Entre los delincuentes siempre existió una especie de código de comportamiento, unas reglas tácitas, unos límites que no se podían cruzar. Robar a una anciana o a un niño no estaba bien visto, rompía los protocolos del buen hacer delictivo, era indecente. Quien no obedecía estas normas, inmediatamente quedaba al nivel de los violadores, que en la jerarquía delincuencial es lo más bajo. Pero la degradación sustancial de la humanidad no respeta fronteras y ahora le encajan una puñalada a cualquiera sin distingo de edad, sexo o condición social.
De la misma manera ocurre con los delincuentes de escritorio, saco y corbata, esos que no tienen ningún reparo en robarse la plata de los alimentos del Plan de Alimentación Escolar, por dar un ejemplo. Como auténticos canallas, los corruptos le han echado el ojo a los platos de comida de los pequeños. Se relamen, han visto que detrás de esas raciones hay contratos millonarios de los que se pueden sacar jugosas ganancias. Desfalcan el erario público quitando la comida a los niños. Casi como robar a una anciana. Es un robo grosero, obsceno. No es un delito nuevo, hay hampones que agudizan su sentido de la oportunidad.
El año pasado fueron capturados varios funcionarios, entre ellos una exdirectora del ICBF del Atlántico, por la presunta corrupción en un contrato destinado a la atención integral de 1.178 menores de la primera infancia. El contrato tenía un valor de $2.461 millones y debía ser ejecutado para la atención de menores entre 0 y 5 años de edad, pertenecientes a los estratos 1 y 2 de los municipios de Ponedera y Tubará. Se estima que el desfalco alcanzó los $600 millones. Casi siempre la estrategia delictiva es inflar los costos u ofrecer servicios que no se prestan, o lo más tremendo, disminuir dramáticamente las raciones que se les sirven a los niños y cobrarlas completas. Y detrás de estos chanchullos hay muchos funcionarios cómplices, directivas de colegios. Ahora igual, el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, denunció irregularidades en los contratos del PAE.
Durante el año 2016, más de $32 millones de raciones se dejaron de entregar a los niños, por demoras en la contratación y en la ejecución de los recursos. Se trajeron a colación las famosas pechugas de pollo de 40 mil pesos, los 2.800 kilos de canela por $39 millones, que nunca llegaron a las escuelas, los huevos a 900 pesos. En el Cauca se habla de fundaciones que le han quedado mal con los proveedores y manipuladores. Esto no tiene nombre, no se puede tolerar, estamos hablando de la comida de miles de niños a los que no les llega las raciones mínimas, de unos recursos que en sí mismos ya son precarios.
