En las últimas dos décadas, el mundo ha asistido a un descomunal despliegue de la economía de mercado, cuyo desarrollo ha incorporado mecanismos tan elaborados para su reproducción como la obsolescencia programada y así asegurar la constante rotación de mercancías. El mercado desarrolla su descollante potencia a costa de la sobreexplotación de combustibles fósiles como pilar fundamental para mantener el ritmo de producción. Actualmente, el 60% del consumo final de energía a nivel global, está asociado a la industria y el transporte. Estas actividades, intensivas en uso de combustibles, han provocado un aumento de 61% en emisiones de CO2 entre 1990 y 2013.
El 85% de estas necesidades energéticas se suple con ingentes cantidades de petróleo, gas natural y carbón, aun conociendo lo perjudicial de estos energéticos primarios. Lo anterior explica por qué de las 50 corporaciones más grandes del mundo (por ingresos), 19 están directamente ligadas a la explotación o comercialización de combustibles fósiles; y de las 10 primeras, 7 tienen esta misma característica. Este es un negocio multimillonario en el que las energías renovables no convencionales y las actividades humanas con baja huella de carbono se constituyen en insolentes enemigos. De allí que entre más se habla de resolver la crisis climática por parte de los gobiernos y corporaciones, más crecen las emisiones de CO2. Tristemente, si todos los países cumplieran con sus objetivos de reducción de emisiones, para el 2035 tan solo el 16% de la energía se generaría con fuentes renovables.
Colombia no es ajena en la escena de esta compleja red global de negocios. Por el contrario, la regulación flexible y la progresiva eliminación de barreras promovida en los noventas y profundizada espactacularmente durante el nuevo mileno (Ver: Decreto 2080 de 2000, Ley 685 de 2001, Ley 963 de 2005, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones), generó un aumento de inversiones en diferentes sectores de la economía colombiana, pero principalmente en minería e hidrocarburos. Como resultado de esta política de confianza para el inversionista (compromiso de Uribe, ¡y vaya que cumplió!), el sector minero energético presentó una inversión extranjera directa (IED) de USD 29716 millones durante el período 2002-2010, mientras que el mismo sector había sumado en IED la suma de USD 2988 millones en el período 1994-2001. Menudo incremento.
Toda esta apuesta de reprimarización de la economía se ha adelantado a costa de destruir el aparato productivo nacional y con el consiguiente aumento de importaciones (USD 60000 millones en 2014, 5 veces más que en el 2000); además de la generación de un sinnúmero de problemáticas en los territorios, al punto que Colombia figura como la deshonrosa virreina mundial en el número de conflictos ambientales, con 116 conflictos reportados, solo superada por India con 221. Despojo, desplazamiento, destrucción de ecosistemas y pobreza ha dejado a su rastro esta nefasta apuesta.
En este aciago contexto y teniendo en cuenta la incapacidad de la economía de mercado y los monopolios energéticos para resolver el problema ambiental y de pobreza, es que se debe impulsar la democracia energética como alternativa factible y necesaria. Este cambio de esquema tiene una serie de principios que se enuncian a continuación:
- Las empresas proveedoras de energía eléctrica privatizadas, deben pasar a manos públicas nuevamente. Un ejemplo de lo anterior es el referendo en Hamburgo-Alemania en el año 2013, en el cual la ciudad aprobó dar marcha atrás a la privatización de sus redes eléctricas, de gas y calefacción (existen ejemplos documentados de cooperativas energéticas en Canadá, Nepal, EEUU, Alemania, Argentina, Italia, Croacia, Dinamarca, entre otros).
- En lugar de grandes centrales de generación, es importante promover la generación renovable de manera distribuida. Es decir, adelantar aprovechamientos hídricos (de pequeña escala), solares fotovoltaicos, eólicos, etc., que suplan de manera local las necesidades energéticas de comunidades, barrios, caseríos, etc.
- Cambiar el marco regulatorio donde prima el margen de ganancia y pasar a priorizar las necesidades más urgentes de la población, con el fin de que el uso de la energía redunde en mejores condiciones de vida, desde la perspectiva laboral, ambiental, económica y social. Además, las formas de control y propiedad local de la energía, junto con empresas públicas centralizadas de gran tamaño que puedan existir bajo la lógica del bienestar general, deben establecer mecanismos de planeación, operación y coordinación para beneficio mutuo.
La concepción de democracia energética fuera de ser posible, como se ha demostrado en otros países, se convierte en un elemento central en la discusión sobre el futuro ambiental y como una herramienta para la reducción de brechas sociales en países especialmente pobres. Este concepto, aunque no es mencionado de manera explícita, no escapa de las discusiones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP que tienen lugar en la Habana.
Desde el inicio del proceso se ha planteado que “el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente”, constituye un pilar fundamental para la construcción de una paz estable y duradera. En concreto, en el borrador de participación política se menciona la importancia de la planeación democrática y participativa en los asuntos que atañen a las comunidades, con el fin de elaborar políticas públicas y establecer mecanismos de discusión de los planes de desarrollo. Una de las herramientas son los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), que deben contar con un amplio espectro de organizaciones y movimientos para la toma de decisiones y la planeación democrática y participativa.
También este borrador menciona la importancia de la interlocución y construcción de agendas en todos los niveles, y las garantías para el intercambio de experiencias exitosas de organizaciones sociales. Esto permitiría la coordinación adecuada de potenciales cooperativas energéticas a niveles locales y regionales de tal forma que se establezcan mecanismos de planeación en el corto y mediano plazo. Además, para la elaboración de planes energéticos con fuentes renovables, es imprescindible contar con asistencia técnica (también contemplada en el borrador) para los CTP, esto garantiza un análisis confiable y realista para la implementación de estas iniciativas, en donde la coordinación con universidades y el estudio de experiencias internacionales puede aportar información importante.
El borrador de Reforma Rural Integral (RRI) también complementa lo mencionado, al resaltar la importancia de la promoción de planes nacionales destinados a la provisión de bienes y servicios públicos para garantizar el buen vivir de las poblaciones. Esto claramente va en la vía de la democratización y el acceso a la energía para mejorar las condiciones económicas de sectores históricamente excluidos, a través del mejoramiento de la producción y acceso a los alimentos, la generación de empleo y la erradicación de la pobreza. Estos planes asociados a la RRI deben propender por la “sostenibilidad medioambiental” y tener en cuenta las necesidades y particularidades de los territorios, nuevamente en consonancia con los principios de la democracia energética como catalizador del posacuerdo.
También el plan de RRI contempla el derecho al agua y su uso racional, a través del manejo de zonas de reserva, ecosistemas frágiles y estratégicos, y en general fuentes importantes de recursos hídricos. Esto contradice las formas de generación de energía por medio de grandes aprovechamientos hidroeléctricos y abre el paso a otras formas de generación de menor impacto. El cumplimiento de los Planes Nacionales de RRI requiere importantes obras de infraestructura vial, de riego, eléctricas y de conectividad. Esto permitirá que los mismos miembros de las comunidades reciban la capacitación y asistencia técnica necesaria para garantizar la adecuada operación de los sistemas aislados.
Si estos mecanismos se hacen efectivos, el acceso democrático a la energía y los planes para el uso de los territorios en formas no depredadoras, deben ser parte de la agenda para la construcción condiciones de vida digna y la construcción de paz en los territorios más afectados.
Esperemos que la voluntad de las partes sea materializada a través del efectivo cumplimiento de los acuerdos. Que la amenaza vigente del paramilitarismo no entorpezca el escenario del posacuerdo y que la voluntad de paz de las mayorías sea la fuerza preponderante en la construcción de una Paz estable y duradera.
