Indudablemente la seguridad ciudadana está íntimamente vinculada a la solidaridad de los ciudadanos para combatir toda manifestación criminal que afecte la convivencia en su entorno. La cooperación ciudadana con los organismos de seguridad reposa en el principio Constitucional de solidaridad, sobre el que se fundamenta el Estado social de derecho, en la medida en que prevalezca el interés común sobre el interés individual.
Así como se predica la paz como un derecho fundamental, es necesario recordar que esta está vinculada a la existencia de la seguridad y la solidaridad, fuente de la justicia para todos los individuos que conforman el tejido social. “Es igual deber de los ciudadanos respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas, para mantener la independencia y la integridad nacionales, y a propender al logro y mantenimiento de la paz” (Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 95, numerales 2,3 y 6)
No hay derechos sin deberes y la paz, como derecho, puede ejercerse plenamente previo cumplimiento del deber de construirla eliminando los factores que la perturban; ese es uno de los fundamentos de la existencia de un Estado y mucho más de un Estado social de derecho. Todos los ciudadanos somos responsables de todos, no simples depositarios de derechos gratuitos que no existen o no son absolutos.
La solidaridad así entendida es un deber y es asumir la carga, que conforme a los principios de equidad y justicia nos corresponde, para alcanzar el objetivo del bien común, que no es otra cosa que la realización de los valores éticos, morales y cristianos —especialmente con valores como la solidaridad— que reafirmen permanente e indubitablemente nuestra condición de seres humanos y, mejor aún, de cristianos.
Así, si yo exijo la paz que el artículo 22 constitucional define no solo como derecho, sino también como deber de obligatorio cumplimiento, debo también exigir, cumplir y respetar los postulados que se enuncian en el citado artículo 95 de la Carta, que señala que el ejercicio de la calidad de colombiano también implica responsabilidades.
Desafortunadamente la delincuencia impuso un contravalor al cumplimiento de esas responsabilidades, que ha sido hábilmente explotado por el narcoterrorismo y sus voceros interesados u oficiosos, cumplir los deberes como ciudadano es asumir el papel de “sapo”, “soplón” o “informante”; estas perversas descalificaciones son incluso difundidas por los medios de comunicación en su afán sensacionalista; denunciar el delito se convirtió en un pecado, una carga social, un motivo de señalamiento e incluso de violencia, no en una virtud ciudadana.
Resulta curioso que algunos “socialistas” recurran a ejemplos de lo que pasó en la URSS y sus países satélites, de los que sobrevivió Cuba que expandió su nefasta práctica a los gobiernos afectos al Foro de Sao Paulo, como Nicaragua y Venezuela, para descalificar el proyecto de ley que presenta el gobierno colombiano de crear una inmensa red de cooperantes con las autoridades policivas, militares y judiciales para combatir el crimen.
Algo debe dolerle a nuestros socialistas que en seguida atacan la propuesta diciendo que Iván Duque quiere un país de sapos, recurriendo incluso a la cita de textos de la Biblia para justificar su cruzada, como hace Gloria Gaitán Jaramillo en su nota ciudadana en Las2Orillas del 7 de febrero de 2019, olvidando y silenciando el mandato constitucional que acompaña la propuesta.
Que es reeditar la seguridad democrática de Álvaro Uribe, dicen otros detractores, sin precisar si en algún momento algún organismo judicial colombiano o internacional profirió condena alguna contra las normas que pusieron en marcha la colaboración ciudadana para combatir el crimen; no lo pueden hacer porque no existen en ninguna parte. Es más, ninguno de los casos de los mal llamados “falsos positivos” está vinculado a las redes de cooperantes, las denuncias existentes por homicidio en persona protegida hablan de otras causas y razones diferentes.
Aquí se volvió lugar común el privilegiar los intereses particulares de la izquierda, del Partido Liberal, Cambio Radical, la U y de vez en cuando los conservadores, el atacar los resultados de los gobiernos de Uribe, para adquirir cierta notoriedad y audiencia, especialmente en épocas electorales. Por alguna razón coincidencial ser un buen ciudadano y ser uribista quieren convertirlo en argumento suficiente para descalificar toda propuesta que privilegie el orden y la ley como necesidad funcional del Estado social de derecho.
Incluso, algunos medios recogen la perversa tesis de que conformar redes de ciudadanos que informen oportunamente a las autoridades competentes de delitos o conciertos para delinquir es un retroceso de 20 años para el país, pero callan y silencian una realidad fáctica que Colombia recibió el 7 de agosto de 2018: en materia de seguridad el país había retrocedido a las épocas de Samper Pizano, cuando los narcotraficantes y las narcoguerrillas soñaban con dividir el país en 3 sectores para el ejercicio de sus actividades criminales, sueño que se frustró gracias a la participación de toda la ciudadanía en la tríada victoriosa de gobierno-pueblo-fuerzas militares.
Usted y yo, somos responsables de nuestro mañana, el de nuestros hijos, nietos y generaciones por venir. Apostemos a la seguridad como garantía de dejar nuestro legado.
