En el mundo de hoy, caracterizado por la globalización, las tecnologías modernas de las comunicaciones y los medios de comunicación de masas libres, independientes y pluralistas, el reconocimiento del derecho de cada individuo a la libertad de expresión, opinión e información y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa y recibir información sin interferencias —las así llamadas libertades comunicativas— no solo constituyen un triunfo que abre a una concepción auténtica de democracia libre, tolerante, pluralista y abierta a la diversidad, y sin duda a una sociedad civil sólida y autónoma, capaz de actuar libremente, de conformidad con el principio de la transparencia máxima y la buena gobernanza, sino que también puede constituir un terreno fértil para la expansión de toda forma de injuria y agresión verbal, el hostigamiento y los atentados contra las libertades democráticas y los derechos de la persona, la vida privada o los derechos de la personalidad. Todos conocemos demasiado bien el extraordinario poder de los medios para influir en la opinión pública, moldear la percepción de la realidad, generar actitudes críticas y moralistas inconvenientes, apuntar con el dedo o acusar e incitar a la hostilidad y a la agresión y de la manera en la que pueden manipular y dar forma a los pensamientos y opiniones y controlar el destino de las naciones.
Hemos observado con gran preocupación y especial inquietud el surgimiento de campañas de propaganda y desinformación perfectamente diseñadas y calculadas para distraer la atención, distorsionar y ocultar los hechos, deslustrar la imagen o bien de desviar la responsabilidad. Estas asumen diversas formas, que van desde las acusaciones infundadas e irrazonables de carácter difamatorio o insultante hasta el lavado de cerebro de nuestras poblaciones a fin de provocar miedo y odio, cuando no las mentiras manifiestas que son exhibidas delante del público. La información errónea, inadecuada, difundida mediante una campaña propagandística malintencionada o lanzada y manipuladas por razones ideológicas y de oportunismo, por partidismo, intentado tergiversar los hechos, así como inventar datos e información basada en un tejido de mentiras, con la finalidad de embaucar o desorientar a la población y a las personas tiene un impacto directo y negativo sobre la realización de los derechos; individuales, generales, sociales; a lo que se suman prejuicios sociales y culturales, la intimidad, los derechos humanos y la dignidad personal. Su uso indebido e ilícito, así como la falta de objetividad y neutralidad supone un importante reto para todos los actores implicados (Estado, lobbies capitalistas, ciudadanos y sociedad civil).
Las campañas de desinformación engañosa y políticamente motivada por parte de los distintos grupos de presión o lobbies capitalistas —incluyendo activistas pro-derechos humanos y periodistas— marcadas por las sospechas o manejadas por intereses políticos muy concretos o por motivos no siempre muy claros ni explicables —según sus proporciones y la cantidad de dinero involucrado— y en ausencia de controles y contrapesos es un instrumento altamente peligroso en manos de los monopolios mediáticos poco transparentes o de los distintos grupos de presión y no deberían tomarse a la ligera ni referirse a ella frívolamente. El uso inadecuado, no obstante, puede causar daños y perjuicios permanentes e irreparables, entrañar riesgos para el ejercicio y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales y para el respeto de la dignidad humana, en particular las que resulten de violación a los derechos de la personalidad, a la imagen profesional y su reputación, al orden público, las buenas costumbres, el respeto de a la intimidad (derecho a la imagen, etc.), y que ha de considerarse en el contexto de las circunstancias particulares de cada caso. Resultan particularmente inquietantes cuando manipulan, se politizan y revelan información privilegiada para reprimir o erosionar la credibilidad de sus críticos y adversarios políticos u obtener ventajas o cuantiosos beneficios ilegales, pero puede revestir formas más discretas, en las que, manteniendo las apariencias de una información objetiva, e incluso desvelar información confidencial u ocultar información, mienten deliberadamente y a sabiendas, hacen trampa u ocultan sus verdaderas intenciones sin ningún tipo de escrúpulo.
Estos actos resultan especialmente vergonzosos, absolutamente injustificables y los condenamos, especialmente porque deterioran todo grado de normalidad en la vida pública, destruyen las vidas de las personas sin advertencias y sin reparos, así como la pérdida grave de prestigio y de credibilidad ante los ojos de la ciudadanía. Si bien es verdad que la comunidad internacional defiende el actual estado de la libertad de expresión e información, está claro que “la prensa debería ser más responsable y consciente de que, en la sociedad de la información mundial, las opiniones y los puntos de vista se registran y observan en todo el mundo”. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el concepto de la libertad de opinión, información y comunicación y el libre acceso a las fuentes de información ha tomado rápidamente nuevas direcciones, deberes y responsabilidades especiales y ciertas limitaciones jurídicas necesarias para respetar los derechos y la reputación de otros. No cabe duda de que es muy difícil trazar la línea divisoria entre libertades comunicativas y los derechos de la personalidad.
En la medida en que los monopolios autoritarios de la comunicación establecen alianzas, controlan el flujo de información y se han convertido en un elector cada vez más importante, a costa del más mínimo concepto de libertad y de democracia, con frecuencia se integran en una compleja red y se organizan de tal forma que evitan que el abuso de la libertad de información y comunicación pública o el ejercicio arbitrario del poder, que constituyen usos o prácticas no honestas y leales, sea debidamente sancionado con arreglo a la ley, como ocurriría en cualquier democracia real, lo que retroalimenta un círculo vicioso: monopolio autoritario de la comunicación —arbitrariedad y manipulación política— corrupción e información confidencial —impunidad y libertad para el abuso, el engaño y la violación, incluido el abuso de poder y la explotación de los más débiles—. Esa situación inaceptable donde el Estado no existe, donde impera la ley del más fuerte, demuestra claramente la falta de compromiso y responsabilidad de las organizaciones mediáticas y los superiores jerárquicos que, conociendo la situación, no han hecho nada para remediarla. Es macabro —de hecho, roza el mal gusto— que las organizaciones mediáticas no respondan oficialmente ante la opinión pública y la justicia de nuestros países. La libertad de prensa no debe ser concebida para que se les otorgue inmunidad judicial o impunidad a los medios de comunicación. Los medios deben rendir cuentas de lo actuado y demostrar mayor tolerancia a la crítica, obligación ésta que no se limita al simple cumplimiento de la ley porque la opinión pública espera resultados tangibles.
Un esfuerzo combinado de proyección exterior e información pública debe centrarse en atender las posibles preocupaciones, denunciar las campañas de desinformación y luchar contra el oscurantismo, la necedad y el salvajismo. Si se permite a los medios de comunicación juzgar a las personas, de influir en el público, descubrir por sí sola la verdad procesal o mostrar falta de respeto a los ciudadanos, los Estados estarían haciendo caso omiso de las leyes que ellos mismos han aprobado. Todos estos temas deben sin embargo ser objeto del más estricto escrutinio público con otras cuestiones pertinentes (como por ejemplo, la verificación de los hechos comunicados o sobre el carácter (público o privado) de la persona involucrada en una noticia, completos, veraces y exactos y de revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque daños o amenace la seguridad y los intereses de las personas o de sus familiares, ya que el ejercicio de dicho derecho entraña deberes y responsabilidades especiales), al igual que todas las subvenciones, a fin de adoptar un planteamiento total y exhaustivo. Debería realizarse un estudio de gran resonancia sobre la manipulación de los medios de comunicación masiva nacionales e internacionales y las campañas de desinformación.
Mi opinión personal, por tanto, es que tenemos que analizar una serie de cuestiones y expresar una postura respecto a las mismas, soy muy consciente de que las dificultades crecerán con el paso del tiempo. Los medios que, por naturaleza, persiguen el propio lucro, deberían educar al lector para que desarrolle un enfoque crítico y analice la información que se le suministra. Es indispensable asimismo velar por la libre circulación de las ideas y la promoción de la educación y la información, el fomento de la democracia y la promoción de los derechos humanos, cumpliendo la obligación jurídica constitucional e internacional de respetar la intimidad o de los derechos de la personalidad generales (protección general de la personalidad). Deberían adoptarse medidas para contrarrestar perniciosos hábitos relacionados con el fenómeno de la difamación y la incitación al odio, amenazas y acoso, calumnias y libelo, xenofobia y formas conexas de intolerancia cometidos por los medios de comunicación, y el discurso de incitación al odio, que a menudo se utilizan como instrumentos de propaganda política y como conducto de la discriminación racial, así como los intentos de desacreditar a determinados grupos de personas por su filiación política: se requiere, según los Relatores Especiales de la ONU, buen criterio, tolerancia y sentido de la responsabilidad. El derecho a estar informado no implica la ausencia de toda regla, la permisividad y el irrespeto de los derechos y la reputación de otros, la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. El derecho a la información, junto con el derecho a la libertad de expresión, no pueden dar lugar a la difamación, la calumnia y la injuria, a violaciones y abusos que pueda justificarse con arreglo al derecho internacional. Amén.
