La 'Consulta Anticorrupción’ no dio el mensaje nuevo que buscan interpretar, puesto que el rechazo a la ‘corrupción’ ha sido la marca de estos años y nadie esperaba votos a favor de ella. Que no haya alcanzado el umbral tampoco permite deducir nada, puesto que la apatía electoral lo que refleja es la falta de credibilidad en las instituciones, y, tal como se vio, por mucha movilización que se haya logrado, la inmensa mayoría de los ciudadanos (70 %) no creyeron que ese voto fuera a cambiar algo.
Lo que sí dejó es la pregunta de ¿Cómo debemos o podemos combatir el fenómeno que llamamos ‘corrupción’?
Y lo que puede ser la respuesta es que estemos mal enfocados al asumir que el problema es la existencia de los corruptos como si en Colombia esto fuera un fenómeno de generación espontánea. Como el cuento del bobo del pueblo que sabía quién había cometido el robo y acabó revelando que ‘los ladrones’, nosotros decimos que la corrupción es culpa de los corruptos.
Entonces las medidas que se toman son: hay que atacar a los corruptos. A eso se dirigieron las preguntas de la consulta, entendiendo por corrupción el saqueo de los recursos públicos a través del abuso del poder político.
De hecho, otras modalidades de actuaciones o no se consideran ‘corrruptas’ o se ven como de una gravedad menor. Un pronunciamiento cuestionable pero debido a otras motivaciones como las del procurador Ordoñez y sus convicciones personales; o por lealtad política como el comunicado del presidente de la Corte Constitucional para dar vida ilegal al Congreso Liberal; o nombramientos en notarías o embajadas para conseguir ‘gobernabilidad’; o el aprovechar el poder para conseguir el préstamo de un elefante para realizar una original boda; esos no pesan porque para el rating de los medios son temas demasiado sofisticados que no dan para escandalizar directamente al grueso público; estudiar las causas de la corrupción es mucho menos vendedor que señalar a quienes ganan dinero ilegalmente.
Causas son: la pobreza, puesto que la falta de opciones de vida lleva a comportamientos extremos que van desde la delincuencia común hasta los movimientos subversivos; nuestro sistema político que hace que las elecciones dependan de la capacidad de conseguir votos según una estructura clientelista, la que a su turno depende de las prebendas que se ofrecen a quienes la mueven: el acceso al poder es un negocio como cualquier otro, en el que según lo que se recibe se debe retribuir; por supuesto se incluye el modelo que supone que el egoísmo individual trae el bienestar colectivo -premisa del capitalismo-; o el sistema de mercado que depura a los ineficientes sin decir qué pasa con ellos -premisa del neoliberalismo-, y da prevalencia a la idea que la competencia cumple una función más importante que la solidaridad; o ‘la puerta giratoria’ que asume que quien es exitoso bajo las reglas y valores del sector privado puede transformarse en administrador de su contraparte como lo es el sector público.
Todos estos aspectos son sujeto de controversias, y, buenos o malos, hoy rigen en el mundo que nos rodea. Para controlar su desborde, al no quererse cambiar en las raíces, se crean leyes y entidades que deben cumplir la función de compensarlo o impedirlo para “reducir la corrupción a sus justas proporciones”-
El nivel de corrupción depende de la eficacia
de la Administración de Justicia,
la cual en la práctica no existe en Colombia
Lo que lleva a que el nivel de corrupción depende de la eficacia de la Administración de Justicia, la cual en la práctica no existe en Colombia. El primer paso para cualquier posibilidad de acabar la corrupción es hacer una gran reforma a la Justicia para que se vuelva operante. No se trata de las relaciones entre las altas cortes o de cuántas de ellas debe haber; ni si deben despojarse del carácter politizado que hoy las caracteriza; lo que se requiere es lograr que se convierta en verdad en una respuesta para el ciudadano que, a falta de ese mecanismo, se rige por la ley de la selva (donde la noción de ‘corrupción’ no existe).
Nos dicen que por eso existe la tutela. Pero la tutela lo que hizo fue consolidar esa inexistencia. Remplazó todos los procesos de las justicias ordinarias (administrativa, civil, penal) relegados en el tiempo por la preferencia y el plazo que tiene; y aunque antes de iniciarse deben pasar todos los trámites ordinarios siempre acaban resolviéndose en la misma jurisdicción de tutela; además ha sustituido lo que pudieran ser simples acciones administrativas, como en el caso de la salud (donde las mismas EPS indican donde y con quien adelantar las diligencias respectivas).
Erradicar las causas de la corrupción no se podrá mientras no se cuente con el instrumento que debe cumplir esa función -la Administración de Justicia-; las medidas disuasivas y/o represivas -como fortalecer la extinción de dominio o el rigor en las modalidades de restricciones a la libertad- son complementarias. Pero mientras las causas que generan y son causales de la multiplicación de la corrupción no se ataquen nuevas modalidades de corruptos y de ‘corrupción’ aparecerán.
