El denominado activismo judicial (de tribunales supremos y magistrados de tribunales superiores o de las altas cortes) es un atentado contra la separación de poderes o el Estado democrático, lo cual constituye un peligro real, un auténtico veneno para el futuro del país. Esta noción ha sido puesta en práctica en el concepto de “gobierno de los jueces” que se entiende como la aparición de jueces y juezas activistas que no son elegidos por nadie (y sus secuaces, intelectuales, juristas y progresistas) que, haciendo caso omiso de la clásica división de poderes —distintivo de equidad en los sistemas de justicia penal— y demasiado alejados de las necesidades de los pueblos, que son frecuentemente las víctimas recurrentes de sentencias judiciales injustas y ofensivas y, de manera a menudo muy política y partidista utilizan instrumentalmente la credibilidad y la legitimidad de la judicatura para defender intereses particulares que no coinciden con los intereses generales de la colectividad (o simplemente para mantener el statu quo reinante) se oponen a las reformas democráticas y actúan como una oposición política, respaldan y utilizan su función para intervenir en el juego político democrático o, peor aún, por su poder de interpretación, sustituyendo al legislador con una invasión en sus competencias o una interpretación extensiva, legislan desde la magistratura o se erigen en un verdadero poder legislativo, pero sin ningún control parlamentario o político.
Además, algunas veces dictan orientaciones que podrían servir de guía al legislador y al Gobierno en sus decisiones para saber qué es lo que se debe hacer y cuándo se lo debe hacer. Y no es infrecuente observar que las investigaciones, enjuiciamientos y sentencias condenatorias son objetivo preferente de la acción partidista para aporrear a opositores políticos y legales e incluso modifican instrumentalmente sus sentencias como instrumento de presión política para defender cualesquiera reivindicaciones. Realmente estamos hablando de una judicatura activista – fundamentalista que se inmiscuye en las competencias del poder legislativo y ejecutivo, que aparece en todo su poder burocrático autorreferencial, privada de sentido crítico y de responsabilidad social, de una burocracia penetrante que quiere ocuparse de todo (injerencia del poder judicial), con una perspectiva "activista" “progresista” de la supremacía del poder judicial sobre la Constitución y a favor de la acción normativa o la concepción y la orientación de un modelo de jueces estadistas. Para muchos la politización de la justicia y de todos sus órganos, la conducta indebida de los magistrados de las altas cortes y el desprecio de la autocontención de la actividad judicial o autorrestricción de los jueces —es decir, de su rol meramente pasivo y no activista— debe considerarse una amenaza directa a la democracia y, por tanto, es inaceptable.
Un alto grado de activismo judicial puede afectar negativamente los derechos y libertades garantizados por la ley y minar la confianza pública en la integridad e independencia de la judicatura, el orden político y constitucional. Eso, en sí, es un factor de riesgo para los valores universales de la imparcialidad, la neutralidad, el principio de independencia judicial y la integridad, incluidos los estándares de conducta profesional, la competencia y atribuciones del poder judicial. El activismo judicial es contraproducente y solamente sirve para avivar las tensiones: se precisan mejores sistemas de monitorización. La única forma posible de calificar el activismo judicial o los “jueces del gobierno” es de insulto y burla manifiesta de la justicia y la ley. Hay que poner fin al reinado de la irresponsabilidad de los funcionarios judiciales y de la impunidad. En el fondo, el concepto de activismo judicial es contrario al mismo concepto de autorrestricción judicial. La autorrestricción judicial es “un principio sagrado, un valor fundamental para garantizar la transparencia y la credibilidad de la administración de justicia”.
La preeminencia del poder judicial sobre los otros poderes debilita los mecanismos democráticos en los que se asienta el principio de la separación de poderes. En la medida en que nadie ha elegido a los jueces, ello representa una disminución del gobierno democrático. El concepto de “gobierno de jueces” carece de equilibrio y de base legal y resulta imposible en una democracia y estoy completamente convencido de que está destinado a fracasar. Fallará por muchas razones. El activismo del poder judicial fracasará incluso cuando tenga éxito, porque su éxito actual no solo exalta la autocracia de la magistratura sobre la democracia parlamentaria, glorifica la pequeña facción sobre la sociedad civil y la igualdad sobre la libertad, sino también ensalza la masa y la clase sobre el individuo y la falta de entendimiento sobre la razón. Pero si es así, será porque el poder judicial ha abandonado el nuevo rol que les asigna la Constitución, el rol del "centro" vital que debe "sostener" si queremos tener una sociedad libre. Por desgracia, hemos perdido lo que Learned Hand se refiere como el espíritu de moderación que es la base de una sociedad libre y del progreso humano.
Con la certeza de estar en justo equilibrio con la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos, al menos en este asunto, rechazamos tanto un gobierno de funcionarios como un gobierno de jueces. Rechazamos, por tanto, la potenciación de una nueva forma de imperialismo de los jueces. Debe evitarse la selectividad, la parcialidad y la politización de lo jurídico, oponerse al uso de dobles raseros y promover el respeto del sistema de control y equilibrio. Esperamos que, prontamente, las Cortes abandonen definitivamente su papel de actores gubernamentales, burócratas y representantes de la sociedad civil mantengan su cometido en la determinación de una judicatura de integridad inobjetable, de resuelta dedicación a esta noble tarea, garanticen la vigencia de la democracia y la legalidad contra los atropellos a los derechos y libertades garantizados por la ley y velen por el desempeño de todas sus misiones y funciones en la sociedad. Tal como afirma Sir Gerald Brennan, presidente del Tribunal Supremo de Australia, los magistrados tienen el privilegio de cumplir las responsabilidades del cargo y están obligados a dejarlo inmaculado cuando llegue el momento de abandonarlo. La grandeza de una magistratura radica en su capacidad de propuesta y su sentido del compromiso; una élite al servicio de toda la persona y de todas las personas que se moviliza para proteger su seguridad, sus posiciones y sus bienes materiales, nunca como símbolo de su poderío, grandeza social y gloria. Muchas Gracias
Nota:
Podemos lamentar el resultado del plebiscito, pero tenemos que respetar los resultados de este plebiscito, porque si me permiten ha sido una expresión inequívoca y democrática de la voluntad popular expresada libremente en las urnas. La complacencia mostrada por la Corte Constitucional debilita el mensaje que llega de este plebiscito y poco a poco desvanece el estado de derecho y el funcionamiento de instituciones fuertes y permanentes. La Corte quiso dar carpetazo al asunto, del mismo modo que lo han hecho con el trato dado al glifosato, muestra indiferencia hacia la opinión de nuestro pueblo, el libre consentimiento de cada uno de los ciudadanos y también lo que el pueblo está diciendo. Decir lo contrario sería mentir. Esto no es justicia. Esta Corte no puede abiertamente burlarse de la voluntad popular, de los millones de personas que votaron no en 2016 y no quieren la JEP o de la democracia de esta forma tan insultante. No es admisible actuar en contra de lo que quieren los ciudadanos o utilizar cualquier excusa que le sirva de coartada para ignorar e intentar saltarse la voluntad democrática y soberana y a la vez crear una fractura social y política. La Corte no puede actuar bajo los únicos dictados de su voluntad o capricho debido a la existencia de una constitución cuya vigencia no puede ignorar y a las que debe dar respuestas. No vamos a aceptar un golpe antidemocrático: "La ley es igual para todos, no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más que lo que perjudica".
La decisión del presidente, Sr. Duque, de ejercer sus prerrogativas presidenciales para proponer las modificaciones adecuadas al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP resalta su adhesión a los principios de rechazo total de la impunidad y su adhesión a los principios generalmente aceptados de buena gestión de los asuntos públicos y de respeto del Estado de derecho, cuyo último objetivo debería ser el logro de una paz justa, plena y duradera que garantice la estabilidad y la seguridad en la región. Proclamamos el derecho de defender las prerrogativas presidenciales que le confiere la Constitución al presidente que, como jefe de Estado y de gobierno y suprema autoridad administrativa simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos para bien del público y las actuaciones posteriores al conflicto, concurrir a la formación de las leyes, ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a la Constitución. El presidente es el depositario de la voluntad soberana del pueblo, y su buen funcionamiento es una responsabilidad conjunta del poder judicial y la oposición.
