El presidente Iván Duque objetó la ley estatutaria de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, mejor conocida como Justicia Especial para las Farc. Una suerte de Corte Suprema para impedir que los caciques del más grande cartel de drogas del mundo, autores de incalculables asesinatos, violaciones, reclutamiento de menores, etc., etc., sean castigados, paguen algún día cárcel y reparen a sus millares de víctimas.
Un tribunal para premiar los victimarios y burlar los mártires, mientras magistrados y homicidas se enriquecen y continúan traficando sin castigo. Una Corte Suprema instrumento mediante el cual las Farc juzgarán y condenarán, a voluntad, militares y civiles que consideren colaboraron en combatirles.
La Jurisdicción Especial para la Paz es la única en el mundo que realiza y acredita este tipo de acosos políticos, desairando el Tribunal de Núremberg, que condenó a los nazis.
Desde su instalación y antes de su composición, la JEP ha estado sumida en numerosos escándalos políticos, jurídicos y de corrupción.
Fue inventada por seis “genios del mal” pactados entre las Farc y el propio Juan Manuel Santos: Alvaro Leyva, Diego Martínez, Douglas Cassel, Enrique Santiago, Juan Carlos Henao y Manuel José Cepeda.
Álvaro Leyva por sus amistades, de más de cuatro décadas, con líderes de las Farc, fue acusado de haber planeado el fracaso del proceso de paz de Andrés Pastrana, habiéndose exiliado por ocho años en Costa Rica. Fue absuelto por una Corte Suprema de Justicia presidida por Yesid Ramírez, integrante de su sala penal, acusado de tener relaciones con Giorgio Sale, un mafioso italiano delatado por narcotráfico. A su regreso en Colombia en 2006 dijo que era capaz de acabar con el conflicto en seis meses.
Diego Martínez es secretario de un Comité de Defensa de los Derechos Humanos y el más conocido abogado de Simón Trinidad, el guerrillero preso en EUA por haber secuestrado a tres norteamericanos, e integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que obtiene enormes sumas de dinero en compensación por los homicidios y violaciones perpetradas por miembros de la fuerza pública.
Douglas Cassel fue litigante contra Colombia ante la Corte Interamericana por la masacre de Santo Domingo, junto al colectivo de abogados mamertos Alvear Restrepo, resultando condenada la nación. Cassel fue director de Derechos Humanos de Notre Dame, y uno de los predilectos de Bernie Aronson, delegado de Barack Obama para el proceso de paz y accionista de la empresa recolectora de basuras más grande de Colombia durante el gobierno de Santos.
Enrique Santiago es secretario del Partido Comunista Español, fue asesor de las Farc y decisivo consejero de Juan Manuel Santos en la obtención del Nobel. Entre sus logros internacionales se destacan sus persecuciones y/o procesamiento de Adolfo Scilingo, Augusto Pinochet, George W. Busch, José Couso y Luis Bárcenas. Según el periodista de ABC, Ramón Pérez Maura, “lo que ha pagado Noruega, durante años, al despacho del barrio de Salamanca del comunista madrileño Enrique Santiago, debe ser suficiente para que la razón esté de lado del no en aquel plebiscito”.
Juan Carlos Henao es un afrancesado, que luego de trabajar para la multinacional Carvajal S.A., terminó de presidente de la Corte Constitucional y sucediendo al indiscutible elector de las cortes Fernando Hinestrosa en la rectoría de la Universidad Externado. Es muy adepto a los derechos de las prostitutas y la comunidad LGTBI.
Manuel José Cepeda, “Cepedín”, fue miembro del jardín de infantes con que gobernó el constructor de la cárcel La Catedral, que hospedó al mentor de la Constitución del 91, de la cual el señor Cepeda, fue uno de sus artífices. Otra de sus notables contribuciones han sido las costosas asesorías que ha prestado en el fallo de La Haya en el cual la república perdió el mar de San Andrés o el fiasco de la Reforma a la Justicia. Sin olvidar su colaboración en la Reforma a la Justicia Penal Militar de Santos, que enfureció al gremio. O los contratos que suscribió con el, por decir lo menos, insolente fiscal Eduardo Montealegre y su acompañante, el agraciado Jorge Fernando Perdomo.
Fueron estos seis personajes quienes desquiciaron el tratado que había pactado el equipo de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, a quienes Santos traicionó y abandonó, luego de cinco años de tertulias y más de cien millones de dólares dilapidados en La Habana. Así lo sugiere aquel en su libro Revelaciones al final de una guerra: “Recordé que el Manual de negociación estalinista aconseja dividir al antagonista… Siempre me llamó la atención la vehemencia con que las Farc sostenían que los documentos de la Comisión de Juristas constituían un acuerdo… Lo cierto es que los juristas se reunieron y comenzaron a trabajar una matriz conceptual bien diferente de la presentada por nosotros en enero de 2015. En la configuración de los delitos se apeló a como estaban tipificados en el derecho internacional; se impulsó el renacimiento del delito político que entraría a desempeñar un papel importante; también al principio de sanciones únicamente reparadoras y no privación de la libertad... En fin, el enfoque fue bastante diferente”.
Al final, la camarilla inventada a última hora por Santos determinó que las Farc no pagarían un solo día de cárcel, ni un centavo, por todos los crímenes que han cometido. Y aun cuando el pacto sostenga que para los mentirosos habrá prisión entre 15 y 20 años, está demostrado que con la JEP es imposible tocar, ni con un pétalo de rosa, a los treinta y pico de capos responsables de los crímenes de lesa humanidad. A lo cual hay que sumar los millones de hectáreas de tierra que les concede el pacto, las numerosas emisoras que están construyendo y financiando, las curules gratis en el senado y la cámara, la cacería de todos aquellos que señalen de paramilitares, los cientos de escoltas y la garantía de no extradición bajo ninguna circunstancia.
Este caos de la justicia en Colombia no es de nueva data. Se remonta a los gobiernos del Frente Nacional, cuando magistrados liberales y hasta conservadores, dentro y fuera de las cortes, comenzaron a hacer saber que los delitos cometidos por los comunistas, el mamertismo y sus variantes, eran menos graves que aquellos cometidos por los del centro o la derecha.
Así ocurrió cuando con saña indagaron y condenaron a los para-políticos, pero nunca lo hicieron con los Farc-políticos. Llegando al extremo, del Consejo de Estado, de condenar la nación por el atentado de las Farc al club de ricos El Nogal, donde murieron 36 personas y 200 quedaron heridas. O la ocurrencia de la Corte Constitucional, que al revisar la ley estatutaria de la JEP eximieron de prisión intramural a los asesinos y violadores de menores de edad, fueran hembras o machos, ignorando, precisamente, que esos “placeres”, son el paraíso de los treinta y pico de capos de la banda. Todo en nombre de la revolución, que, según el Cartel de la Toga, son las enormes sumas de millones de pesos que han recibido durante los ocho años del gobierno del mejor amigo de Chávez. Ignorando de paso, el documento del Ejército que contiene unos 208.000 casos de secuestros, torturas, desaparición forzada y desplazamientos.
Desde los mismos días de la puesta en escena, mediante un procedimiento expedito llamado fast track, activado con la mermelada santista, que designó a dedo los 38 magistrados, escogidos por cuatro extranjeros y una nacional que nada tenía que ver con la justicia, la JEP se ha comportado como un sujeto extraño a las tradiciones jurídicas del país, creando la sospecha de que, de juro, fue instituida al servicio de las Farc y está lubricada por sus capos, cuyo ejemplo flagrante es su intervención para impedir que la justicia ordinaria extradite al narcotraficante Jesús Santrich, pedido por una corte norteamericana.
Ahora ningún medio de prensa quiere recordar que el pacto Farc-Santos fue rechazado por los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, o que la JEP ha permitido salir al menos a 13 de los capos para realizar viajes de placer o políticos al exterior, incluido Fernando Arellán, el terrorista condenado a cuarenta años por dirigir el atentado al Club El Nogal. O que su primer secretario decía que ocho [Danilo, Catalina, Caterina, Rodolfo, Iván, Alejandro, Eduardo y Yesid] de los magistrados, planeaban tomar su control, pero estos, a su vez, le culparon de haberse pelado 4,5 millones de dólares en un año; o que la fiscalía acusó a la señora que reemplazó al primer secretario, que acaba de renunciar porque tres de los capos abandonaron las zonas de reincorporación con su ayuda y silencios, y todavía están huyendo y nadie los llama a cuentas, y que la misma JEP tiene en el congelador la extradición de otro delincuente que estuvo en la banda 43 años y es un patroncito de los cultivos de coca, amapola y bareta en el norte del Cauca, o que tampoco ha llamado al orden, para que den la cara, las mediapendejaditas de Iván Márquez y El Paisa, dos de los más feroces asesinos de la pandilla.
Y para perfeccionar la película, los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia hablaron en una carta de una red de intermediarios interesada en la adjudicación de contratos a cambio de porcentajes en la JEP, con especial énfasis en proyectos de avicultura, agricultura, piscicultura e infraestructura. Y según el entonces contralor, el primer secretario habría dicho que él no manejaba recursos, sino que los manipulaban desde la misma oficina de la presidencia de Santos.
Hace poco se ha sabido que los abogados de Santrich están vinculados a la JEP con contratos de 78 millones de pesos para prestación de servicios en la defensa de los asesinos; luego ha aparecido otro contrato con el hijo de Ernesto Samper que a su vez había contratado, cuando era director de una agencia de tierras, a otro hermano o hermana funcionaria de la JEP, así como una hermana de la presidente Martha Linares, trabaja en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, y la jefaza tiene de asesora a una que fue secretaria de un gobernador, preso por el carrusel de la contratación; pudiendo agregar que la esposa del enemigo número uno del jefe del partido de gobierno y gran senador mamerto, tiene a su esposa trabajando en la JEP y entre los dos se ponen algo más de 500 millones de pesos entre el pecho, la hoz y el martillo cada año.
Y hay que ver en YouTube los videos donde un fiscal de la JEP, con su mujercita, y un tuerto entrado en años y prisiones, gestionan la recepción de dos millones de dólares para sobornar a otros magistrados e impedir que Santrich sea enviado de vacaciones forever a EUA.
Todo esto se comprende bien si nos enteramos que los cultivos de coca, combustible de la corrupción e industria en la conquista del poder mediante la captura de las cortes por parte de la Farc, durante los ocho años de la autocracia de Juan Manuel Santos crecieron de cuarenta mil hectáreas en 2010 a las 180.000 actuales. Y que la semana pasada, Santos, luego de reunirse indebidamente con tres magistrados de la Corte Constitucional patrocinados con su mermelada, dijo, en su sala plena, que la eliminación de la coca usando herbicidas, estaba envenenando a los campesinos. Pero no dijo que donde hay más coca sembrada, es donde más votaban por él y su protegido, el senador de la chuspa llena de billetes.
Tiene razón. En su rostro, demacrado por el abuso de las cirugías nasales y las modificaciones de las coronas dentales, se refleja el sufrimiento de ser considerado traidor de todo el mundo y no premio Nobel.
