Desde sus años de oposición, el uribismo viene insistiendo en la necesidad de retomar las aspersiones (suspendidas desde 2015) y continuar atizando una fracasa lucha contra las drogas, sí, fracasada porque hace rato quedó demostrado que las drogas ganaron esa guerra. Creer que la coca se acabará asperjando veneno a miles de campesinos pobres, obviando la inherente corresponsabilidad del consumo (que en Estados Unidos es un grave problema de salud pública) y las redes de lavado de activos, es tan ingenuo como patético. Es creer en cuentos de hadas o ser uribista.
Si bien el tema es complejo, condicionado por las directrices del gobierno norteamericano que no ha desnarcotizado la agenda bilateral, y para los colombianos del interior, que viven en las grandes urbes y que nunca han visto una mata de coca, resulta distante e innecesario. La realidad cotidiana para más de 230.000 familias campesinas, indígenas y afros es que ante el abandono del Estado deben sobrevivir al amparo de la mata de coca, es su sustento y única fuente de ingresos. Con el acuerdo de paz llegó la promesa de la sustitución y cerca de 100.000 familias confiaron en el Estado; sin embargo, el gobierno Duque ha desconocido ese programa en su afán de hacer trizas la paz. Ante ese sombrío panorama, Camilo Romero afirmó en una reciente entrevista que primero hay que fumigar la Casa de Nariño.
Romero, referente de la sustitución voluntaria
El precandidato presidencial de los verdes y exgobernador de Nariño, es una voz autorizada cuando de discutir sobre problemáticas sociales derivadas de los cultivos ilícitos se trata. No solo porque gobernó uno de los departamentos más asediados por los cultivos ilícitos, logrando con éxito que Tumaco dejará de ser el territorio del país con más coca, sino porque es un férreo defensor de la sustitución voluntaria como la posibilidad más humana e integral de concertar una solución a una problemática que pasa por el abandono del Estado, la débil oferta institucional y el control de grupos armados. Desde la sustitución voluntaria se asume que detrás de la mata de coca no se esconde un capo del narcotráfico, ¡claro que no!, por lo general, se encuentra una familia que no cuenta con las condiciones sociales e históricas suficientes para desarrollar un cultivo lícito. Pensando en esas familias en el punto cuatro del acuerdo de paz, se diseñó un ambicioso programa nacional de sustitución, el mismo que Duque ha desconocido sistemáticamente y sigue haciendo trizas en su empeño de retornar al glifosato.
Un acuerdo hecho trizas
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se creó en La Habana y orbitó a lo largo de todo el proceso de negociación. Según la Biblioteca del Proceso de Paz, fue Santos quien insistió en la necesidad de discutir un punto sobre drogas, a regañadientes los negociadores de la guerrilla avanzaron en una metodología de construcción participativa que derivó en un programa de sustitución, articulado a la Reforma Rural Integral, los Planes Nacionales Sectoriales y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el programa se materializó en el territorio con la firma de acuerdos voluntarios de sustitución, cerca de 100.000 familias abrazaron la promesa emanada del acuerdo y le apostaron a l desarrollo alternativo, condición clave para dejar atrás la dependencia al cultivo ilícito y avanzar hacia un campo productivo. Las mismas familias fueron las encargadas de arrancar la mata (con un bajo nivel de resiembra según la ONU) mientras creían por primera vez en el Estado; sin embargo, desde esos primeros días el gobierno Santos incumplió y aquella promesa empezó a hacer aguas. Duque solo ha profundizado ese incumplimiento.
Erradicando la confianza
A pesar de que hay ciertos ejemplos de éxito en la transición de cultivos (hacia el cacao especialmente), haciendo un balance general, el PNIS ha fracasado parcialmente porque el Estado no ha tenido la capacidad de cumplirle integralmente a las familias, es decir, respetar e impulsar sus visiones de desarrollo. Además, nació con un grave problema de financiación, sin la capacidad administrativa para llegar a los territorios más olvidados de la geografía nacional, así como integrarse efectivamente a los componentes de la Reforma Rural Integral (que viene caminando a paso de tortuga). La consecuencia más lamentable de esa situación es que se ha erradicado la confianza que miles de familias depositaron en el Estado, muchas, realmente convencidas de la importancia de impulsar una transición económica. Ahora, se enfrentan a un gobierno empeñado en inundar los campos con glifosato (en Nariño entre 2005 y 2014 se asperjaron 3.700.000 litros de glifosato). Herbicida cancerígeno, paliativo de una guerra perdida y depredador del medio ambiente.
Un llamado desde las regiones
Hace dos años se viralizó la intervención del entonces gobernador Camilo Romero en uno de los talleres “Construyendo país”. El gobernador (al que le retiraron la visa en medio de la persecución de la que fue víctima por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez) le dio cátedra de gobierno a Duque. Un presidente ajeno a la realidad de los millones de colombianos que habitan en la Colombia azotada por el conflicto y el abandono. Romero le explicó a Duque porque insistir en el glifosato es menospreciar la vida, atentar contra la naturaleza y desconocer la confianza depositada en el Estado. El llamado de Romero vuelve a tener pleno sentido por estos días, en los cuales se repite la película del eterno retorno del glifosato, bajo los mismos argumentos y en detrimento del acuerdo de paz. Concuerdo con Romero en la necesidad de fumigar la Casa de Nariño, frecuentada por el fantasma del Ñeñe Hernández y otro fantasma de nombre Memo.
Con el uribismo en el poder es imposible pensar en cambiar la fórmula del fracaso. ¡En el 2022, fumiguemos la Casa de Nariño!
