En el país y el exterior se conocieron las cartas de Timochenko al secretario general de la ONU, al presidente Santos y a la fiscal de la Corte Penal Internacional, las cuales revelan la alarma de su partido en los temas inmediatos de la implementación de los Acuerdos de La Habana. La incorporación legal de los textos acordados se convirtió en un auténtico calvario.
Desde un comienzo señalábamos la negligencia del gobierno en lo que hacía relación a los proyectos de reformas constitucionales y legales que se requerían para que los Acuerdos se transformaran en normas jurídicas. Pasaban las semanas y los meses sin que fueran radicados en las cámaras, como si el tiempo para hacerlo fuera eterno.
Según se pactó en La Habana, los textos a presentar serían elaborados por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación, CSIVI, con el propósito de que ambas partes coincidieran en que lo propuesto se correspondía plenamente con los Acuerdos firmados. Pese a ello el gobierno comenzó a apartarse cada vez más de lo consensuado.
Nuestras protestas se hicieron cada vez más frecuentes. En el cónclave de Cartagena, en marzo de este año, el gobierno insistió en que si bien era cierto que el Acuerdo sobre el Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición era un hecho, veía necesario contar con la aquiescencia del señor fiscal general para evitar choques posteriores.
Las reformas a la Constitución y las leyes serían más ágiles y efectivas con su visto bueno. Estaba además pendiente el tema de las garantías a la vida e integridad de los excombatientes y líderes sociales y populares, para lo cual había que crear la unidad especial de investigación de los crímenes del paramilitarismo, la cual era mejor armonizar con la Fiscalía.
En adelante todo se hizo más complejo, una renegociación a la brava. La terquedad del fiscal comenzó a jugar su nefasto papel con objeto de impedir el buen curso de los proyectos en el Congreso. Hasta el día de hoy no se ha podido poner en marcha la unidad especial mencionada. Y tanto el país como la comunidad internacional son testigos de los problemas con la JEP.
. Hasta el día de hoy no se ha podido poner en marcha
la unidad especial de investigación de los crímenes del paramilitarismo.
Y el país y la comunidad internacional son testigos de los problemas con la JEP
Con los días se hizo evidente otra gran dificultad, o el señor fiscal contaba con enorme influencia política en el parlamento, o a la sombra de su cerrada oposición rayana en sabotaje empezaron a emerger con más libertad voces en Senado y Cámara, cuyo objetivo declarado no era otro que impedir la implementación de lo acordado en La Habana.
Así ya no fueron solo los señores del uribismo, enemigos acérrimos de la paz del país, opuestos desde un principio a la solución política, y obsesionados por regresar a los días de la guerra, sino que congresistas de otras corrientes políticas, incluso de la propia U, se fueron tornando en nuevos palos en la rueda de la implementación. Comenzó a hablarse con fuerza de la mermelada.
Al parecer los votos en las dos cámaras empezaron a tener precio en prebendas por parte del gobierno. Y el paso del tiempo, que aproximaba cada día más las campañas políticas al Congreso y la Presidencia, fue minando a su vez el apoyo legislativo a los proyectos del ejecutivo. A todo eso nos hemos tenido que enfrentar los defensores de la solución política y la paz.
Hasta aquí podríamos hablar de negligencia del gobierno, mala leche del señor fiscal e intereses electorales y ambiciones personales en el Congreso. Un coctel peligroso, pero al fin nada nuevo en el país que nos tocó vivir. Lo novedoso que viene a sumarse la embestida contra los Acuerdos es la posición de la Corte Constitucional, que decide mutilarlos por cuenta propia.
Lo novedoso que viene a sumarse a la embestida contra los Acuerdos
es la posición de la Corte Constitucional,
que decide mutilarlos por cuenta propia
Pasando incluso por encima de su propio fallo de unas semanas atrás, según el cual las tres ramas del poder público tenían la obligación de respetar lo pactado en La Habana. Dadas así las cosas, el nuevo partido político nacido de las conversaciones de paz, aun siendo pequeño y apenas cargado de esperanza, es compelido a enfrentar a todo el Establecimiento unido para aniquilarlo.
Y comienza a hacerlo con vitalidad sorprendente. Las cartas enviadas la semana pasada por el presidente del partido, demuestran que la Farc no va a rendirse como piensan sus adversarios. No habrá instancia a la que no se recurra para garantizar el cumplimiento de lo pactado. El Consejo de Seguridad de la ONU, la CPI, la Corte Interamericana, Suiza, países garantes, etc.
Y se buscará movilizar al país que sueña con la paz. En un proceso de ascenso, sin violencias, recurriendo tan solo a la palabra. No es una clase social la que dirige a Colombia, es una clase de gente, falsa, tramposa, ambiciosa, cínica. Merecemos una gente distinta, sincera, honesta, ajena a la componenda, gente del común. Estamos dispuestos a hallarla.
