Policía Nacional, cuya comandante en Inzá quien trabajaba en varios programas educativoss conmigo, me solicitó llevar el caso ante la Fiscalía en la capital del Departamento del Cauca. Me dirigí ante la UNP una vez cumplido ese trámite llenando una forma donde declaraba lo sucedido y daba razón sobre mis afiliaciones sindicales y mis actividades. Con esto la Secretaría de Educación emitió un acto administrativo reconociendo mi calidad tentativa de docente orientador amenazado para dar inicio a mi traslado a Puracé, la cual más tarde fue confirmada por la UNP.
¿Cuáles fueron las medidas de protección recibidas?
A.U.: Durante dos semanas la Secretaría de Educación Departamental me hizo firmar tres veces al día una planilla para pagarme mi sueldo y no decretar mi abandono del cargo; conocí otros docentes que llevaban meses en ese mismo proceso. El jefe de Talento Humano me dijo que no debía salir de ese recinto por razones de seguridad, pero le demostré que no había ningún tipo de seguridad en dicho recinto. Dos semanas después me trasladaron a Santa Leticia, corregimiento del municipio de Puracé, un municipio sin seguridad y sin agua potable. A ese sitio llegó un investigador de la UNP un mes después del traslado corroborando mediante su informe tras la visita a Guanacas e Inzá, que me encontraba en una situación que comportaba riesgo extraordinario, al parecer por grupos que manejaron la política en el pueblo y no me querían en él por cuestionar sus actuaciones y tratar de llevar la modernidad y la ley a esos lugares donde nunca fue. El funcionario de la UNP me dio un folleto de dos páginas fotocopiadas, con unas instrucciones que no iban más allá de mi sentido común, y un número en caso de emergencia, en el que te dicen que llames a la policía. La misma seguridad que tuvo hace 19 años Jaime Garzón... Periódicamente la policía visita la casa donde vive mi madre. Y eso es todo.
¿Además de estas medidas, solicitó otras medidas de protección?
A.U.: Sí. Solicité a la Secretaría de Educación del Cauca mediante derecho de petición un traslado a una plaza más segura o a otra oficina en otra ciudad del país, pero no he recibido respuesta alguna hasta el momento. Solicité a la Secretaría de Educación, a la Gobernación, al Ministerio de Educación, a Presidencia de la República y a la UNP un informe sobre las organizaciones de derechos humanos en las que podría apoyarme en mi situación o con las que tuvieran convenios de cooperación, pero no hubo ninguna respuesta. Solicité a las mismas entidades ayuda para lograr una visa tipo U para migrar a los Estados Unidos, pero tampoco recibí una respuesta, ni siquiera negativa del gobernador o de la Secretaria o de presidencia.
¿Qué opina usted de las declaraciones del expresidente Santos sobre los líderes amenazados y del pacto entre las distintas fuerzas gubernamentales?
A.U.: El expresidente Santos dijo que los líderes sociales amenazados no estamos solos, pero estamos más solos que Humberto de la Calle. Según un informe de Indepaz, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria que apareció en El Tiempo hace como un mes, 124 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia durante el año en curso. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, son 295 defensores de derechos humanos los asesinados (uno cada cuatro días, en promedio). Casi la mitad de esos muertos los ha puesto el Cauca; y hemos sido desatendidos por todas las instancias gubernamentales a las que hemos acudido.
¿Qué opinión le merecen las acciones de seguridad recibidas por parte de la UNP y la Gobernación del Cauca?
A.U.: Yo les agradezco que hayan atendido la recomendación del Ministerio de Educación de contratarme, pero creo que trasladar a una persona a un lugar sin policía no constituye una medida de seguridad. Dentro de la Secretaría de Educación la única seguridad con la que se cuenta, es que no hay ninguna seguridad. Solo hasta la semana pasada pusieron un detector de metales a la entrada. Deberían poner mejor un detector de mentiras. Nunca recibí una llamada para preguntarme “cómo estás", o "cómo te encuentras”. Las únicas personas que hicieron esto por mí fueron la exsecretaria de Educación, Da. Fabiola Grijalba y la esposa del senador Temístocles Ortega, Da. Stella Millán, quienes ayudaron a evitar que esas amenazas se hicieran efectivas. Por lo demás, los líderes sociales amenazados estamos solos. Sin ninguna medida real de protección.
Si usted fuera director de la UNP, ¿qué medidas propondría?
A.U.: Establecería una ruta como lo hizo el escritor Leopoldo Panero con el Instituto de Cultura Hispánica en Londres cuando gobernaban los franquistas en España: una ruta para poder evacuar a los amenazados del país y otra para repatriar a los que quisieran regresar. El director de la UNP no puede ser un político o una persona tendenciosa, debe ser un ser altamente empático e imparcial… Nunca una ficha de maquinaria o un posible psicópata. Debe activar las organizaciones internacionales de derechos humanos para proteger a los amenazados y buscar acuerdos de cooperación internacional. A los amenazados hay que sacarlos del país, no trasladarlos a zonas menos seguras sin demostrar interés humanitario. 300 víctimas demuestran que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido ineficaz. No sé qué espera el Gobierno, ¿que nos maten a todos?... aquí priman las formas sobre el derecho a la vida y resulta mejor negocio usar las buenas plazas para pagar favores políticos que para garantizar la seguridad de las personas que no sumamos en elecciones. Said so.
