Pocos días antes de concluir mi más reciente visita a La Habana, donde disfruté un peculiar mundial de fútbol en medio del Caribe beisbolero, mientras avanzaba en un par de proyectos editoriales, contacté a Pablo Catatumbo para hablar sobre el tema que se avecina en la agenda acordada entre el gobierno y las Farc: las víctimas del conflicto. El jefe guerrillero no rehuyó el tema y nos encontramos para desayunar en un hotel de la capital cubana, pocas horas antes de que Colombia venciera a Uruguay en aquel memorable partido que le sirvió a James Rodríguez para quedar en la historia de las copas del mundo. Catatumbo estaba acompañado de su compañera, Camila Cienfuegos, y fue claro y sincero, como todas las veces que he hablado con él. Sin embargo, no permitió que prendiera la grabadora y me ofreció, a cambio, que contestaría por intenet el cuestionario que yo había preparado. A un par de semanas de que se inicie el ciclo de conversaciones sobre víctimas en La Habana, entre las tormentas desatadas por las últimas noticias de la guerra, las Farc ponen sus cartas sobre la mesa en materia de víctimas.
Jorge Enrique Botero -En unos días el gobierno y las FARC iniciarán la discusión del tema "víctimas" ¿Cómo se han preparado las FARC EP para abordar este punto?
Pablo Catatumbo -Desde la etapa exploratoria de las conversaciones estamos preparándonos para este punto. Ha sido muy importante la consulta a expertos, la recolección de las propuestas e ideas provenientes de las organizaciones sociales y de victimas y el intercambio de experiencias con otros procesos de paz.
Creemos que contamos con las herramientas indispensables, necesarias y pertinentes para el abordaje del tema, para lo cual hay que ser objetivos y tenerse en cuenta, que según estadísticas de Naciones Unidas, más del 80 por ciento de las victimizaciones son responsabilidad del Estado y sus paramilitares.
JEB -Según el acuerdo general para la terminación del conflicto, "resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo" ¿que entienden ustedes por "resarcir"?
PC -Resarcir es superar las causas generadoras del conflicto, del cual deriva la victimización. El resarcimiento parte de que el Estado y la sociedad en su conjunto asuman como propios el tema de la paz y la reconciliación a partir de la comprensión de la existencia del conflicto y se repare el rechazable daño y dolor causado a las víctimas. Esto implica su reconocimiento y su visibilización dentro de la conciencia colectiva de la nación. Es un proceso complejo, largo y que representa retos inmensos para toda Colombia, para lo cual todos deberemos poner nuestro granito de arena.
Significa, además, que las víctimas tengan la plena seguridad de que en el nuevo país se habrán concretado los cambios estructurales de orden económico, político y social que garanticen la no repetición. Esa es, pudiéramos decir, la única garantía que tienen las víctimas de que hechos como los que sufrieron no se volverán a repetir. En este sentido es que decimos, que el acuerdo final debe significar un nunca más.
Para esto hay que partir como es lógico, de que las víctimas conozcan el origen real, concreto y las dinámicas de las situaciones en las que fueron violentados sus derechos.
JEB -¿Por qué insistieron tanto las FARC en la conformación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad y de los orígenes y las causas de la guerra?
PC -Esto se conecta directamente con lo último que señalaba en la respuesta anterior: no es posible la reconciliación sin el conocimiento del origen y las causas de la guerra, una guerra que se inicia décadas antes de la conformación de las actuales organizaciones guerrilleras, las FARC EP y el ELN. Definitivamente no se puede hablar de millones de víctimas como si estas hubieran surgido de la nada, se hubieran producido por generación espontánea, o, debido a conductas individuales perversas. Nosotros insistimos en que el Estado, el bipartidismo tradicional, los gremios y la clase política dirigente y dominante, en general tienen una enorme responsabilidad en todo lo acontecido. Aquí lo que hay son unos orígenes históricos y concretos del conflicto social y armado, que tienen unos responsables fundamentales dentro de los partidos políticos y la institucionalidad. Eso es algo que no debe soslayarse y debe quedar perfectamente esclarecido, si es que de la verdad se trata.
Catatumbo en las montañas del Valle del Cauca
JEB -¿Cuál será el papel de dicha comisión, cómo estará conformada?
PC -El 7 de junio pasado las partes acordamos la conformación de la "comisión histórica del conflicto". Nuestra propuesta es que sea conformada por académicos y expertos escogidos por las dos partes en igualdad de condiciones. Respecto a su funcionamiento considero que no debo adelantarme a los consensos que estamos construyendo con la contraparte y oportunamente se informará.
JEB -Sin desconocer que el Estado colombiano y los paramilitares son responsables de un gran porcentaje de las acciones crueles e inhumanas que degradaron el conflicto, ¿las FARC EP reconocen haber causado graves daños y sufrimientos a civiles en el marco de la guerra?
PC -La insurgencia no es el victimario del conflicto colombiano, como intentan hacer creer algunos sectores y agentes institucionales a la sociedad colombiana desconociendo la realidad que muestran las estadísticas sobre víctimas. Nunca hemos tenido una estrategia de ataque a la población civil, al revés, surgimos como organizaciones guerrilleras precisamente para defender al campesinado y otros sectores populares colombianos que venían siendo masacrados por el establecimiento desde tiempo inmemorial. Posiblemente, en el contexto y el desarrollo de la guerra se pueden haber producido hechos que afectaron a civiles que no tenían que ver directamente con la confrontación. Son hechos lamentables pero no calculados, y como revolucionarios por supuesto que los deploramos. Precisamente del tratamiento y esclarecimiento de toda esta problemática es que nos ocuparemos en el siguiente punto de "víctimas" que va a ser discutido en la mesa de la Habana.
JEB -Hablemos de casos concretos: los diputados del valle y los muertos de Bojayá, por ejemplo...¿qué le diría, de tenerlos al frente, a los familiares de los diputados?
PC -Estamos dispuestos a hablar con todas estas personas, para esclarecer los hechos y manifestar nuestro pesar por cualquier aflicción que podamos haber provocado. Lamentamos, sentimos, compartimos su dolor y sabemos que podremos contar con ellas para la reconstrucción de la patria. Mediáticamente se ha querido buscar avivar odios y fomentar un escenario ambientado en infinitas cadenas de venganza personal, pero sabemos perfectamente que esa no es la posición de las víctimas y que quienes azuzan esas conductas son quienes quieren que la guerra sea perpetua, o los manipuladores, y los que trafican con el dolor de las víctimas. También mediáticamente se oculta el sufrimiento, el daño y todo el dolor que se infringe y se ha infringido a las familias y allegados de quienes hemos abrazado la causa revolucionaria en todos los órdenes, los que no pensamos igual que los que defienden el régimen político imperante.
JEB -¿Aceptan que la práctica del secuestro constituyó una violación a los derechos humanos?
PC -Para hablar con total objetividad y franqueza, este que es un tema tan doloroso, sensible y manipulado, hay que analizarlo en el marco de toda la complejidad que encierra el conflicto social y armado sin pasar por alto el grave fenómeno de la desaparición forzada, que es una práctica sistemática a la que no ha renunciado el Estado.
En un tiempo nosotros practicamos tres tipos de retenciones que usualmente se quieren unificar bajo la etiqueta del secuestro.
La primera es la captura en combate de unidades militares enemigas. Esta es una acción plenamente válida bajo el derecho de la guerra y reconocida en los convenios internacionales, pues los capturados estaban armados, uniformados y debidamente identificados como unidades enemigas y fueron capturados en combate y en el marco de una confrontación reconocida por el Estado. Calificarlos de "secuestrados" o “víctimas” no es más que un sofisma, pues se trata de combatientes enemigos que han sido hechos prisioneros de guerra.
En esas condiciones, la libertad de los prisioneros de guerra estaba supeditada a lo que acordaran las partes en conflicto en el marco de un acuerdo humanitario y el establecimiento no mostró ninguna voluntad para hacerlo. recordemos que en las cárceles de Colombia hay centenares de los nuestros, que si nos atenemos al lenguaje que pretende la victimología del Estado, también sería “secuestrados”.
realizamos exclusivamente para financiar nuestra rebelión frente a un Estado injusto y criminal, y siempre con fundamento en la juridicidad insurgente.
Esta práctica en su momento estuvo motivada por la guerra misma y ha sido practicada por casi todos los ejércitos insurgentes en conflictos de diversos países, dada la asimetría que impone la realidad de adelantar una guerra de guerrillascomo expresión de una Rebelión que por su misma naturaleza actúa en la ilegalidad y que requiere de recursos para su financiación. Nosotros actuamos amparados bajo la ley 002 del naciente estado insurgente, pero que ahora en el camino de la paz, y como un gesto efectivo de reconciliación, hemos modificado para evitar este tipo de privación de la libertad.
La tercera es la retención de personalidades y dirigentes del Estado al que combatimos, con motivaciones eminentemente políticas, no financieras. Se trata de una acción válida desde la concepción insurgente y supeditada a un canje humanitario de presos políticos en poder de la contraparte, en muchas ocasiones arbitrariamente detenidos. Como ve, en este asunto hay también una responsabilidad del Estado por victimizar sistemáticamente a los sectores populares y por negarse a pactar acuerdos humanitarios y no solo responsabilidad nuestra, que obrábamos basándonos en nuestra autonomía, juridicidad y legitimidad rebelde.
Le reitero que en el marco del inicio de los presentes diálogos, hemos aportado como gesto unilateral de buena voluntad, suspender toda acción de retención originada en motivaciones financieras. Hemos cumplido cabalmente, cosa que ocultan permanentemente los grandes medios y el gobierno, mientras que el Estado ha seguido adelante con sus prácticas sistemáticas de detención arbitraria por motivos políticos de dirigentes sociales, campesinos y luchadores populares.
Víctimas de la toma de Bojaya / Crédito foto: Héctor Abad Colorado
JEB -¿Las FARC pedirán perdón a las víctimas? ¿qué papel le atribuyen al perdón en el tratamiento de este tema?
PC -Hemos sido las FARC EP quienes desde el primer momento dijimos que los derechos de las víctimas son innegociables y que no venimos a la Habana a negociar impunidades.
Esa no es una tesis del gobierno, es un principio nuestro. Este es un tema en el que buscamos consensos con la contraparte y con las víctimas y sus organizaciones. Hemos insistido en que es necesario la reconstrucción de la verdad, de toda la verdad, acerca del origen, las causas, los responsables y las dinámicas del conflicto. Estamos en la construcción de algo apegado a las condiciones particulares de un conflicto como el nuestro. Es pública nuestra propuesta del "día nacional de contrición", donde insistimos en que haya por parte de todos los implicados un reconocimiento de las responsabilidades, pero teniendo en cuenta que aquí no podemos establecer una especie de equidistancia porque la generación de la guerra y más del 85% de la victimización está en cabeza del Estado y del bloque de poder dominante. Eso no puede ser ignorado, ni soslayado. Hacia allá apuntamos y seguramente con el desarrollo de la discusión del punto de "Victimas" avanzaremos considerablemente para biende todos.
Y sobre el perdón, que es un asunto de la conciencia íntima, lo que queremos es sacarlo de la manipulación mediática para que no se convierta en un sainete de hipócritas apariencias.
Son bienvenidas todas las propuestas y opiniones que los ciudadanos deseen hacer al respecto, sabemos muy bien que es un tema que despierta interés en toda la población.
JEB -Algunas voces de personas y organizaciones que se declaran víctimas de las FARC-EP consideran que ustedes deben hacer acciones de reparación material de algunas infraestructuras destruidas en desarrollo de acciones militares...
PC -Lo mejor que podemos hacer las dos partes para evitar situaciones como estas, es llegar a un acuerdo final que pare definitivamente la guerra. Sabemos que existe un clamor popular al respecto, y así se ha manifestado en los distintos Foros de Víctimas realizados a lo largo del país, donde la primera petición de la mayoría de las víctimas ha sido el Alto el Fuego Bilateral inmediato, para que no sigan provocándose víctimas en el conflicto. En eso trabajamos todos los días.
En sana lógica, las reparaciones de las destrucciones de la guerra deben ser asumidas por la nueva institucionalidad que pactemos.
JEB -Si se llegara a conseguir un acuerdo de paz, ¿dónde reside la garantía de no repetición?
PC -En una sociedad desmilitarizada, en el fin del paramilitarismo, en alcanzar plenas garantías para el ejercicio político de la oposición y en la apertura hacia una democracia verdadera e incluyente, por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente. De lo contrario resulta imposible que expresiones armadas del conflicto social dejen de presentarse.
JEB -¿Cuáles son, a su modo de ver, los mecanismos que se deberán poner en marcha para cerrar las profundas heridas que han dejado más de seis décadas de confrontación?
PC -La reconciliación no se construye de un día para otro, no es algo que se pueda conseguir por decreto. Lo indicado es una construcción colectiva en la que participen todos los sectores que conforman el país real, donde se escuchen todas las voces y donde podamos tener la seguridad de que la guerra no puede ser el horizonte de un país con tantas posibilidades, tanto potencial, recursos y posibilidades como el nuestro.
