Fue lo que pactaron y están materializando los presidentes Lula, AMLO, Boric y Petro para hacer dinamizar verdaderas instituciones y no permitir que por sus poros se filtren los indeseables, de los que ha resultado Pedro Castillo en el Perú, situación que debemos evitar calcar los colombianos porque vivimos uno de los periodos más difíciles de la historia, el síntoma es corrupción generalizada, que ha originado complicados problemas, no tanto por el desprestigio de sus dirigentes sino por la pérdida de confianza en las instituciones.
Es evidente que una buena parte del gobierno en Colombia no ha registrado la profundidad de la crisis de confianza pública que está desafiando al país; hablamos de "confiabilidad”, es decir, de ciertos atributos que dan a los ciudadanos o electores razones para creer que las instituciones actúan en beneficio de todos.
En Colombia ha habido una ausencia de la eficacia de una democracia funcional; ocurre que allí no todos los ciudadanos son iguales, porque las penas más duras se aplican a quienes ejercen responsabilidades públicas. La altura de un cargo es la altura de su responsabilidad. Mientras más elevado, más severo es el castigo y se debe condenar de forma ejemplar. Entonces si un parlamentario es ejemplaridad de un país, se preguntaba el Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Hermes Lara, ¿por qué el afán de blindarse y legislar a favor de sus intereses y no del interés general que es el sentido de la norma?
La democracia es un sistema imperfecto, cuyo mayor mérito no es el recurso al número o el mayoríteo, sino el respeto a la dignidad de las personas, la negociación permanente y la articulación de intereses. La apelación al número es un trámite último, cuando los acuerdos no bastan, por eso Laureano Gómez siempre afirmaba con certeza que la mitad más uno no siempre tiene la razón.
En Colombia se reactiva permanentemente un factor poderosísimo del fracaso: nosotros somos un pueblo que se enamoramos de nuestras propias tragedias cuyo síntoma es que cuando no le achacamos nuestras frustraciones a los demás, se las echamos a los conquistadores o a la mala suerte. Y mandamos cachaza y ligereza de seguir prolongando irresponsablemente nuestra torpeza de confiar la solución de nuestros problemas en los personajes que han originado los mismos, actos que repetimos desde hace doscientos años.
Por lo demás, es una costumbre inveterada que hemos tenido, como muchos otros países, una serie de funcionarios y políticos que les fallaron al país, organismos de control que no ayudaron y que en muchos casos hicieron y hacen daño por sus recetas que le sirvieron de alcahuetería a los corruptos. Pero al mismo tiempo es innegable que las administraciones colombianas desde hace bastante tiempo no fueron todo lo responsables que debían ser, que las instituciones no desempeñaron su función asegurando que los intereses ciudadanos fueran protegidos.
Esta situación se explica por la convergencia de una serie de factores que han sido ignorados, de los cuales los dos primeros son tal vez los fundamentales: para hablar sobre cómo recrear vínculos de confianza entre los ciudadanos y sus dirigentes.es decir, que distintas voces, que están representadas en la constitución política y tienen algo para decir, serán consideradas; que los individuos que se ven afectados por una política sientan que aun perdiendo, aun si su interés no es el que se impone, aun si su política no es la que triunfa, los procedimientos que se utilizaron para establecer esa política fueron legítimos y tendrán oportunidades en el futuro para cambiarla. En segundo lugar, un gobierno es confiable si además de ser relativamente imparcial y claramente equitativo es también capaz de hacer promesas que resulten sostenibles, tomar decisiones en las que la gente pueda pensar que no van a dejar de cumplir, que no van a usar el dinero en una forma inapropiada o corrupta. Esto requiere acuerdos que aseguren transparencia en el gobierno, capacidad para administrar y procedimientos que castiguen a los que incumplan sus promesas que sean susceptibles de ponerse en marcha de manera automática. Una política así es premiada por la sociedad.
Pero cuando también se quiebra la fe y la confianza en las instituciones se produce una crisis grave. Y en esta estamos los colombianos. No hay demasiada confianza en los políticos, magistrados, ejecutivos y está justificado. Y no hay demasiada confianza en las instituciones, y también está justificado. Y sin instituciones justas es muy difícil que puedan existir instituciones confiables y líderes decentes.
Es una burla que deban ser los mismos políticos de los gobiernos que contrajeron o abultaron la desidia y la corrupción en las instituciones quienes tengan hoy que negociar su alivio o la forma de evitar su cáncer corruptivo que hace metástasis, es algo que no puede dejar de causar cierta perplejidad, fuera y dentro del país.
Vista así las cosas, el escenario social y político que actualmente vivimos como país con el despliegue y demostración ostensible de tensiones sociales que se expresan en permanente movilización para que se elija nueva fiscal, se ha caído en cerco de púa, muy a pesar de las expresiones del constituyente primario donde reside la soberanía, porque las instituciones de la administración pública, han caído en la corrupción lo que se equipara al estrangulamiento de la Justicia, la devastación de los principios republicanos, el uso del Estado para beneficio de los transitorios detentadores del poder, diversos métodos para limitar y cercenar el progreso del país ,es decir, estamos en un atolladero que lo han explicado con profunda lucidez los profesores Ramiro Bejarano , Rodrigo Uprimny y con el esclarecimiento de exConsejero de Estado Gustavo Gómez.
Ahora bien, pero ¿qué sucede cuando todas las instituciones están lastradas por el mismo mal?, la respuesta más frecuentada y más fácil es que los administradores de esas instituciones se niegan a actuar, porque ellos mismos son la causa del problema que enfrentan. Pero es preocupante la impunidad de la que gozan los que administran dineros públicos en nuestro país ha convertido a la política en una batalla por acceder a jugosas oportunidades de negocio porque la entidad que debe investigar el crimen :la Fiscalía genera la impunidad que es el camino para repetir la misma comisión del delito.
