Ingeniero:
William Villamizar Laguado
Gobernador de Norte de Santander
Especialista:
Cesar Ómar Rojas Ayala
Alcalde de San José de Cúcuta.
Reciban un cordial saludo.
Hoy escribo esta carta pública para expresar el dolor que llevo al saber que como ciudad y como departamento hubiéramos podido hacer más por don Ramón.
Él era un hombre cucuteño, que falleció el pasado 16 de noviembre del 2018, que durante sus años de vida le aportó al municipio, al departamento y al país (desde su trabajo, su barrio, sus impuestos), pero que no fue retribuido como debería ser en un Estado social de derecho.
Don Ramón padecía de una enfermedad pulmonar crónica, por lo tanto requería de cuidados pertinentes, además de mantener a su lado una bala de oxígeno constantemente. Por ende, requería vivir en un ambiente sano, de cuidado, libre de polvo y de cualquier alteración a sus vías respiratorias.
No obstante, él vivía en el barrio Niña Ceci, alrededor del polideportivo ubicado en la calle 10 entre avenidas quinta (5) y séptima (7), escenario que por más de 40 años ha mantenido una cancha en tierra, desde la cual se desprende a diario polvo que llega a nuestros hogares, afectando nuestro derecho a un ambiente sano, a una vivienda digna y sana, y a una vida digna. En el caso de don Ramón la situación fue más allá, afectando su derecho a por lo menos pasar los años que le quedaban de vida en unas mejores condiciones, o por qué no, que seguramente le permitieran alargar un poco más su vida y así seguir compartiendo con su familia y aportando a su barrio, a su ciudad, al departamento y al país.
Por lo anterior, durante más de dos años los vecinos del sector del polideportivo, incluyendo a don Ramón, hemos recurrido a las autoridades locales y departamentales solicitando la intervención requerida que permitiera poner fin al levantamiento de tierra y así poder gozar de un ambiente sano y una vida digna, peticiones que no recibieron en muchos de los casos ninguna respuesta.
En consecuencia, se recurrió a la acción popular como mecanismo para proteger nuestros derechos colectivos, la que nos permitió contar con la protección temporal de nuestros derechos por parte de la juez 9 administrativa del circuito de Cúcuta, quien decretó favorable la solicitud de medida cautelar el pasado 17 de octubre al señalar que:
"Tomando en cuenta lo anterior, es claro que a la fecha se presenta un estado de riesgo para la comunidad vecina del polideportivo del barrio niña Ceci, por lo que resulta necesario decretar una medida cautelar ante la afectación del interés público, máxime si se tiene en cuenta que en el caso concreto se evidencian afecciones a sujetos de especial protección constitucional como lo son los niños y las personas de la tercera edad, siendo imprescindible el deber de tomar medidas para su protección".
Sin embargo, no se ha realizado ninguna acción para cumplir dicha medida que fue decretada pensando en proteger a don Ramón, como lo advierte la jueza al señalar la necesidad de proteger a personas de la tercera edad. De hecho, a don Ramón la jueza tuvo en cuenta para fallar favorablemente a la solicitud de medida cautelar como se advierte en la parte motiva del auto respectivo.
Ingeniero William Villamizar, si usted le hubiera cumplido a la comunidad del sector del polideportivo del barrio de niña Ceci su "promesa" de campaña de adecuar el polideportivo, es más si por lo menos hubiera cumplido las falsas expectativas generadas a la comunidad el día de la entrega de la cubierta de la cancha del kiosco, seguramente don Ramón, además de poder vivir sus últimos años de vida en un ambiente sano, quizás hubiera podido vivir un poco más entre nosotros. Desafortunadamente, don Ramón no podrá ver adecuado y mejorado el polideportivo.
Por otro lado, señor Cesar Ómar Rojas Ayala, si por lo menos hubiéramos recibido una respuesta suya a los múltiples oficios que radicamos buscando su atención, tal vez hoy las cosas hubieran distintas para don Ramón y para las distintas familias que habitamos en el sector.
Solo espero que no sean más las personas que no puedan vivir sus últimos años de vida en un ambiente sano y que por lo menos autoridades, como ustedes, señor gobernador y señor alcalde, puedan cumplir su deber constitucional de proteger a los ciudadanos con todas las herramientas que el Estado ha creado para ello, incluyendo la inversión pública acorde de las prioridades que las comunidades necesitan.
