En esta primera fase de transición del posacuerdo con las guerrillas de las Farc, cuando las entidades del Estado aceleran el paso para atender el país rural en aras de cumplir lo pactado, son necesarias las más rápidas respuestas sobre el corazón de ese territorio donde fue intensa la confrontación con las Farc, allí, donde persisten intereses ilegales, disidencias, alta vulnerabilidad hacia la población, débiles garantías para la participación política y flacas posibilidades para el ejercicio de derechos por parte de una diversidad de actores sociales.
Antes de la firma de los acuerdos comenzamos a imaginar una Colombia sin las Farc armadas, hoy, es preciso honrar lo pactado y asumir el desafío de avanzar bajo los principios de integralidad y sostenibilidad en el desarrollo económico, social y político del país rural, con más sentido humanitario y con mayor coherencia sobre lo público.
Ha llegado el momento de animar al establecimiento como un todo, para que alargue su paso, para que termine finalmente con la persistencia de las economías ilegales, con las redes criminales que amenazan con disputar el corazón de ese territorio al Estado colombiano.
Durante la puesta en marcha de la implementación, es evidente que los dineros oficiales del gobierno y la ayuda generosa de la cooperación internacional, no son suficientes para cubrir las altas expectativas que han generado los acuerdos y también es evidente que las instituciones encargadas de modernizar los territorios del país rural, no han alcanzado madurez en su articulación a nivel nacional y regional, porque a pesar de haber focalizado su intervención en las mismas zonas, tienen lecturas y prioridades diferentes.
En la implementación es evidente que los recursos no son suficientes
y que las instituciones encargadas de modernizar los territorios
no han alcanzado madurez en su articulación a nivel nacional y regional
Los miembros del secretariado de las Farc, que acompañan a los directores de programas y representantes del gobierno en todos los espacios de interlocución con la comunidad, se han dado cuenta de la incapacidad del establecimiento para movilizar lo público, para empujar su pesada burocracia, coordinar sus maquinarias y ejecutar sus fondos; ya conocen que al interior de las instituciones, cuando se trata de ejecutar, es preciso cruzar una pista de obstáculos cercada por una maraña de laberintos jurídicos y administrativos.
Hacer realidad los mecanismos y componentes del acuerdo, en los territorios más afectados por la confrontación, es una tarea que demanda acciones decididas, solidarias y pragmáticas; exige que los alcaldes y gobernadores lideren los procesos, que no sean simples invitados de piedra.
En la medida que los programas se acercan al territorio donde permanecieron las Farc, han salido a flote nuevas dinámicas:
Por un lado, las comunidades de campesinos y colonos hoy viendo a las Farc desarmadas, hablan con ellas de tú a tú, porque no están con el fusil; no son las mismas: "No hay por qué temerles, se escucha por Bogotá".
¿Cómo debería reaccionar la institucionalidad ante esa nueva realidad?: acelerando el paso, cumpliendo lo pactado; abrigando a las comunidades y visibilizando sus capacidades en pro del bienestar de la gente. ¿Cómo reaccionarían las Farc ante esta realidad?: concentrando su capacidad política en mantener el diálogo directo con las organizaciones sociales que se crearon durante la confrontación y potenciar la interlocución con las bases que históricamente siguieron su orientación política en el corazón del territorio donde crecieron.
Algunas comunidades, próximas a las zonas veredales y puntos transitorios de concentración, han percibido que las Farc son catalizadoras y facilitadoras del arribo a sus territorios de los nuevos programas que promueven mejorar su bienestar. Sobre cada vereda, corregimiento o municipio rural donde llegan los directivos del gobierno a establecer los mecanismos de participación ciudadana, hay un delgado de las Farc: eso es lo pactado.
La dinámica más pesimista en esta fase de transición, es la evidencia por la presencia de bandas criminales que disputan el territorio cocalero de Colombia y que amenazan, asesinan, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
En caso de que el gobierno colombiano no sea capaz de cumplir con lo pactado, en la precisa medida, o sobre la talla de las expectativas que se han generado, el mismo gobierno legitimará las banderas de reivindicación de derechos que históricamente han promovido las Farc; buena parte de las comunidades rurales, valorarían a su nuevo partido político, como el esperado mesías que soluciona sus problemas.
Mientras las Farc observan lentitud en el establecimiento, alistan estrategias políticas para hacerse por completo al caudal de votantes que genera el desorden e incapacidad institucional, y eso es válido.
El Estado tiene que hacer cosas más rápido, pero en ese afán, no se puede volver a equivocar; no puede perder el principio ético de hacer bien su trabajo y de relacionarse mejor con las comunidades; porque de lo contrario, el país rural repetirá su historia y se perderá por siempre el corazón del territorio donde ocurrió la confrontación.
