El pasado 10 de junio se cumplieron 5 años de expedida la ley 1448 de 2011 y su balance es insuficiente. Pero antes de ahondar en esto, aclaro que soy partidario del proceso de paz, de la solución negociada al conflicto armado y que votaré positivamente el denominado plebiscito por la paz, o cualquier otro mecanismo de refrendación.
Ahora bien, es notable la existencia de un consenso generalizado en la opinión pública, según el cual la paz es mucho más que lo acordado en La Habana y que para lograrla debemos recorrer un largo camino iniciando por cumplir cabalmente los principios de justicia, verdad, reparación y no repetición, pero lamentablemente, en reparación la situación es muy preocupante.
Dos de los aspectos primordiales de la reparación integral son, por un lado, la indemnización a la víctimas por los daños causados y por otro, que las tierras que les fueron despojadas sean restituidas en cualquiera de las modalidades que la ley contempla, esto es: restitución material de la misma tierra despojada o abandonada forzosamente, adjudicación de tierras diferentes pero de condiciones similares, o, compensación económica equivalente al valor de la tierra despojada o abandonada.
Cabe mencionar que la vigencia de la ley 1448 según su artículo 208, es de 10 años, por lo tanto las metas y objetivos perseguidos deberían estar rondando el 50%, sin embargo, tanto en indemnización, como en restitución de tierras, se está muy lejos de alcanzar ese porcentaje.
Según el Registro Único de Víctimas, tenemos un universo total de un poco más de ocho (8) millones de víctimas, de las cuales siete (7) millones son víctimas de despojo, desplazamiento o abandono forzoso de sus tierras. Por otro lado, en cifras de expertos como el profesor Luís Jorge Garay, son más de 6 millones 600 mil hectáreas a restituir. Siendo así, para cumplir con la expectativa creada por la misma ley, en este momento se deberían haber restituido por lo menos tres millones de hectáreas y se debería haber pagado indemnización a aproximadamente cuatro millones de víctimas.
Pero la realidad muestra que estamos muy lejos de estas cifras, inclusive el propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos, escribió través de su cuenta de twitter que “Tras 5 años de la Ley de Víctimas y Restitución #RepararEsPaz. 600 mil beneficiados y 200 mil hectáreas restituidas”.
Así las cosas, no se ha logrado llegar ni siquiera al 5% de las hectáreas a restituir, ni al 10% de las víctimas a reparar, un resultado verdaderamente alarmante, pues debemos ejecutar más del 90% de la tarea en menos de la mitad del tiempo estimado, lo cual es prácticamente imposible.
Por lo anterior, es urgente que en Congreso de la República las fuerzas democráticas y que dicen estar jugadas por la paz; como los partidos de la Unidad Nacional, la Alianza Verde y el Polo Democrático; impulsen nuevos instrumentos jurídicos que permitan acelerar los procesos de reparación y restitución, uno de ellos es la restitución de tierras vía administrativa en aquellos casos en los que no exista oposición. Si cosas como estas no se hacen, la tan anhelada paz será simplemente una falacia rimbombante en los titulares de los medios de comunicación.
