La ultraderecha colombiana -disfrazada con lenguajes seudodemocráticos-, esta empeñada a toda costa en bloquear, sabotear y destruir el gobierno del presidente Gustavo Petro y su programa de gobierno -ahora convertido en el Plan de desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida”-, que contó con el respaldo de casi 11 millones de colombianos en las votaciones de junio del 2022.
Petro, -atento y agudo en su reacción- a sabiendas del pérfido juego del bloque oligárquico, se ha movido con mucha flexibilidad y oportunidad táctica para desenmascarar y desbaratar el endiablado y perverso juego político de sus adversarios. Hoy, el desplazamiento del presidente ocurre a través de la figura del “balconazo” como herramienta de interpelación y convocatoria de la ciudadanía y de la movilización social que es de la esencia de una democracia participativa y abierta en el espíritu constitucional vigente.
La estratagema del conglomerado opositor asociado al poder oligárquico histórico presenta varias modalidades como las siguientes:
a) el Lawfare, como una “guerra jurídica” implacable en la que sobresalen el Fiscal uribista Francisco Barbosa, empeñado en trancar con argucias jurídicas la libertad de los jóvenes de la primera Línea, la Paz total y el sometimiento y desmantelamiento de las mafias de la droga en los términos en que sus jefes puedan contribuir a desenmascarar el enjambre profundo de la criminalidad colombiana (que incluye empresarios, terratenientes, banqueros, generales y políticos), tal como lo hemos podido observar con el testimonio excepcional del ex paramilitar Mancuso ante la Jep; lawfare en el que también participan la Procuradora general de la república, el Defensor del Pueblo y uno que otro togado (magistrados y jueces) con sus pulsiones iliberales, por no decir totalitarias;
b) el sabotaje legislativo y mediático a las reformas sociales (salud, pensiones y laboral) y a las decisiones administrativas de la presidencia para materializar compromisos electorales prioritarios como la renta ciudadana, el control de las tarifas de los servicios públicos, la depuración militar en los términos recomendados por la Comisión de la Verdad, los límites a la explotación petrolera, la reorientación de la estrategia contra las drogas para atacar las mafias que controlan el negocio internacional de la coca y no judicializar a los campesinos cocaleros;
c) la manipulación descarada de los poderosos medios de comunicación empeñados en engañar a la ciudadanía con “falsas verdades” e interpretaciones sesgadas de los distintos acontecimientos del país; y
d) la proyección de un “golpe de estado blando” al que concurren todos los factores clásicos de este tipo de salidas a la que no son ajenas los militares (Zapateiro, Mejía, Marulanda, Ramírez, Plazas), en este caso en su condición de unidades de la reserva o como retirados con amplia incidencia ideológica y política en los cuarteles (y en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con fuerte resonancia en los medios), donde están agitando la propuesta de defenestrar al presidente guerrillero, replicando la ruta peruana que cerró con el encarcelamiento de Pedro Castillo y su condena judicial.
La ultraderecha cree que con lo sucedido en Chile y Perú llegó la hora de liquidar al presidente Petro y a su gobierno.
Desde su posesión el pasado 7 de agosto, el presidente Petro ha mostrado gran flexibilidad táctica en el manejo político de su gobierno. Inicialmente convocó un gran Acuerdo nacional que se reflejó en la conformación de un gabinete ministerial con representación de los partidos que no hicieron parte de su coalición para nombrar ministros liberales, conservadores y santistas, e incluir en la delegación de paz para negociar con el Eln a un representante del uribismo, el señor Lafaurie. Con esta gobernanza se logró aprobar una importante reforma tributaria progresiva, el Acuerdo de Escazú, la Paz total, el Plan de desarrollo y otras importantes leyes sociales.
Sin embargo, la fractura estalló al momento de abordar las reformas sociales para desmontar el “modelo neoliberal” imperante en la salud, las pensiones y el régimen laboral. Desde adentro del gobierno, los ministros de Educación (un fanático neoliberal), de Hacienda, del Interior y de Agricultura, hicieron gala de un desvergonzado filibusterismo para socavar las reformas en conexión con Roy Barreras, el prominente presidente “petrista” del Senado -caído en desgracia con su credencial- y afectar directamente el trámite de la ley de salud con el ataque a la valiente y corajuda Ministra Carolina Corcho que debió salir del gobierno para permitir el manejo, por parte del presidente Petro, del áspero y catastrófico momento derivado de la reyerta planteada por las poderosas Empresas de Salud/EPS y su vocería política (liberal, conservadora, uribista y santista) organizada como fuerza de choque neoliberal.
Es en estos momentos de alta tensión política que el presidente Petro resolvió reorganizar su equipo de ministros para depurarlo y fortalecer su capacidad de gobierno con funcionarios más comprometidos con el programa de gobierno. Con un ingrediente adicional: la convocatoria directa a la ciudadanía para que ejerza sus derechos democráticos mediante la movilización política para respaldar el paquete de reformas sociales que incluyen la reforma agraria.
Para esa convocatoria, Petro ha escogido el “Balcón” del palacio presidencial como instrumento cargado de un alto simbolismo político porque significa que estos viejos lugares del poder oligárquico colombiano deben ser reorientados con los sentidos populares, de los derechos fundamentales, de la paz, de la justicia social y ambiental.
El “balconazo” es un espacio de la democracia deliberativo que el presidente ha colocado para enriquecer la democracia pluralista y participativa incluida en la reforma de 1991, y no está en contravía de la forma clásica de la división de poderes que perdió sustancia por ser una forma política enajenada, utilizada por los clanes oligárquicos para tramitar e incrementar sus riquezas y capitales políticos.
El “balconazo” será el canal de interacción del presidente Petro con la multitud para empujar las reformas sociales progresistas y romper las murallas del bloqueo oligárquico que se niega a aceptar los cambios que Colombia demanda con urgencia, tal como se expreso en el estallido social de abril del 2021 que después se canalizó con el proceso electoral del 2022 que llevo al triunfo presidencial del Pacto Histórico.
