La fiesta de la democracia no fue tal, no cabe duda que una juerga con la ausencia del 56,42% de sus invitados, más un 16,26% de asistentes que la desconocían, demuestra que esta ha sido un fracaso, y que es sin duda un reclamo para una transformación profunda en el régimen político, una apuesta por cambios estructurales propuesta en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Los resultados que se reparten entre la abstención, el voto nulo, no marcado o el voto en blanco es más que un desafío, es el reflejo de una incapacidad político legislativa del actual régimen colombiano que lo llena de dos despropósitos en estas elecciones: la representación y la legislación en todo caso ilegítima.
Es importante considerar que el problema de la jornada del pasado 9 de marzo corresponde a un fenómeno que va en dos vías: los representantes y los votantes.
Por parte de la honorable del Congreso de la República, como es ya sabido, el clientelismo reinó y la financiación de las campañas impuso nuevamente la dudosa procedencia de los recursos, en cierta parte acolitada por la Ley. Queda claro que la financiación de las campañas aún sigue siendo un fenómeno que permite la intromisión de las mafias y la prevalencia de satisfacer favores políticos, convirtiendo la corporación legislativa no en una institución de cara al país, sino en una cuna del clientelismo burdo de familias y amigos.
Por el otro lado se encuentran los sufragantes y los no sufragantes, entre quienes, sin duda alguna prevalece una escasa participación política por parte de la población colombiana en el espacio que por excelencia se presenta para este ejercicio. Cabe preguntarse, sustrayéndonos del debate ético de la abstención, a quién representa el actual congreso, si realmente existe una representación territorial, si las circunscripciones especiales se encuentran satisfechas con quienes los representarán, o si los sufragantes estaban identificados con las propuestas políticas. Sin duda alguna, la baja participación y el alto número de votos nulos, en blanco o no marcados puede caracterizar esta jornada no como una fiesta democrática, sino por el contrario representa la contienda de una Maquinaria Electoral desplegada, un ultraje al marketing político que pareciese convertirse más en una propaganda de cosméticos políticos donde las propuestas fueron las grandes ausentes, una campaña vacía y débil que junto con la composición actual de las cámaras, tendrá carencia de debates y seguirá imperando el famoso "pupitrazo" y la reunión con acuerdos de pasillo.
Estos problemas de participación y representación no solo corresponden a la Ley de Partidos y Sistemas Electorales, corresponde a un problema político, más que jurídico, que parte de los vacíos y contradicciones que tiene la actual Constitución Política de Colombia.
Es así como ante el guayabo que deja la nefasta “fiesta de la democracia”, la idea de una Asamblea Nacional Constituyente debe corresponderse a una apertura democrática real que potencie y articule la participación representativa, activa y directa, donde estas cuenten con las garantías para ser vinculantes ante la legislación, y en esa medida, considerar lo pertinente que sería para la democracia rodear de mayores garantías los cabildos, las consultas populares, los espacios asamblearios, la participación ciudadana y particularmente a las diferentes formas de movilización, proponiendo involucrar al pueblo colombiano en la construcción de planes, proyectos y política pública propia de sus comunidades y territorios; y en este sentido, garantizar una participación mucho mayor a los movimientos sociales tan protagonistas en los últimos años. Dicha apertura que potenciará, ya no una celebración eventual de una falsa fiesta patrocinada por el clientelismo y la violencia, sino una cultura política más democrática y participativa tan necesaria para la construcción de país y la reconciliación en un eventual proceso de Paz.
Bajo estas consideraciones, la Asamblea Nacional Constituyente como un espacio de transformación estructural del régimen político actual, debe contar con la participación activa del gremio universitario, donde la academia sea contribuyente en la apuesta porque los estudiantes jueguen un papel como sujetos políticos dentro del poder constituyente.
