Colombia atraviesa una profunda crisis económica, social y política. Todos los sectores de la sociedad la sufren de diversas formas. Los artistas, que también padecemos los rigores de la crisis, además de ver cómo nuestras reivindicaciones por un mejor respaldo estatal son ignoradas, somos testigos de una política que le da a la cultura el papel de cenicienta. Por ejemplo, para 2016 el presupuesto cayó 14 por ciento, de $390 a $335 mil millones, cuando era apenas el 0,2 por ciento del presupuesto nacional. A finales de febrero se anunció un ulterior recorte del 4%.
El fomento a la cultura nacional es un mal chiste y a nuestras incipientes industrias culturales se les discrimina. La legislación cultural va en detrimento de la cultura nacional y del trabajo de los artistas colombianos. Se estimula la cultura extranjera más vacua mientras se desestimula la producción colombiana. La ley de espectáculo público cobra a las productoras colombianas 33 por ciento en impuestos, mientras a las extranjeras las grava solo con tasas del 8 o, en ocasiones, cero por ciento. Un harakiri contra lo nuestro. A los colombianos se les niegan la posibilidad para desarrollar industrias culturales propias. Vamos como el cangrejo. A los artistas se nos trata de limosneros. Somos trabajadores, pero el gobierno Santos nos niega el derecho a la pensión y a cambio ofrece, a través de los llamados Beneficios Económicos Periódicos (BEPs) como gran cosa, un subsidio de 72 mil pesos mensuales. Ni para superar el umbral de la pobreza.
Si en Colombia llueve, en Bogotá no escampa. La alcaldía de Enrique Peñalosa decretó la suspensión de un 24 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Cultura ($128.621 millones). Así se generan más problemas para las entidades adscritas, como en el caso de Canal Capital donde la suspensión es del 58 por ciento (7.151 millones), decisión que se suma a un recorte de 13 por ciento. Y las afectaciones a las entidades siguen: falta de presupuesto que garantice la construcción de la nueva sede de la Filarmónica, falta de garantías laborales para los artistas formadores de la jornada única, enfoque que niega el derecho a la pensión para los artistas y tantas otras.
A los recortes presupuestales se suma la negación del derecho a la participación y a la concertación del sector cultural en lo que atañe a las políticas de la Alcaldía. A la fecha no se ha convocado reunión alguna del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Aunque se le ha solicitado a la señora secretaria, no existe respuesta, quien además a los consejos distritales los califica de “inoperantes”. Si no se les convoca ¿cómo van a operar?
Doctora López, ¿usted ve al Consejo cómo algo positivo o cómo un espacio que debe acabarse o reformarse de tal forma que solo sea un comité de aplausos para la Administración? Su falta de respuesta deja un gran sinsabor. El Consejo es una reivindicación del sector cultural, allí se concierta y se participa, tienen vocería 38 sectores de la cultura de Bogotá y entre otras funciones, está la de ser un espacio para concertar el Plan de Desarrollo.
El Decreto Distrital 627 de 2007 (artículos 2 y 4) define las funciones del Consejo y de la Presidencia, y entre ellas está la de concertar la convocatoria al Consejo, como espacio de diálogo entre la Administración y el sector cultural. Ojalá se corrija la anormalidad y se den pasos en función de concretar la discusión y propuestas que permitan a todos los actores plantear sus ideas en pro de resolver los hondos problemas que aquejan a la cultura y a los artistas de Colombia y Bogotá.
