Con agudeza crítica, Maria Isabel Rueda escribió en su última columna del diario El Tiempo, lo que 14 millones de colombianos, el 69 % de los sufragantes, expresaron en las urnas durante la primera vuelta presidencial, el voto protesta contra el sistema y el establecimiento. Y para entender el contexto, sugiero leer a Simon Springer, profesor de la Universidad de Victoria(Canadá), autor de varios libros, entre ellos The anarchist roots of geography (University of Minnesota, Press, 2016), La geografía de las raíces anarquistas, en el que nos ofrece un análisis diferente de esta era de perplejidad, dominada por un neoliberalismo fracasado, una izquierda hambrienta y un anarquismo creciente.
México, Chile, Argentina, Perú, Honduras, ahora Brazil y Colombia, países que representan casi el 90 % del PIB de Latinoamérica, están en la ruta del voto antisistema y antiestablecimiento, lo que no puede leerse como una conquista determinante de una ideología radical específica, pero sí activa las alertas de terreno que se abona para caudillos que se proyectan sigilosamente con ínfulas dictatoriales. Descifrar el sentimiento de frustración del votante en época de contradicciones y profunda polarización, es tarea compleja, más aún cuando las redes y las fake news dominan la comunicación, y el populismo demagógico manipula la mente, el corazón y el placer de jóvenes, ingénuos, ignorantes y súbditos serviles de las maquinarías.
En México por ejemplo, Manuel López Obrador fue elegido, como esperanza de cambio y consecuencia del fracaso constante de una maquinaria política tradicional corrupta e ineficiente enquistada en el poder, que en 50 años no ha logrado conjurar la violencia, el narcotráfico y la criminalidad. En Chile, Boric llega al poder en medio de intensas protestas y crisis contínuas contra un gobierno desgastado y desprestigiado por la corrupción, odebrecht y el mal manejo de las medidas económicas y sociales, escenario casi calcado a lo que hemos vivido en nuestro país. Y en Colombia, por primera vez, en la historia reciente de nuestra democracia, el voto antisistema y antiestablecimiento derrota el statu quo, representado en la supremacía política de la élite tradicional, estamos entonces en un sensible momento, idéntico a la Venezuela hace 20 años.
Es tozudo no reconocer que la Política de Seguridad Democrática, salvó a Colombia de las Farc y el ELN en su intención de tomarse el poder a través de las armas, porque el Caguán fortaleció como nunca a los grupos guerrilleros, las evidencias del computador de Raúl Reyes lo demostraron. Es tozudo no reconocer, que gracias a la Política de Seguridad Democrática las Farc se vieron forzadas a negociar, cuando afrontaban el mayor fracaso en sus 50 años de lucha sanguinaria; e independientemente de los privilegios y ventajas que obtuvieron las Farc, ahora Los Comunes, en el acuerdo de La Habana, es también tozudo, no reconocer que 2011 en plena cosecha de éxitos acumulados de la Seguridad Democrática, era el momento preciso para forzarlos a desarmarse y reintegrarse a la vida civil, lo mismo que debió haber ocurrido con el ELN cuando estuvo ad portas de su extinción como consecuencia, también de la Política de Seguridad Democrática a comienzos de siglo.
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Las garantías son inciertas, y aumenta el escepticismo, cuando se pronostica manipulación evidente del informe final de la Comisión de la Verdad que será hoja de ruta del próximo gobierno
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Las garantías son inciertas, y aumenta el escepticismo, cuando se pronostica manipulación evidente del informe final de la Comisión de la Verdad que será divulgado a finales del presente mes y que seguramente será hoja de ruta del próximo gobierno. Este informe sugiere una reforma profunda a la Policía Nacional y a las FFMM, atribuye la responsabilidad mayor del conflicto al Estado, y se atornilla además la tesis, de que el recrudecimiento de la violencia es consecuencia del fracaso de las polìticas de seguridad. Así lo dejó entrever con su opinión a El Espectador y a la revista Cambio el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, y lo corroboró hace un mes, el excomisionado mayor (r) del Ejército, Carlos Ospina, quien renuncia por desacuerdo con las conclusiones plasmadas en el informe final, el que calificó de sesgado.
El voto antisistema y antiestablecimiento expresado en las urnas, no es un rechazo a los esfuerzos que en décadas se han hecho en materia de seguridad, por lo que, el próximo gobernante, no tiene otro camino que privilegiar la seguridad con enfoque multidimensional como política de estado, de no ser asi, el volcán hará pronta erupción, en un país atípico, un hervidero constante como el nuestro, Chile lo está viviendo. La seguridad es valor supremo innegociable y mandatorio en tiempos de constante y creciente amenaza antidemocrática que acecha a Latinoamérica.
¿Es sensato y honesto el cambio que nos proponen? Realmente no existen garantías, el panorama es borroso, la campaña electoral ha sido denigrante, se olfatea improvisación, venganza, resentimiento y deseo de hacer trizas la seguridad, tampoco es clara la estrategia en asuntos de justicia, anticorrupción y lucha contra la impunidad, más allá de la retórica proselitista. Los programas de gobierno en contienda no solucionan problemas acumulados de gobernanza, recursos e integración técnica y operativa para salir del coma que por décadas han padecido la Política Criminal y la Política de Seguridad Pública, dos hermanas que no logran sintonizarse. Pretender modificar diametralmente la doctrina de seguridad y defensa, es señal de preocupación, se siente el tufillo del libreto del Foro de Sao Pablo, pone en alto riesgo la nación y será el inicio de una desinstitucionalización que puede colocarnos en el filo del abismo. Colombia es la pieza del rompecabezas que ha sido esquiva en la región.
La manipulación política de la seguridad humana (ONU), como estrategia de gobierno para superar la violencia y la criminalidad, es populismo y demagogia; ofrecer perdón social, amnistía e indulto total a los violentos para salir de este círculo inerminable y agobiante, produce incertidumbre, inseguridad y desigualdad jurídica como ya lo ha vivido el país, y demanda primero de la aceptación y de un gran acuerdo nacional con las víctimas, todas las víctimas. Y ofrecer garantías de acabar con la corrupción y la impunidad en 4 años, es manipulación del elector, consabido el límite de maniobra, que requiere un esfuerzo inquebrantable a largo plazo para descontaminar al sector público y privado de prácticas corruptas, y esto no va a pasar, cuando constatamos unas campañas con alfiles inescrupulosos, desprestigiados y cuestionados, unido a serias investigaciones por corrupción que afrontan los candidatos.
Prevemos en el próximo gobernante, cualquiera que resultare electo, un liderazgo autocrático, con rasgos de soberbia visceral y propuestas absolutistas para hacer la paz, y efímeras para acabar con la corrupción y la impunidad, y donde la seguridad no está en la agenda. Guatemala es paradigma de las graves consecuencias que ha arrojado para el país la instauración de mecanismos como la Comisión de Lucha Contra La Impunidad, que fue absorbida y manipulada con evidente sesgo ideológico; similar comisión anunció el Pacto Histórico para Colombia con iguales protagonistas, lo que ahondaría la indignación y nos adentraría en un nuevo y desafortunado capítulo de confrontación, quizá peor al que afrontamos con la puesta en marcha de la JEP y la Comisión de la Verdad.
LPNSN: No es bueno para el país la ausencia total de políticas y programas del próximo gobernante, en el combate al comercio ilícito y al contrabando.
