Todas las señales que manda el mundo político indican que no hay marcha atrás en la manera como se relacionan actualmente el poder ejecutivo y el legislativo. El gran acuerdo nacional de que tanto se habla parece tener un convidado de piedra: el Congreso de la República. No hay indicios de que se quiera llegar a un acuerdo negociado con los partidos que hoy son independientes o en la oposición, ni siquiera con uno muy importante que sigue siendo partido de gobierno, aunque no lo parezca: el Partido Liberal.
El resultado de ese desbarajuste es que las grandes reformas propuestas por el gobierno, todas en trámite, no van a tener un recorrido fácil en el Congreso y cada una de ellas tendrán que ser objeto de debate en un contexto que no ha cambiado y es que el partido de gobierno y los partidos que lo apoyan son una minoría parlamentaria. Se avecina un proceso de negociación al detal, con cada parlamentario, cuyos resultados son muy inciertos.
Para mal de todos, porque en ese escenario todos pierden. Pierde el gobierno si no puede sacar adelante sus reformas todas necesarias, aunque no como están propuestas; pierde el Congreso que aparecería como enemigo del cambio; y sobre todo pierden los colombianos que esperaban un cambio positivo en la legislación que ayudara a resolver el problema central de la Nación que es la inequidad.
En lo referente a la reforma a la salud, el Presidente Petro tiene toda la razón al denunciar el escandaloso fracaso de las EPS, creadas por la Ley 100 de 1993. Desde 1997 han sido liquidadas más de 100, entre Administradora de Régimen Subsidiado (ARS), EPS de régimen contributivo y EPS de régimen subsidiado. Las razones: desviación de recursos, inviabilidad financiera, carencia de redes, negación de autorizaciones de servicios, demoras injustificadas en el suministro de medicamentos y barreras de todo tipo para la prestación de tratamientos vitales.
Las 5 EPS bien manejadas que sobreviven (hay 13 intervenidas) no son argumento para sostener ese mecanismo como fue concebido, pero tampoco la idea de entregar al Estado la responsabilidad del aseguramiento, como quiere el gobierno
Las cinco EPS bien manejadas que sobreviven (hoy hay 13 intervenidas) no son un argumento válido para sostener ese mecanismo como fue concebido, pero tampoco lo es la idea de entregar a manos del Estado la responsabilidad del aseguramiento, como lo quiere el gobierno. Allí lo que han fallado son criterios gerenciales y controles, que habría que fortalecer, dos cosas que tampoco abundan en la administración pública. El resto de la reforma está bien enfocada a la atención primaria y la dignificación de los trabajadores de la salud. Nadie se opone a ello, pero el escollo de las EPS si es mayúsculo.
En lo referente a la reforma pensional, tiene razón el presidente en que hay muchos ciudadanos desvalidos sin pensión, pero el tema es un asunto técnico. Los expertos unánimemente han dicho que pasar las cotizaciones de más de tres salarios mínimos a Colpensiones, que son la inmensa mayoría de los cotizantes, no sólo significa la virtual desaparición de los fondos privados de pensiones, cuyos ahorros han sido una fuente de desarrollo económico, sin escándalos ni malos manejos, sino también crea en el largo plazo una carga fiscal impagable. Difícil que sea aceptado por el Congreso.
En lo referente a la reforma laboral, es un asunto de ajustar sus normas a la dura realidad del mercado laboral colombiano (no sólo de los trabajadores sindicalizados). No se puede encarecer demasiado la creación de empleo, pero tampoco mantener salarios irrisorios e inestables, en lo cual tiene razón el presidente. Hay allí campo para una negociación, clave para mejorar el nivel de vida de los más necesitados.
En lo referente a la Ley Estatutaria de Educación, que consagra la educación como un derecho fundamental, lo que hay es un catálogo de nobles intenciones, que es imposible no aceptar, con la esperanza de que gracias a ella mejoren los actuales estándares de la educación pública.
O sea, que los colombianos piden a gritos que mejore el acceso a los servicios de salud, que haya más pensionados, que haya menos trabajadores informales y educación pública de calidad. Es la agenda del gobierno del cambio que recogió esas necesidades sentidas de la gente y las ha puesto a la cabeza de la agenda nacional. Pero como para llevarlas a la práctica se necesita el concurso del Congreso, si no hay la voluntad para construir puentes con los partidos políticos (no con los parlamentarios a destajo) y voluntad para ceder, en el gobierno del cambio no habrá cambios. Equivocada la consigna de una política donde no hay marcha atrás.
