Por años, el norte del departamento del Cauca ha sido uno de los principales epicentros del conflicto armado en Colombia. Durante el 2023, la violencia siguió en aumento; uno de sus puntos más altos se alcanzó el pasado 3 de mayo, cuando los fuertes combates entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Jaime Martínez de las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afectaron a las comunidades indígenas.
Los enfrentamientos iniciaron en el territorio indígena de Pioyá, municipio de Caldono y posteriormente se trasladaron a la vereda La Solapa, en el municipio de Jambaló, habitado principalmente por indígenas nasa. La comunidad alertó a su guardia indígena y a sus autoridades sobre los hechos, e inmediatamente una comisión humanitaria se desplazó a La Solapa. Sin embargo, la comisión quedó en medio del fuego cruzado y el guardia indígena William Vargas resultó herido, pero no pudo ser trasladado a un centro de salud debido a los fuertes combates. Minutos más tarde, falleció.
La situación fue tan grave que, a pesar de la muerte de Vargas y de los llamados de cese al fuego por parte de organizaciones humanitarias, los combates siguieron sin tregua durante más de 48 horas, tiempo en que la comisión humanitaria permaneció atrapada en el fuego cruzado y 43 niños indígenas estuvieron confinados en la escuela Los Robles y el resguardo Pioyá, en zona rural de Caldono.
Los niños presenciaron la muerte de cuatro subversivos. Lograron ponerse a salvo gracias a los buenos oficios de una misión humanitaria conjunta, integrada por la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Personería Municipal de Caldono.
Autoridades indígenas y organizaciones sociales denuncian que la violencia continúa siendo el pan de cada día en el departamento del Cauca y otras regiones del suroccidente colombiano. El pasado 20 de mayo, autoridades indígenas Murui de Leguízamo, Putumayo, denunciaron que cuatro de sus niños fueron reclutados forzosa e ilegalmente por las disidencias del Frente 1 Carolina Ramírez de las FARC. Los niños intentaron huir, pero fueron asesinados en el sector de El Estrecho, del municipio de Solano en el departamento de Caquetá, en límites con el departamento de Amazonas.
La violencia se niega a salir del Cauca
“Les hago un llamado a los grupos armados ilegales a que dejen a la población civil por fuera de sus confrontaciones y hostilidades, pero de manera especial a que no afecten a los niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de protección constitucional”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, luego de que la misión humanitaria de la que formó parte la entidad, lograra poner a salvo a los 43 niños indígenas nasa que se encontraban confinados en una escuela en zona rural de Caldono, Cauca, debido al fuego cruzado entre disidencias de las FARC y el ELN.
Durante el confinamiento, a los niños y niñas les fue brindada atención psicológica por parte de una profesional en salud, integrante del grupo de derechos humanos del CRIC, ya que presenciaron la muerte de cuatro subversivos de los dos bandos en los alrededores de su escuela.
El Defensor del Pueblo aseguró que los menores de edad, particularmente los que están en la ruralidad, no pueden seguir siendo víctimas del fuego cruzado de los violentos. “Poner en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes no es precisamente una muestra de querer una reconciliación con el país. Les pedimos a los grupos armados que se acojan a la propuesta de diálogo impulsada por el Gobierno Nacional y les exigimos verdaderos gestos de paz”, dijo.
Las autoridades indígenas del norte del Cauca aseguran que episodios como el confinamiento de los niños y el asesinato del guardia indígena William Vargas captan la atención de las autoridades y los medios de comunicación durante unos días, pero insisten en que la violencia nunca ha abandonado su territorio.
Eduin Mauricio Capaz, consejero mayor del CRIC, comenta que desde que ocurrieron el asesinato y el confinamiento, ha habido suspensiones de clases en al menos 30 instituciones indígenas de la zona, lo que afecta a más de 500 estudiantes. Asegura que las autoridades indígenas están haciendo constantes llamados a organizaciones de derechos humanos y a todas las comunidades para mantenerse alertas ante la aparición de nuevos combates y a inminentes desplazamientos internos debido a esos enfrentamientos.
“Nosotros le hemos pedido a todos los actores armados que salgan de nuestros territorios, pero no ha sido posible. Hay una negación rotunda y terca por parte de ellos porque desconocen la territorialidad indígena. También le hemos pedido al Estado algún nivel de respuesta ante la emergencia y ellos han decidido enviar fuerza pública, sin embargo, la presencia de fuerza pública también está siendo objeto de complicaciones en el sector”, dice Capaz.
El consejero mayor de CRIC afirma que el Estado ha quedado limitado y todavía no ha podido adaptarse a la emergencia territorial en el Cauca, pues está respondiendo sólo con oferta institucional y no está articulando sus acciones con las autoridades indígenas. “Entonces se queda corto y su respuesta tiende a no ser precisa, en la medida que ellos no pueden ingresar al territorio y los únicos arriesgados son los indígenas”.
Las autoridades indígenas en el norte del Cauca han tenido que crear planes internos para responder a la emergencia humanitaria. Por ejemplo, ubicar sitios donde la gente se pueda desplazar, mejorar la comunicación, activar más guardias indígenas y emprender una campaña educativa para que las comunidades tengan claro los sitios de protección como colegios y casas del Cabildo. “Estamos volviendo a la época del 2010-2012, donde los combates y la guerra eran pronunciados”, comenta Capaz.
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