Soy un profesional del derecho, especializado en cuestiones tributarias, tengo un modesto trabajo en una pequeña firma de abogados. Como todos los profesionales capacitados quiero mejorar mis ingresos y calidad de vida, así que durante dos años he buscado con paciencia un mejor trabajo. En esa búsqueda me he presentado a dos convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil que gané, pero que lamentablemente fueron suspendidas por el Consejo de Estado por demandas cuya motivación está en entredicho, ya que los conceptos jurídicos más fuertes las describen como poco legalistas, más bien leguleyas, cuyo único objetivo es dilatar durante varios años el nombramiento de los que ganamos el concurso en franca lid.
Viendo ese panorama continué con la búsqueda de otras opciones laborales, pero los salarios ofertados son incluso inferiores al mío, el cual no supera los 3 SMLMV. Por eso hace algunos días me presenté a una convocatoria realizada por Colpensiones a través de la reclutadora de recursos humanos ADECCO, en donde ofrecieron para la ciudad de Cali cuatro vacantes en el área jurídica, con un salario un poco menos modesto que el mío, pero con la estabilidad laboral que ofrece el sector público.
Llegué al sitio del examen motivado, ya que creía que con mi experiencia y mi postgrado tendría una ventaja considerable sobre los demás participantes, pero todo se derrumbó al observar que frente al pequeño edificio donde se presentarían las pruebas existía una larga fila de profesionales del derecho con la misma esperanza. Al bajarme pregunté si todos iban para el mismo cargo y efectivamente todos concursarían por alguna de las 4 vacantes. Además, me comentaron que la empresa ADECCO llevaba 3 días haciendo pruebas de conocimientos y funcionales para esas vacantes a un ritmo de 7 salones con capacidad de 40 personas cada dos horas.
El común denominador entre las personas con las que hablé era que ninguno tenía trabajo. Algunos venían de zonas a varias horas de distancia como: Armenia, Mocoa, Pasto y Quibdó. Incluso había un hombre proveniente de Bogotá, esperanzado de que por Cali habría menos gente, ya que por Bogotá las pruebas se estaban haciendo por la cantidad de gente en un centro de convenciones. Haciendo unos cálculos rápidos, aproximadamente más de 1000 personas en Cali se presentaron para cuatro vacantes.
El panorama frente a otras convocatorias no es menos desalentador, para un modestísimo cargo con salario de $1.800.000 se presentan a través de Computrabajo alrededor de 400 0 500 profesionales del derecho, muchos de ellos con posgrado y experiencia. Es aquí donde uno observa que las universidades no tienen políticas definidas para contener la sobreoferta, en vez de hacer más rigurosa la preparación y graduación de profesionales cada vez flexibilizan los requisitos para graduar a través de mecanismos como: grados exprés sin preparatorios, pregrados con duración de 3 años u obviando la judicatura al pagar un costoso diplomado. Luego de esto, los tira a la gran masa de abogados buscando qué hacer o de qué vivir.
El único congresista que ha visto esta situación es el representante Germán Navas Talero, quien impulsó la sanción presidencial de la ley de su autoría: 1905 de 2018. Por medio de esta todos los estudiantes de derecho deberán presentar un examen para determinar su probidad en el ejercicio.
Urge de parte del gobierno una política pública de responsabilidad social frente al interés de lucro de las universidades que no miden su sobreoferta académica en el campo del derecho. Estas deberían tener indicadores que determinen la viabilidad de recibir a diestra y siniestra adolescentes que posiblemente en un futuro serán víctimas del duro desempleo en esta profesión, el cual ya se siente. Actualmente existen 320 mil tarjetas profesionales de abogado, la segunda cantidad más alta del mundo luego de Costa Rica, país de 4 millones de habitantes.
Mientras tanto continuaré buscando un mejor trabajo.
