La exdirectora del IDU, Liliana Pardo, fue detenida en julio de 2013 por agentes del CTI y estuvo en el bunker de la Fiscalía durante 58 días. La juez 10 de garantías le concedió la libertad en septiembre de 2014 al confirmar irregularidades en su detención. Pero Liliana Pardo le acaba de enviar una carta al procurador Alejandro Ordóñez, donde le solicita la protección de sus derechos para poder asistir libremente al juicio que se sigue en su contra por su presunta responsabilidad en el "Carrusel de la contratación en Bogotá". Pero en la carta también revela un hecho inédito.
Esta es una de las pocas veces que un acusado se atreve a denunciar públicamente comportamientos de la Fiscalía dirigidos a obtener testimonios en contra de personas particulares. Este sería el origen de los llamados 'falsos testigos' de los que muchos acusados se han quejado en los procesos.
Esto le dice Pardo al procurador general: "Durante el tiempo que estuve privada de mi libertad, entendí las razones que soportan testimonios que no corresponden a la verdad, que buscan fines particulares y beneficios que se sustentan en decisiones de particularidad. He sido víctima de falsos testigos y no estoy dispuesta convertirme en uno de ellos ni porque eso alivie mi situación personal’’.
En la misma comunicación le exdirectora del IDU da a entender que las circunstancias de los detenidos en el bunker, todos de manera preventiva en tanto no han sido condenados, son difíciles de soportar: "La detención preventiva se haya convertido en una herramienta con fines distintos a los establecidos en la ley".
Liliana Pardo le confiesa al procurador que "siente temor" después de la experiencia que vivió en el en bunker, razón por la cual no se ha presentado al juicio en su contra ya que contra ella hay vigente una medida de aseguramiento. "He sido una ciudadana que ha comparecido con todo rigor y responsabilidad ante los llamados de la justicia, pero es inevitable sentir temor después de la experiencia que viví", dice la exfuncionaria.
