La conciencia juzga, escoge, mueve y permite comprender el sentido de las luchas, las resistencias, los compromisos con los derechos, con el respeto a los otros y con el cumplimiento responsable ante la sociedad por cada actitud tomada o acción ejecutada. Conciencia es el calificativo de la apoteósica movilización universitaria del 10 de octubre de 2018, que luego de haber llenado las plazas principales de las ciudades capitales e intermedias en todo el país tendrá que cobrar cara su victoria. La toma de Bogotá en defensa de la universidad pública, desfinanciada y puesta en riesgo por la inequitativa distribución de los recursos del Estado y la intromisión de la clase política en la toma de decisiones, señaló el rumbo de la lucha universitaria renovada y dispuesta a impedir que las universidades públicas dejen de existir. La movilización redescubrió que no se necesita ser estudiante, profesor o trabajador de la universidad para entender que mientras el pueblo sea mantenido en la ignorancia las élites tendrán asegurado su presente y su futuro y los sectores populares su desgracia.
Los datos indican que el 60% de los estudiantes de las universidades públicas pertenecen a los sectores populares, que reciben ingresos familiares menores a dos salarios mínimos al mes (aproximadamente 500 dólares) y el 70% del profesorado tiene contratos precarios inferiores a 10 meses y sometidos a rigurosos controles a sus actividades y sus actuaciones para ser contratados otra vez. La nación colombiana permanece atada a los compromisos del pacto social vigente, paga impuestos onerosos cumplidamente, acata las leyes, responde a las convocatorias a elecciones, pero el Estado distribuye mal, privilegia asuntos como la guerra y el pago de intereses de la deuda contraída con organismos y banca multilateral que se quedan con cerca de la mitad del presupuesto nacional en detrimento de derechos como salud, trabajo, agua, alimento y educación y esas mismas élites que mal distribuyen despojan en corrupción de 40 billones y exoneran empresas transnacionales por más de 10 billones. Montos que si no fueran saqueados y se diera una mejor distribución estatal no tendrían en problemas y carencias a nadie, y Colombia sería el país rico y en paz que todos sus habitantes anhelan
Está en riesgo el sistema universitario público compuesto hasta hoy por 32 universidades públicas, 28 instituciones técnicas y tecnológicas, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), cuyo sostenimiento depende de los recursos de la nación y de su autonomía y libertades de investigación y cátedra. La causa inmediata del riesgo es la desfinanciación con origen en los incumplimientos del Estado para asignar los presupuestos adecuados para el funcionamiento e inversión acordes al crecimiento desbordado pero necesario sin garantías. Por tratarse de una situación de riesgo que pesa sobre un derecho conquistado en luchas anteriores, corresponde al Estado poner las soluciones inmediatas, como lo ha hecho en otras ocasiones, incluso por fuera de sus obligaciones, salvando de las crisis a bancos o exportadores.
Al partido de gobierno (C.D) que controla la presidencia y el Congreso le corresponde atender el momento de crisis, aunque su talante “retrógrado, sectario, divisionista y destructivo” (Cecilia Orozco Tascón, elespectador.com 10/10/2018) provoque desesperanza, sobre todo porque con arrogancia dictatorial, el presidente del Senado muy molesto en su primer acercamiento con los manifestantes mandó a callar a la representante estudiantil que explicaba la crisis en el senado y con desprecio concedió “30 segundos para que acabe niña”. Por otro lado, el presidente del gobierno con indiferencia adujo que “tenemos el presupuesto más alto que se haya visto”. La señal es que a los dos no les importan los estudiantes, ni la crisis de las universidades públicas que solo reciben el 10% del total de los recursos asignados a la educación (de los que habla el presidente), y estos incluyen una alta suma transferida al sector privado con programas como Ser Pilo Paga, que además se beneficia de la capacidad de los mejores estudiantes provenientes de los sectores populares, que en la universidad pública se formarían con recursos públicos 5 o más veces por debajo de lo que le cuesta al país formarlos en la universidad privada, que los reclama suyos.
Las plazas llenas, sin el menor asomo de violencia, con una forma organizativa renovada, creativa y convencida de la necesidad de que la universidad es un bien público innegociable y la educación un derecho irrenunciable, le notificaron al poder hegemónico, que hay inconformidad y total disposición a mantener de manera indefinida, hasta cobrar cara su victoria en las calles, para materializar mediante la justa lucha el derecho que tienen los hijos de los sectores populares a asistir a la universidad pública y contribuir con conocimiento, ciencia y cultura a forjar la riqueza y el bienestar de la nación que aspira a vivir en paz, alejada de la guerra y las humillaciones a las que son sometidos los pueblos que sobreviven en la ignorancia y el olvido.
Las movilizaciones de hace 100 años en Córdoba y hace 50 en París y México le sirven de referencia a los jóvenes entrados en rebeldía y a la sociedad que comprende la magnitud y significado de este momento de protesta, para interconectar luchas transversales contra las técnicas del poder hegemónico, al que no le interesa nada distinto a lo que resulte benéfico para los suyos y sus negocios particulares a costa del sacrificio de la nación entera. Queda claro en la conciencia que la educación produce riqueza y la ignorancia destrucción, razón por la que las elites aparezcan ajenas, indolentes.
La movilización tiene a los estudiantes en la vanguardia. Ellos tienen la palabra y control de la hoja de ruta y también la posibilidad en sus propios campus de hacer demostraciones de su capacidad para autogobernarse allí donde sus autoridades, por incapacidad o indiferencia producen desgobierno. El profesorado, trabajadores, organizaciones sociales, indígenas, campesinos e incluso buena parte de directivos acompañan esta lucha acompañan la justa lucha con la claridad de que es ahora o nunca que las universidades se salvan o empiezan su agónica muerte, como lo demostraron con estudios, informes y solicitudes en la Cámara de Representantes el día 10, que coincidiendo en ratificar que “sí hay dinero disponible” para superar el riesgo. Los 500.000 millones ofrecidos por el gobierno no solucionan nada y la manera de distribución envía un mensaje de indiferencia al indicar que 55.000 millones irán a la base presupuestal (promedio cercano a 1000 millones para universidad de entre 20 y 30.000 estudiantes) y 223.000 millones para inversión cuando la deuda histórica supera 15 billones. La suma ofrecida no responde a las demandas y se puede interpretar más bien como una pieza táctica del engranaje de falsedades y engaños para debilitar, dividir y crear fisuras en la unidad de lucha.
Quedó al descubierto que sí existen recursos ordinarios disponibles y no apropiarlos viola la ley. Se dijo por ejemplo que la reforma tributaria ya contempló estos recursos, pero además que hay otras fuentes posibles como los recaudos adicionales por aumento en los precios del petróleo que por cada dólar dejan 350.000 millones. En síntesis, como muchos dijeron, no se necesita ser estudiante, docente o trabajador de la universidad para entender que la educación produce más riqueza y bienestar que la ignorancia, y que no falta presupuesto sino que sobran ladrones incrustados en el poder hegemónico.
