A partir de las desmovilizaciones que ocurrieron durante el gobierno del expresidente Uribe, se creó una ruta de integración que incluye un modelo de formación y educación para ayudar a los desertores a reincorporarse a la sociedad. En Bogotá fueron más de 5.000 los beneficiarios, pero hoy son pocos los que continúan educándose para construir de nuevo un proyecto de vida.
La capital colombiana es el sitio donde muchos excombatientes decidieron empezar su proceso para volver a la vida civil. Carlos Giraldo es uno de ellos y hace menos de un año decidió dejar atrás su vida de combate para recuperar su libertad. Durante 15 años formó parte de la guerrilla de las Farc en San José del Guaviare y, después de nueve días en los que tuvo que caminar largos trayectos y alimentarse con mínimas porciones de comida, logró salir de las selvas colombianas para desmovilizarse, al igual que miles de paramilitares con el Pacto de Ralito.
El 15 de julio de 2003, los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez firmaron un acuerdo que, durante los primeros diez años de su implementación, permitió la desmovilización de 35.316 paramilitares.
Sin embargo, en esa década no solo se desmovilizaron paramilitares. El marco jurídico para realizar el desarme dio pie para que militantes de las Farc, del Eln, Erp, Erg y Epl también decidieran cambiar el fusil por la libertad. Esto causó que las cifras de desmovilizaciones aumentaran significativamente: para el año 2015 se registró un total de 57.456 reinsertados.
La dejación de armas de los paramilitares y el crecimiento exponencial de los desertores, fue el punto de partida para que el Estado decidiera crear un modelo que les permitiera reintegrarse a la vida civil. Sin embargo, ponerlo en marcha no fue fácil porque los niveles educativos de los desmovilizados eran preocupantes.
Según la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), muchos de ellos se estancaron en su proceso académico, en su gran mayoría no habían completado la primaria, 80% eran analfabetas y casi todos estuvieron marginados del sistema educativo durante el tiempo de pertenencia al grupo, el cual es de 15 años en promedio.
Esa falta de preparación hizo que el gobierno tomara la decisión de llevar a los desmovilizados a las aulas. Pero los resultados no fueron los esperados porque las instituciones educativas no estaban preparadas para recibir a alumnos con estas características. Así que fue necesaria su reestructuración.
Edna Acosta, Directora del contrato entre la ACR y la Universidad Gran Colombia, institución que está operando el Modelo de Educación para la Reintegración actualmente, hizo parte del equipo que, desde el año 2008 hasta el 2010, se encargó de realizar el pilotaje para crear un nuevo programa que le diera sostenibilidad al proceso. “El Alto Consejero para la Reintegración en ese momento era Frank Pearl. Él consiguió el apoyo internacional de Holanda y esto permitió la asignación de recursos para que se hiciera el modelo”, comenta Edna.
En total fueron diez regiones estratégicas donde se hizo el pilotaje y Bogotá fue una de las ciudades que más recibió desmovilizados: concretamente 5.287 excombatientes. De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica, la concentración de los desertores se da principalmente en las zonas urbanas porque ellos se enfocan en alejarse de aquellos territorios rurales donde pueden estar en peligro, ya que cuando abandonan de forma voluntaria los grupos armados se convierten en un objetivo militar.
Villavicencio hizo parte de la lista de lugares donde se implementó el pilotaje del modelo y fue precisamente a esa ciudad donde Carlos llegó después de haber vivido nueve días de incertidumbre, miedo y dolor.
Una noche de mayo, él era el encargado de hacer la vigilancia del campamento. Cuando vio la oportunidad perfecta, agarró la comida que pudo y emprendió su huida. No hubo tiempo de planear el futuro, lo único que hizo fue correr para atravesar las selvas de San José del Guaviare y llegar pronto a la población civil. Lo que más anhelaba era recuperar a su familia, pero sobre todo, su libertad.
El alimento apenas le alcanzó para seis jornadas. “Duré tres días a punta de agua y los bejucos que encontraba. Llegué a Calamar y ahí me dio miedo, porque de pronto había paramilitares, esa zona es de ellos. Entonces yo seguí andando. Llegué a San José bordeando las costas del pueblo. También me dio miedo salir ahí”.
Fueron 216 horas en las que luchó por sobrevivir mientras trataba de encontrar la población civil. Herido, pero con toda la intención de salir adelante, logró llegar a la capital del Meta y durante dos días intentó planear lo que haría con su futuro. La primera decisión que tomó fue presentarse al Batallón 21 Vargas, de ahí lo trasladaron a un hogar de paso en Bucaramanga donde inició formalmente su proceso de reintegración.
Maria Elvira Laverde, Subdirectora Territorial del Grupo de Articulación de la Agencia Colombiana para la Reintegración, dice que los desertores llegan buscando una mano que los ayude a salir adelante. Por eso, cuando ingresan a los hogares de paso tienen un primer acercamiento con algunos profesionales, quienes se convierten en sus primeros hilos de confianza.
Carlos no solo llegó sin saber cómo sería su reintegración, tampoco tenía conocimiento de los cambios que había tenido la sociedad. La tecnología lo sorprendió, pero no fue lo que más lo impactó porque, para él, la sensación de libertad es la mejor recompensa de escaparse del monte. Eso sumado a que por fin podría cumplir su anhelo de seguir estudiando, ya que en la selva quedó pausada su formación académica y la construcción de un proyecto de vida.
“Yo siempre he dicho que en la ilegalidad y en la guerra se vive el día a día porque no hay una proyección. Este modelo los pone en esas preguntas que los ayudan a encaminarse hacia un proyecto de vida”, dice Edna Acosta, quien además asegura que la ruta educativa les brinda las herramientas fundamentales para ayudarlos a establecer nuevas metas, sueños y aspiraciones.
Dentro de este proceso, la Agencia se encarga de orientar a los desmovilizados hacia el sistema educativo para que puedan adquirir nuevos conocimientos y potenciar sus habilidades. Como cada integrante tiene una situación diferente, “a ellos se les muestran varias alternativas para que puedan ingresar. En ese orden de ideas, ellos son los que deciden dónde quieren estudiar”, comenta Maria Elvira.
Carlos optó por el Colegio Distrital Los Alpes, una institución ubicada en lo más alto de las montañas que bordean la capital colombiana, pionera en la implementación del modelo. En la actualidad sigue recibiendo personas que, no solo hacen parte de la ACR, sino que también pertenecen a poblaciones vulnerables que están en proceso de formación académica.
Marisol Guzmán, docente de la institución y una de las mujeres que lideró las clases entre 2012 y 2013, periodo en el cual el modelo estaba en pleno auge, habla de los estudiantes reinsertados como si fueran sus propios hijos. Fue tan grande el vínculo con sus alumnos, que decidió registrar todas las historias que le compartían. “Tengo escrito todo lo que ellos me contaban, porque a mí me llama mucho la atención saber todo lo que vivieron. La gente los ve como los guerrilleros, los malos, y uno no ve esa parte interior de ellos que también, como nosotros, son seres humanos”.
Este modelo, además de educarlos para el regreso a la vida civil, también les brinda la oportunidad de generar espacios de reconciliación y socialización. “Nosotros llegamos a tener acá incluso desplazados de la guerrilla. Yo tenía una alumna que fue desplazada, ella convivió con los guerrilleros y todos sabían, fue súper, con mucha paz”, cuenta Olga Reina, otra profesora que alcanzó a tener 66 alumnos desertores de varios grupos armados en un solo salón.
Hubo un reencuentro especial que marcó sus vidas. Olga y Marisol recuerdan con cariño a Fabio Salgado, un hombre desmovilizado que en su proceso de reintegración pudo reencontrarse con su familia. “Aquí se reencontraron un padre y cuatro hijos, todos de diferentes grupos armados, después de no haberse visto por más de 5 o 6 años. Fue una experiencia hermosa”.
Carlos también ha hecho parte de esos mecanismos de reconciliación y socialización. Mientras hacía las obras psicosociales que le exige la ACR, se convirtió en amigo de quien hace unos años era su principal objetivo militar. “Yo trabajé en un hogar de abuelos y allá llegan de todos los grupos armados. Ahí me tocó hablarme con un paramilitar, el primero que yo vi por fuera de la selva. En esos días compartimos mucho sin importar que él fuera paramilitar y yo de las Farc, hasta íbamos a la cafetería juntos”.
En las aulas ha encontrado el sitio perfecto para aprender y sentir alegría, aquella que estuvo ausente durante los años de combate. Ahora, él es uno de los pocos integrantes que aún hacen parte del modelo que se desarrolla en Bogotá y en otras partes del país.
¿Qué causó esta disminución? Para muchos estudiantes el hecho de asistir a las clases es más una obligación que un acto de voluntad, porque parte del acuerdo es que ellos cumplan una ruta educativa con el fin de recibir un beneficio económico. Sin embargo, el dinero que les prometieron se redujo de $800.000 a menos de $200.000 mensualmente.
En la actualidad, quien se comprometa a estudiar gana $130.000 cada mes, una suma insuficiente para los desmovilizados. “Ellos decían “¿profe, quién subsiste con esa plata?”, o trabajamos o estudiamos. Entonces la mayoría se retiró y decidió trabajar”, comenta Marisol.
Otra factor que causó la deserción fue la poca aceptación frente a las cartillas creadas por la Fundación Alberto Merani durante la fase de diseño del modelo. La docente Olga recuerda que a muchos de sus estudiantes les parecían ridículas porque no se aplicaban a sus necesidades, eran demasiado elementales.
“Lo que sucede con las cartillas es que vienen por módulos y empiezan por lo básico. Para ellos no funcionaban, pero sí influían porque tienen operaciones muy básicas que hacen que ellos piensen y reaccionen, porque la idea es que se enfoquen en construir un nuevo un proyecto de vida. Lo poco que se les da es lo básico para que inicien de nuevo” comenta Diana Ávila, otra docente que aún continúa dictando clases en el Colegio Los Alpes.
La disminución de estudiantes de este modelo en Bogotá también se debe a la reducción de población desertora. Mientras que en el tiempo de estructuración y diseño del modelo (2008-2013) los desmovilizados fueron 10.150, en los últimos dos años la cifra de desertores que se acogieron a la ruta de reintegración no supera los 1.500.
Muchos de los que iniciaron la etapa de implementación del programa ya se graduaron, desertaron o emprendieron un nuevo proyecto de vida. “Otros decidieron irse porque sus familias estaban en otros sitios, y querían trabajar con ellos para mejorar su calidad de vida”, comenta Maria Elvira.
A pesar de que hoy casi no quedan estudiantes desertores, la ACR planea continuar fortaleciendo el proceso de reintegración que le ofrece a los desmovilizados. Según Maria Elvira, han existido muy buenos resultados que los motivan a seguir trabajando para demostrarle a Colombia que cuando le dan la oportunidad a un desmovilizado, se disminuyen los niveles de violencia.
La idea es que este modelo se convierta en un referente para el posconflicto, pues dado el caso que la renegociación resulte exitosa, más de 7.000 militantes de las Farc dejarían las armas y se reintegrarían a la vida civil.
Mientras eso sucede, Carlos continuará cursando grado once con la ilusión de poder terminar el bachillerato en diciembre de este año. “A pesar de los años que yo tengo, aun me falta mucho por hacer, porque mi proyecto es estudiar”. Quiere ser ingeniero de sistemas y el mejor ejemplo para sus dos pequeños hijos, quienes ahora cuentan con la compañía de un padre que estuvo ausente por mucho tiempo, pero que regresó con toda la intención de reincorporarse a la vida civil y empezar una nueva vida en libertad.
