Es una verdad universalmente reconocida que, en las naciones conocedoras del arte de la guerra, los trágicos destinos deparados a unos son los benéficos destinos esperados por otros. La popularidad y especulación de la guerra en nuestro país se encuentra a la baja, prueba de ello es la cartografía electoral tendida por el sufragio de la ciudadanía entre el plebiscito ejercitado por la paz (de 2018) y las últimas elecciones presidenciales (de 2022).
A pesar de no ser (ni poder llegar a ser) legalmente vinculante, el Informe final expuesto por la Comisión de la Verdad precedida por Francisco de Roux, parece haber elevado el valor de la paz tanto como el valor del dólar para algunos de los actores protagónicos del conflicto armado en nuestro país. Una moneda tiene el valor que representa (o representará) para una sociedad. La oferta y la demanda de la paz, ha generado esperanza, preocupación y otra ceguera inusitada.
Las reacciones a la obra doctrinal demás de 800 páginas no se harían esperar, Carlos Beristain y Alejandro Valencia en su calidad de comisionados de la misma corporación, presentarían: resumen, conclusiones y recomendaciones del trabajo al Parlamento Europeo, como ha recogido en la tarde del 30 de junio la WRadio.
La posición de la Comisión (tan reaccionaria como consecuente a su propio estudio) brilla por la claridad de sus juicios. Por una parte, es reseñada la creciente necesidad de obtener “sólo ayuda para la paz, no más ayuda para fomentar la guerra, […] una dinámica de la guerra”. Por otra parte, es sentenciado, “que los grupos paramilitares han sido los mayores responsables de la victimización en el país, y sabemos también que allí se llevó una campaña de terror, mientras eso pasaba sin una reacción social a lo que estaba pasando (...) para nosotros el paramilitarismo no es el actor armado sólo, es un entramado de relaciones”. Las implicaciones de la “ayuda para la paz”, no son tan conocidas como sus implicaciones redistributivas, una política anti-drogas alternativa o un modelo de seguridad que no reproduzca empedernidamente la criminalidad.
Durante la semana pasada, siete exjefes paramilitares (precisamente) se habían mostrado preparados, a través de una carta dirigida a la presidencia, para trabajar en el Acuerdo Nacional propuesto por el presidente de la república electo Gustavo Petro Urrego. Ese mismo 30 de junio durante la mañana, Edwar Cobos Téllez conocido por el alias de Diego Vecino, concedería una llamativa entrevista a la WRadio.
Llamativo no solamente es que Vecino, en representación de Salvatore Mancuso, Ramón Isaza, Fredy Rendón, Rodrigo Pérez, Manuel de Jesús Pirabán y Luis Eduardo Cifuentes, insistiera en que, “¡¡no nos estamos sumando en el bus de la paz!!” o “no sabemos cómo más demostrar nuestro compromiso con la paz”, añadiendo que, para él, los exjefes hacen parte de la paz desde el proceso adelantado con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Y es por esto que, en un país donde existe el tópico de celebrarlo todo, los exjefes especulen con la paz, invitándonos a participar en la fundación de un día nacional para el perdón, como quienes se afilian a un juego de azar, para exhibir sus números y sus letras, antes de poder gritar: ¡¡bingo!!
Llamativo es, sobremanera, en primera instancia que a pesar de enorgullecerse de aportar cada folio sobre “su verdad”, aportar más de 4.600 bienes inmuebles para las reparaciones –de los que para Vecino, no existe ni consta que se hiciera uso de testaferros para aferrarse a propiedad alguna– o participar en tanto acto de perdón, en favor de la no repetición, como le fuera posible… Absolutamente todo (aleccionándonos de la autocrítica que los exjefes carecen), tiene una razón para deducir que el Proceso de Justicia y Paz no ha avanzado como debería: la fiscalía no operó con eficiencia, la administración de justicia eternizó los procesos judiciales y las victimas, no continuaron haciendo un seguimiento comprometido a los casos en otros espacios o plataformas.
En segunda instancia, es llamativo que, uno de los responsables de la Masacre de El Salado se tomará el tiempo del disenso con la realidad y con la historia para ilustrar a Julio Sánchez Cristo, “no nos reconocemos como paramilitares […] nosotros somos Autodefensas Campesinas de Colombia que tomaron las armas”.
En la expresión: “de Colombia” se pretende sujetar una fuerza al margen del Estado a la legitimidad de un viejo anhelo: “somos el Estado donde el Estado no llega” o “[l]a paz sólo la haremos los que libramos la guerra”, que declaraba para El País el superior jerárquico de Vecino, Carlos Castaño Gil (en 1998).
Es incomprensible que los exjefes paramilitares se aferren a la distopia de un Estado campesino con el monopolio de las armas, dentro del Estado colombiano con el único monopolio legal sobre ellas; es incomprensible, que los exjefes no escatimen en defender esa idea, cuando de la paz sobre un conflicto donde el 80% de las bajas fueron civiles no combatientes, se trata. En su mayoría, claro está, campesinos.
En octubre de 2018 Gustavo Petro y Álvaro Uribe tuvieron una reunión, a diferencia de lo ocurrido el 29 de junio del presente año, hablaron de la posibilidad de crear un Tribunal de Juzgamiento para las Fuerzas Armadas paralelo a la Justicia Especializada para la Paz. El ministro de defensa Diego Molano, sumamente insatisfecho al considerar que la Comisión de la Verdad juega con la reputación de la institución bajo su tutela, parece haber ofertado por primera vez, en la tarde del 30 de junio por una solución parecida, como recogería también la WRadio: “[l]a fuerza pública tiene una verdad que debe ser oída y valorada”. Nos quedan más preguntas que respuestas, entonces, cómo debería ser oída o valorada la fuerza pública, parte indispensable para la gobernabilidad de los estadistas; desde cuándo la generalidad de un Proceso de Paz o Acuerdo Nacional debería agotarse en la satisfacción de los intereses de una de sus partes.
Nada parece escaparse del cálculo ni la planimetría del capital, en la red donde operan las relaciones costo / beneficios por asintomático o revolucionarios que nos parezcan los logros de uno u otro, en la medida en que se acumulan o asimilan el comercio de sus consecuencias, ya se encuentra contemplados esos logros por parte del sistema. La paz es la moneda corriente para las denominadas “políticas de la vida” en contraposición a las llamadas “políticas de la muerte”. Salvo que, en ese intercambio de fuerzas entre los que ahora son vencedores y perdedores sin importar el nombre, toda buena razón para vivir es una buena razón para morirse –como resolvería Albert Camus, en El mito de Sísifo–.
